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Cristiana Chamorro denuncia “monstruosidad jurídica” en su contra

Tras casi tres horas en las instalaciones del Ministerio Público, Chamorro urgió la unidad para lograr condiciones electorales justas » con una sola candidatura que pueda derrotar a la dictadura”.

La precandidata a la Presidencia de Nicaragua Cristiana Chamorro denunció que el régimen de Daniel Ortega ejecuta una “monstruosidad jurídica” al señalarla como sospechosa del delito de lavado de dinero durante su gestión al frente de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Este viernes, tras permanecer casis tres horas en las instalaciones del Ministerio Público, en Managua, la segunda cita ante una autoridad pública en menos de 24 horas, dijo se le ha fabricado una investigación “por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses”.

«Yo me voy a defender con la verdad y con todos los argumentos legales que me respaldan, pero, quiero dejar claramente establecido que esta acusación es una monstruosidad jurídica y un asunto político que lesiona gravemente la democracia«, reiteró en un comunicado.

Los señalamientos contra la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro los promueve el Ministerio de Gobernación que afirma haber encontrado «claros indicios de lavado de dinero» mediante el análisis de los estados financieros de la Fundación entre el periodo comprendido entre 2015 y 2019. Como parte de esto la requirió ayer jueves y le dio un plazo de 24 horas para aportar información financiera de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro que fue forzada al cierre en el mes de febrero, por las imposiciones de la Ley de Agentes Extranjeros.

OPORTUNIDAD PARA UNIRSE EN UNA SOLA CANDIDATURA

La exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que es la aspirante presidencial con más simpatía entre los nicaragüenses, dijo que la arremetida en su contra es “una oportunidad para saber que nos tenemos que unir para lograr condiciones electorales justas y una sola candidatura que pueda derrotar a la dictadura”.

La oposición carga con el lastre del fracaso de los esfuerzos de unidad que les permitieran presentarse a las elecciones generales del 7 de noviembre en una sola casilla. El 12 de mayo esa oportunidad se perdió luego que los partidos Ciudadanos por la Libertad y Partido de Restauración Democrática -las casillas de los dos bloques de oposición- no lograran acuerdos.

Ante este escenario, analistas, sociedad civil, y los mismos aspirantes presidenciales consideran que la selección del candidato sea el factor de unidad que permita movilizar el voto que derrotaría a Ortega.

Dado que Cristiana Chamorro es hasta el momento la aspirante con mayor respaldo popular, los señalamientos en su contra son interpretados como una maniobra para impedir que sea designada como la candidata de la unidad que enfrente en las urnas a Daniel Ortega.

“No sé lo que tienen en sus manos y aquí estamos para seguirnos defendiendo. No es contra mi es contra el derecho del pueblo a votar libremente”, dijo al ser consultado sobre esto.

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ES UNA FARSA

Enfatizó que se trata de una farsa y un acto cobarde: «Montar investigaciones amañadas y reprimir es una expresión de la cobardía de Ortega para impedir que salgamos a votar libremente el próximo 7 de noviembre. Dijimos Sí a Nicaragua y no claudicamos«.

Cristiana Chamorro explicó que durante los veinte años de trabajo la Fundación Violeta Barrios de Chamorro enteró de manera transparente la documentación financiera de la misma y recibió de parte de esa institución las constancias de cumplimiento que le permitían operar legalmente.

En un comunicado difundido a su salida del Ministerio Público señaló que con la frente en alto, rechaza las graves acusaciones «de la nefasta dictadura de Ortega por el supuesto delito de lavado de dinero, bienes y activos por parte de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, imputación que rechazo plenamente por ser calumniosas y dirigidas con fines políticos para afectar mi decisión de decirle: Sí a Nicaragua».

Por otro lado, dijo que su citación de la Fiscalía, el segundo allanamiento ilegal a las oficinas de Confidencial, el acoso a los precandidatos y la cancelación de personerías jurídicas, son un ataque directo a la libertad de expresión, a los derechos humanos y a exigir elecciones justas, transparentes y observadas.

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