Un día después de que la presidenta y representante legal de Ciudadanos por la Libertad (CxL) oficializó su refugio en Costa Rica, el partido liberal, que aspiraba a competir con el dictador Daniel Ortega en las generales de noviembre próximo, reaccionó a la cancelación de su personería jurídica por parte del Consejo Supremo Electoral (CSE) y del retiro de la nacionalidad nicaragüense de Monterrey, ejecutado por el Ministerio de Gobernación, informando que interpondrá recursos legales para que se reviertan ambas decisiones.
“Estamos convencidos de que la cancelación de nuestra personalidad jurídica carece de sustento jurídico y fáctico y que fue realizada en violación del debido proceso. Por eso, con la misma vocación cívica que nos ha caracterizado, vamos a interponer todos los recursos legales pertinentes demandando que esta decisión sea revertida”, señala en un comunicado. CxL ha esperado que su presidenta estuviera a salvo para referirse al tema, en una estrategia de silencio confirmada ayer por Monterrey en una entrevista con el canal Teletica de Costa Rica, en el caso de la detención de la aspirante vicepresidencial Berenice Quezada.
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Según CxL, la arbitraria cancelación de la personalidad jurídica de CxL como partido político, así como la cancelación de los documentos de identidad nicaragüense de Monterrey representan un duro golpe a la institucionalidad electoral y a las esperanzas de los nicaragüenses de lograr mediante su voto una transición hacia la democracia.
Pese a ello, el partido asegura que seguirá con su vocación democrática y con el compromiso que asumimos con Nicaragua desde su fundación: “Eso no dependen de una personalidad jurídica porque, como hemos afirmado reiteradamente, éste es un partido de gente, donde miles de nicaragüenses nos hemos encontrado y hemos juntado esfuerzos para contribuir a la construcción de una Nicaragua en libertad, democracia, justicia y paz”.
Ahora CxL ha entrado a una fase en el ámbito político del país, que se ha reconfigurado en los últimos meses con las detenciones y el exilio de los principales líderes de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional y Blanco (UNAB). CxL ha desplazado en protagonismo a las agrupaciones surgidas durante la Rebelión de Abril. En el comunicado, anunció que las bases continuarán organizadas en todo el territorio nacional, “porque después de una amplia consulta con nuestros miembros hemos coincidido en que, aun en los momentos más difíciles, podemos aportar en el esfuerzo nacional para superar la crisis actual”, aunque no precisa cómo lo harán.
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“En estos momentos difíciles, estamos solidarios con nuestra Presidente Nacional, Kitty Monterrey, quien al igual que el partido está siendo objeto de una medida carente de fundamento legal y que lesiona sus derechos ciudadanos. Seguimos solidarios y exigiendo la liberación de todos los presos políticos, en particular de nuestro miembro fundador Pedro Joaquín Chamorro Barrios, quien hoy cumple 47 días encarcelado, y del Miembro del Comité Ejecutivo Nacional Mauricio Díaz Dávila, quien fue apresado hace dos días”, agregó.
El comunicado de CxL hace un guiño a la unidad, sin embargo esta agrupación ha mostrado ser sectaria al hacer de la lucha contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo un tema ideológico, descartando así un acercamiento con agrupaciones progresistas del país, principalmente con la UNAB, compuestas por antiguos aliados de Ortega en la década de los 80.
Esta semana, Luis Fley, quien ocupa la coordinación rotativa de la Coalición Nacional, y que se encuentra exiliado en Costa Rica, no descartó buscar algún tipo de acercamiento con la Alianza Ciudadana por la Libertad, encabezada por el partido CxL. “En las próximas horas yo me comunicaré con mis amigos de la Alianza Ciudadana para que conformemos un solo bloque y no estemos cada quien compitiendo entre nosotros”.
