Los sirvientes del dictador aprobaron de un plumazo cuatro leyes con el propósito de seguir favoreciendo los negocios fraudulentos de la familia gobernante.

El pasado martes Ortega ofreció una demostración más del por qué su régimen está calificado por prestigiosas organizaciones internacionales como el más corrupto de Centroamérica; el tercero entre los peores en América Latina, solamente detrás de Venezuela y Haití; y colocado en el tramo de los más corruptos del mundo.

Los sirvientes del dictador aprobaron de un plumazo cuatro leyes con el propósito de seguir favoreciendo los negocios fraudulentos de la familia gobernante. Una demostración más, por si hiciera falta, de que nuestro desventurado país es el único en el mundo o, si acaso, uno de los poquísimos, donde a la corrupción se le otorga estatus legal.

En cualquier país medianamente, más bien, mínimamente civilizado, la corrupción constituye delito. Según el grado de corrupción del país, los tribunales los persiguen con mayor o menor ahínco, pero no dejan de ser delitos. Aquí no. Aquí de la manera más desvergonzada le otorgan jerarquía legal a sus barbaridades. Basta recordar las concesiones convertidas en ley para la represa Tumarín, para los escáner de las aduanas o para el proyecto de canal interoceánico.

¿A qué se refieren estas cuatro leyes?

Crearon cuatro empresas estatales que se ocuparán del negocio del petróleo y combustibles, comenzando por la importación, pasando por el almacenamiento, distribución y la comercialización. Hasta la exploración petrolera incluyeron. De aquí en adelante se conocerán por sus siglas: ENIH, Enigas, Enicom y Eniplanh.

¿Ý por qué lo hicieron?

Recordemos que hace unos meses la administración norteamericana sancionó a la empresa DNP, que concentraba buena parte del negocio de los hidrocarburos. La empresa hasta hace unos años era propiedad del Estado, pero por arte de magia pasó a propiedad privada de la familia gobernante. Las sanciones le abrieron un gran hueco al lucrativo negocio de la mafia en el poder.

Cualquiera se preguntará, ¿y a cuenta de qué, si DNP era propiedad privada, ahora constituyen empresas públicas para hacerse cargo del negocio de los hidrocarburos?

Sencillo. Porque Ortega considera que Nicaragua es su finca y que aquí puede hacer y deshacer lo que se le antoje. Difícilmente habrá otro país donde reine semejante confusión entre los intereses del Estado y los intereses privados de la familia en el poder.

La siguiente pregunta que surge es: Si ya existe Petronic, cuyas atribuciones tienen precisamente las mismas competencias de las nuevas empresas… ¿Para qué las crearon? La respuesta es que Petronic ya está colorada por su vinculación con Albanisa.

¿Qué propósitos persiguen?

Vayamos entonces a lo concreto. Después de leer los textos aprobados por los diputados de Ortega, resultan evidentes los siguientes propósitos:

• El primer propósito es burlar las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano a la empresa DNP. Como esta empresa quedó contaminada, inventan otras, esta vez con el escudo del Estado.

• Las nuevas empresas servirán de mampara para que la familia gobernante siga ordeñando el lucrativo negocio de los combustibles. El control del negocio y el abuso del poder político les permiten imponer precios que superan holgadamente los precios prevalecientes en los demás países centroamericanos. Centenares de millones de dólares se han embolsado en sobreprecios.

• Sobre la empresa que se ocupará de la exploración petrolera recordemos que ya iniciaron el negocio de otorgar concesiones a empresas a cargo de testaferros para que las vayan a negociar a nivel internacional. Pan American, es una de estas empresas.

• En cuarto lugar, y esto es extremadamente peligroso, establecieron la infraestructura legal e institucional para trasladar, soterradamente, la deuda petrolera con Venezuela, que ronda los 4 mil millones de dólares. En un atraco sin parangón se embolsaron aproximadamente los fondos de la cooperación petrolera que fue el pivote clave para construir uno de los grupos económicos más acaudalados del país, forjar alianzas, comprar voluntades y alimentar clientelas políticas.

Cabe recordar que la misma artimaña pretendieron utilizar con el Bancorp el banco de la familia gobernante -también sancionado por la administración norteamericana bajo acusaciones de lavado de dinero-. En esa ocasión aprobaron la ley para vender el banco al Estado, pero las sanciones llegaron antes y no tuvieron más remedio que liquidar el banco.

¿Cómo lo van a hacer?

No es preciso ser adivino para saberlo. En los textos que aprobaron habilitan a las cuatro empresas a establecer alianzas, sociedades y aun establecer nuevas empresas con empresas privadas nacionales o extranjeras.

Es el camino que seguramente seguirán: establecer formas de asociación con empresas encubiertas de la mafia gobernante. A estas alturas del partido, con la protección de los sirvientes de Ortega en la Corte Suprema de Justicia, que volvió en clandestinos los registros públicos, puede usted apostar que ya están creadas e inscritas estas empresas que encubrirán el negocio. De esta manera intentarán escapar de las sanciones y, según sus previsiones, podrán seguir lucrándose del negocio. De paso, hasta podrán quedar formalmente eximidas de pagar de impuestos.

Finalmente, no nos extrañemos que acuerden sociedades con empresas derivadas de Albanisa, bajo formas asociativas que incorporen pasivos y activos, como medio para descargar al Estado porciones de la deuda con Venezuela.

Todo puede esperarse de estos zánganos.

Habrá que ver si las autoridades norteamericanas se tragan el cuento.

Nota: El presente artículo es responsabilidad exclusiva de su autor. La sección Voces es una contribución al debate público sobre temas  que nos afectan como sociedad. Lo planteado en el contenido no representa la visión de Despacho 505 o la de su línea editorial.

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