El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, en su primera conferencia de prensa, ha brindado declaraciones contradictorias sobre la participación de la principal gremial del país en la estructura de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Sostuvo que como sector privado, entendido como el tendido empresarial nicaragüense, continuará respaldando a la organización opositora, pero sobre la representatividad de la cúpula que ahora lidera fue ambiguo: “A corto o mediano plazo ya no las vas estar viendo en la Alianza”.

“Los estatutos de la Alianza Cívica que fueron formulados el año pasado fueron bien claros, prácticamente estas instituciones ya no forman parte”, aseguró Healy. En su debut como presidente del Cosep, Healy sí fue enfático en asegurar que no negociará con el régimen de Daniel Ortega, pese a que algunas cámaras empresariales consideraban necesario buscar un mecanismo de diálogo para resolver algunos problemas que están enfrentando las empresas.

Pero, ¿por qué Healy en su comparecencia señaló que el Cosep “a corto o mediano plazo” saldría de la Alianza? Partiendo de los estatus, la gremial desde el año pasado no forma parte como institución sino que hay representantes del sector privado que lo hacen a título personal, con el respaldo de los respectivos consejos directivos de la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (Amcham), el Cosep, la Unión de Productores Agrícolas de Nicaragua (Upanic) y la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic).

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La ambigüedad de su declaración motivó que los medios de comunicación dieran por hecho que el Cosep ya no formaba parte, cuando en realidad, según fuentes de la Alianza, nunca la ha conformado pues en los estatutos aprobados en mayo pasado no figuran los nombres de estas instituciones. 

ESTATUTOS 

“Es inexacto decir que se salieron porque los estatutos nunca contemplaron que estas organizaciones (como el Cosep) fueran parte de la Alianza”, dijo Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica. Él, José Adán Aguerri, Mario Arana, Álvaro Vargas y Claudia Neira son los representantes del sector privado en la Alianza Cívica. Sus períodos vencen en agosto de 2021.

De hecho, el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri en una declaraciones a Confidencial, el pasado mes de enero, aseguró que el Cosep tiene un voto en la Alianza, y “somos ocho organizaciones, donde se elige por mayoría”.

A Aguerri se le preguntó si el Cosep tenía una hegemonía en esa organización opositora y respondió: “Tendríamos que controlar otros cuatro votos para poder controlar la Alianza. Nuestro voto no solo incluye a Cosep. También a AmCham, y a Upanic que representa al sector rural con Faganic. Toda esa representación empresarial en pleno, tiene un solo voto. El sector campesino tiene otro voto. La sociedad civil tiene su voto, igual que los estudiantes”.

Chamorro explica que la razón por la que no se incluyó el nombre de las organizaciones empresariales como tal en los estatutos, es porque sus personerías jurídicas son de giro gremial y están limitadas a la participación en las organizaciones políticas.

“Se quitó la referencia a las organizaciones para no contradecir la ley de cámaras que las regula, hay que diferenciar el apoyo del sector privado en sí que ha tenido y tendrá la Alianza, pero se deben tomar en cuenta los objetivos, misión, y visión de las organizaciones que tienen un giro particular, te puedo hablar de Funides, es un centro de pensamiento y que por lo tanto debe respetarse su misión y visión”, planteó Chamorro.

El presidente de AmCham, Mario Arana, fue enfático al decir que el Cosep no se está saliendo de la Alianza porque no ha estado dentro. “Estamos representantes del sector privado, pero no como cámaras, estamos a título individual”, respondió a Despacho 505.

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Por su parte, el exmiembro de la Alianza Cívica, José Pallais, dijo que el Cosep sí estuvo dentro de la Alianza hasta antes de las reformas de los estatutos del año pasado. “No se habló de instituciones específicas, sino de la representación de los sectores, fue una cambio de nominación pero que tenía a los presidentes de los principales sectores empresariales”, agregó. 

Al respecto, Juan Sebastián Chamorro expone que se debe ser cuidadoso porque “si vamos a hablar de institucionalidad en este país, tenemos que respetar la institucionalidad de las gremiales”, reiterando en que los estatutos de estas les impiden que se involucren en organizaciones políticas. 

ACERCARSE A LA DICTADURA ES UN SIN SENTIDO

Michael Healy señaló ayer que declaraciones pasadas en las que  dejaba entrever la posibilidad de una negociación con el régimen de Daniel Ortega “fueron malinterpretada”. Según el líder gremial, las negociaciones que algunos empresarios puedan entablar con el Gobierno no abarcan asuntos políticos. 

“Nosotros hemos manifestado claramente que mientras haya presos políticos, mientras los derechos ciudadanos no sean devueltos a los nicaragüenses, mientras los exiliados no retornen; mientras no tengamos una reforma electoral para tener elecciones libres y transparentes para el año que viene, nosotros no nos sentamos con el Gobierno. En este tema hemos sido bien enfáticos, como Cosep mientras no se dé solución a esos problemas aquí no va haber ningún diálogo con el Gobierno”, remarcó. 

El presidente del Cosep aclaró que las negociaciones se dan entre empresas con instituciones en el marco de gestiones habituales de funcionamiento. “Las empresas que pertenecen al sector privado formal o informal, tienen que sentarse en el día a día con sus diferentes entidades para pago de impuestos, permisos y otros temas”.

Para Juan Sebastián Chamorro el problema de raíz del país no es económico, sino que se deriva de una crisis sociopolítica. 

“Mientras no haya voluntad política por parte del Gobierno, los problemas económicos no se van a resolver. No tiene sentido acercarse a una dictadura para tratar de abordar temas cuando más bien están recetando cárcel e inventando ingresos a las empresas”, valoró.

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