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    CxL se sentó “a esperar estocada” del régimen

    El partido de Kitty Monterrey defendía su participación en las elecciones para demostrar el fraude, pese a que ya estaba consumado mucho antes de que los nicaragüenses fueran a las urnas el 7 de noviembre. Según analistas, CxL permitió que Ortega encarcelara e inhibiera a sus candidatos al asumir una actitud de silencio y “continuar como si nada”. “La llamada Alianza Cívica y dentro de ella el partido CxL tienen una gran responsabilidad”. 

    CxL defiende ir a las elecciones con los candidatos que "queden y se atrevan". Dos precandidatos presidenciales que se inscribieron en su mecanismo de selección de candidatos (Juan Sebastián Chamorro y Arturo Cruz) están detenidos.

    El partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) se vio así mismo como el “mejor vehículo” para que la oposición participara en las elecciones generales de noviembre próximo, sin embargo, por tres años, Kitty Monterrey y los directivos de CxL impidieron una unidad verdadera al hacer de esta una cuestión ideológica, descartando alianzas con la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) y la Coalición Nacional, por lo que finalmente lograron inscribir la Alianza Ciudadanos por la Libertad, con la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Ahora ha quedado fuera del proceso electoral por decisión de la dictadura de Daniel Ortega. 

    Esta sería la última estocada en contra de CxL. En los últimos meses, Ortega encarceló a tres de sus precandidatos presidenciales e inhibió a su candidata presidencial, aun así CxL se empeñaba en continuar en un proceso cuyos resultados eran predecibles, dicen analistas, pues Ortega se negó a una reforma electoral profunda y mantenía control absoluto sobre el Consejo Supremo Electoral. “Vamos a hacer todo lo posible para aguantar hasta el último momento”, dijo a inicios de julio, Kitty Monterrey, presidenta de CxL.  

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    Para los analista consultados por este medio, CxL “se sentó a esperar las estocadas del régimen”, no solo porque decidió seguir cuando el régimen empezó a encarcelar a los líderes de oposición sino porque “sabía que su personería jurídica no le pertenecía y que en cualquier momento se la podía quitar como al PRD (Partido Restauración Democrática)”. “Quedan fuera proceso porque el régimen quiso, pero CxL estaba decidida a legitimar las elecciones”, agrega la fuente, 

    Un exdiplomático nicaragüense, que por temor a represalias decide hablar bajo anonimato, señala que  la Alianza Cívica y el partido CxL “tienen una gran responsabilidad”. “El encarcelamiento de todos sus precandidatos y ahora la investigación e ilegal inhibición de su candidata a Vicepresidenta son hechos demasiado graves para soslayar, si a eso sumamos la falta de condiciones generales mínimas para una elección democrática, está claro cuál debería ser la decisión respecto a participar o no”, señala.

    CxL defendía su participación bajo cualquier condición, primero, por la necesidad de mantener la personería jurídica; “lo que no es razón suficiente, puesto que nunca y en ningún lugar el reconocimiento legal es requisito para la existencia de un partido, ya que ésta depende de sus miembros y simpatizantes”.

    “Además, Ortega es quien decide a qué partido reconoce o no”, plantea el analista.  Otro argumento apuntaba a demostrar el fraude: “Pero el fraude ya se ha perpetrado, al inhibirse a candidatos, al rechazarse la observación internacional, al nombrarse un CSE totalmente controlado por Ortega, al no cumplirse con ninguna de las condiciones fijadas por la OEA (Organización de Estados Americanos) en su resolución de octubre del año pasado”.

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    En ese sentido, explica que no se necesita demostrar lo que ya es evidente, no sólo para los nicaragüenses sino para toda la comunidad internacional. “Por último se esgrime la esperanza de lograr una montaña de votos y sorprender a la dictadura, pero sin candidatos atractivos, sin libertad de movilización y de organización, sin financiamiento, y con un sistema electoral lleno de trampas, es muy difícil lograr esa montaña de votos”, analiza. 

    De hecho, la UNAB manifestó recientemente que no reconocía como legítimas ni legales las elecciones generales de este año en Nicaragua. Por tanto, tampoco reconocerá sus resultados el 7 de noviembre. La organización opositora, cuyos principales dirigentes están detenidos, considera que Ortega ha incumplido los compromisos internacionales y las recomendaciones que hizo la OEA, por tanto, “no cumplen con los estándares internacionalmente aceptados en materia electoral”.

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    “La Unidad Nacional y el conjunto de organizaciones políticas, sociales, gremiales y territoriales que la conforman no reconocen como legítimo ni legal el proceso electoral que culminará en las votaciones del próximo 7 de noviembre del 2021. En consecuencia, no se reconocen como legítimos ni legales sus resultados”, indicaron en un comunicado.

    SOLIDARIDAD DE LA ALIANZA CÍVICA 

    La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia emitió un comunicado en el que expresó su total solidaridad con el CxL y su presidenta nacional Kitty Monterrey a quien se canceló la cédula de identidad nicaragüense. “Este es un nuevo golpe para el partido que lidera Kitty Monterrey; puesto que se ha privado de la libertad a sus aspirantes presidenciales. También, se ha encarcelado a tres de nuestros integrantes y voceros de la Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL); sumado a la inhibición de la candidata a la vicepresidencia”, dijo.

    Tras conocerse la cancelación de la personería jurídica de CxL, Óscar Sobalvarro, candidato a la Presidencia, dijo que  la dictadura le “tuvo miedo, (pero) les dimos la batalla, tuvieron que pagar el costo de eliminarnos de la contienda electoral que les íbamos a ganar”. “Los Ciudadanos por la Libertad saldremos triunfadores de esta y de todas las que vengan, porque nuestro compromiso con una Nicaragua en paz, libertad y democracia no puede ser cancelada”, añadió en su cuenta oficial de Twitter.

    Al respecto, los analistas consideran que las denuncias introducidas por el PLC ante el CSE, solicitando excluir a CxL de la contienda electoral, indican que finalmente fue la misma dictadura la que se encargó de dilucidar si CxL podía participar o no. 

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