La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este martes suspender de por vida a la abogada Yonarqui Martínez, quien ha tenido una notable labor como defensora de los presos políticos en Nicaragua. La orden se interpreta como una venganza política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo valiéndose del control absoluto que ejerce sobre el Poder Judicial.
La anulación del titulo profesional de la defensora fue notificada este 9 de mayo en una circular fimada por los magistrados del Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial: Alba Luz Ramos, Marvin Aguilar y Juana Méndez, con el apoyo del secretario Rubén Montenegro. En la sentencia, los magistrados dieron lugar «a los informativos seguidos en contra» de la abogada, pero no ofrecieron detalles sobre los mismos.
«Se sanciona a la licenciada Yonarqui de los Ángeles Martínez García, con suspensión definitiva del ejercicio de las profesiones de Abogado y Notario Público, a partir de la notificación de la presente sentencia», se lee en la resolución.
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Los magistrados orteguistas declararon nulo el título de abogada y notaria pública de Yonarqui Martínez y le dieron un plazo de para entregar el título, los protocolos en los que cartuló o actuó como notario público, así como el sello y carné que la acredita como abogada.
La circular que supuestamente fue enviada el día de hoy a los operadores de justicia del Poder Judicial indica que se fundamentada en la sentencia número 88 dictada por el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial en los expedientes 257-2014 y 469-2014, las que fueron dictadas en Managua el 13 de diciembre del 2022, seis meses antes de hacela pública.
MEDIDA INQUISIDORA
Despacho 505 intentó localizar a la abogada Yonarqui Martínez para conocer su reacción, sin embargo, no fue posible obtener su versión.
Yonarqui Martínez se convierte en la primera víctima de una arbitrariedad de este tipo. Sin embargo, no es la primera agresión que ha recibido a partir de 2018, cuando se asumió como una de las primeras defensoras de presos políticos, incluidos los acusados de terrorismo y otros delitos. La abogada sufrió asedio, persecución y amenazas que la forzaron al exilio.
Ante el riesgo que enfrentó por el ejercicio de su labor la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares extensivas a su familia, en diciembre de 2020, las cuales el Estado de Nicaragua nunca acató.
Sus primeros defendidos fueron los acusados por los hechos ocurridos en las inmediaciones de La P del H, cuando las turbas orteguistas querían invadir un supermercado. Empezó como voluntaria en esa labor el 23 de abril de 2018, sin devengar salario.
PROCESO ANÓMALO Y CARENTE DE VALIDEZ
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más condenó la acción contra Martínez y denunció que el régimen Ortega-Murillo «utiliza al sistema judicial para continuar violentando los derechos humanos de las personas defensoras nicaragüenses».
En la resolución, los magistrados orteguistas no le dan oportunidad a la abogada Yonarqui a que se defienda de la misma, pues no tiene oportunidad de apelarla.
Sin embargo, la CSJ optó por la suspensión definitiva sin abrirle proceso ni notificarle sobre proceso. Lo actuado, dijo el Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más, carece de validez por ser una «decisión eminentemente política sin la motivación ni fundamentos jurídicos que toda resolución exige».
YONARQUI MARTÍNEZ ES VÍCTIMA DE UN CASTIGO POLÍTICO
Abogados allegados a la sancionada explicaron a DESPACHO 505 que Yonarqui Martínez nunca antes fue sancionada y que los magistrados orteguistas, si es que en realidad había una queja contra ella, debieron sancionarla primero tres meses, luego, seis, hasta llegar a la suspensión definitiva.
Para el organismo, la sentencia es nula porque la Corte actúa al margen del derecho y del ordenamiento jurídico constitucional «al someterse a las órdenes partidarias y a la voluntad represiva de la familia Ortega Murillo».
«La referida suspensión es propia de la sistemática persecución y más que una sanción es un castigo contra Yonarqui por su calidad de defensora», anotó el Colectivo en un comunicado en el que también señala que el el castigo se anuncia pocos días después de la abogada se pronunciara públicamente a favor de las decenas de personas víctimas de redadas policiales y acusaciones exprés bajo cargos de delitos considerados traición a la patria.
Martínez denunció las irregularidades de las detenciones policiales ejecutadas el 3 de mayo. Los arrestos fueron seguidos de audiencias exprés en jurisdicciones donde no se habían dado los arrestos, sin abogados defensores de su elección y en horas de la madrugada.
