El Consejo Supremo Electoral (CSE), controlado por Daniel Ortega, modificó el calendario electoral para establecer una campaña de tan solo 39 días, contraviniendo lo establecido en el artículo 86 de la Ley Electoral que establece 75 días, pero que hay detrás de esa modificación, esto es lo que opinan algunos expertos consultados por Despacho 505.
Luciano García, presidente de Hagamos Democracia, considera que la estrategia de Daniel Ortega y Rosario Murillo es evitar a toda costa que los partidos políticos convoquen a manifestaciones populares, porque sienten temor a que se repita el mismo escenario de abril del 2018, por eso “manda a ajustar a la medida (el calendario electoral)”.
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“Ortega no quiere que haya una explosión social parecida a la de abril, no quieren dar chance a que haya manifestaciones que por Ley las tiene que dar”, asegura García.
Otras de las razones, considera que están vinculada al temor que Ortega no aguante el ajetreo de una campaña electoral debido a su edad y a su condición médica.
“Tienen miedo de que Ortega, por su condición de edad no aguante esa campaña”, explicó García.
PARTIDOS SIN RECURSOS
Otro de los expertos en temas electorales consultados, y que pidió el anonimato por temor a ser encarcelado, afirma que Ortega está acomodando los tiempos para limitar el campo de acción de los partidos políticos y sacar ventajas, ya que el dictador desde el gobierno mantiene una campaña sistemática, usando los recursos del Estado.
“Recordemos que Ortega–Murillo quieren esconder sus debilidades, porque se sostienen únicamente con la fuerza de las armas”, opinó el experto.
Otro de los motivos está vinculado a la capacidad económica de los partidos políticos que no cuentan con los recursos económicos para financiar una campaña de varios meses a como estaba planteada.
Este año el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) publicó sus estados financieros en el que revelaba que solo disponía de activos de 3.1 millones de córdobas.
Entre las modificaciones realizadas por el CSE al calendario electoral está la ampliación del periodos de subsanaciones, renuncias, y sustituciones de candidatos hasta el 26 de agosto. Estaba previsto que la campaña electoral arrancaba el 21 de agosto. En las elecciones generales del 2016, la campaña electoral arrancó el 20 de agosto y finalizó el 2 de noviembre.
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Tras las modificaciones en el Calendario Electoral la lista previsional de candidatos a cargos de elección popular se publicarán el próximo 1 de septiembre y la lista definitiva se conocerá hasta el 10 de septiembre, el plazo anterior era el 18 de agosto.
CSE ACTÚA A SU GUSTO Y ANTOJO
El observatorio multidisciplinario Urnas Abierta criticó la forma con la que actúan las autoridades electorales, ya que durante el proceso de inscripción desoyó la demanda de las organizaciones política de ampliar el plazo para la inscripción de alianzas políticas, y esta vez utiliza como excusa a la pandemia del Covid-19.
“Actúa con discrecionalidad en cuanto a las solicitudes que atiende”, explicó una de las fuentes consultada del observatorio Urnas Abierta.
En los considerandos de la resolución para modificar el Calendario Electoral, el CSE señala que los partidos políticos han manifestado su “preocupación con respecto a los efectos y daños producidos” por la pandemia, pero las autoridades no toman medidas para frenar los contagios.
“Para frenar los contagios no solamente es importante disminuir el número de días (de la campaña electoral), sino que exista un protocolo claro de las medidas que se deben de tomar para evitar la propagación de la enfermedad durante las actividades de campañas”, indica el observatorio electoral.
Asimismo consideran que la campaña electoral se desarrollará en condiciones desiguales, ya que el Frente Sandinista (FSLN), se encuentra en “permanente campaña, hay abuso en el uso de recursos públicos con fines partidarios y electorales”.
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Ortega ha eliminado a sus posibles rivales, mantiene bajo arresto a siete aspirantes a la Presidencia a quienes les abrió procesos judiciales por traición a la patria.
También le han quitado la personería jurídica al Partido Conservador (PC), Partido de Restauración Democrática (PRD) y a Ciudadanos por la Libertad (CxL).
