Al día de hoy se cuentan en Nicaragua 63 femicidios, el mismo número de todo el 2019. Pero para las defensoras de los derechos humanos de las mujeres esa cifra, ya de por sí alarmante, puede ser mayor debido a la violencia machista que sufren campesinas de zonas remotas del país, principalmente en el Norte y Caribe de Nicaragua, y que no es denunciada porque carecen de instituciones y medios para hacerlo.

Yamileth Torres, miembro de la Red de Mujeres del Norte, ha lanzado la alerta. “Llamamos a las autoridades a que detengan la ola de femicidios. En las montañas, en las comunidades, suceden otros casos que no salen a luz. Hay falta de información porque no existen juzgados ni Policía. Llamamos al Estado a que tome medidas”, ha dicho la mujer cuyo movimiento trabaja desde hace 20 en zona remotas del Septentrión. 

Este domingo se registró otro crimen en Matagalpa. Este departamento, después de Managua, es el segundo con mayor casos de femicidios en el país. “Urgimos que se declare estado de alerta en Nicaragua para que haya medidas necesarias y así las mujeres no sigan muriendo”. Las mujeres ya no saben adónde acudir para obtener una respuesta ni qué más decir. A los 60 casos de septiembre se le suman tres de este octubre.

Sus intervenciones, cada vez que se les consulta por un caso de femicidio o el problema en general, suelen centrarse en el mismo punto: Que el Estado aplique la Ley integral contra la violencia hacias las mujeres (Ley 779), que se diseñe una campaña de prevención que involucre a empresas, barrios, escuelas y universidades, y que la Policía y demás instituciones se sensibilicen y escuchen a las mujeres cuando se acercan a denunciar.  

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“Estamos en indefensión, no podemos salir, hay mucho peligro en la calle, y la Policía no está funcionando. Que cumpla con su trabajo, que cumpla con la Ley 779, que vea a la violencia contra las mujeres como un delito grave. No queremos seguir sumando, no queremos seguir diciendo que se detenga el femicida, la cadena perpetua no es el fin, el fin no es que la mujer muera, el fin es que se detengan las muertes”, dice Torres desde un mensaje vía WhatsApp enviado a DESPACHO 505

Las mujeres de esa zona del país cuestionan que el régimen de Daniel Ortega proponga como solución a la ola de femicidios la imposición de la pena de cadena perpetua. Para ellas, la principal medida es la prevención, y en eso también instan a la sociedad en general. “Llamamos a la sociedad, para que trabajen conjuntamente”, añade la defensora. 

“La cadena  perpetua es una respuesta punitiva a un problema social, las cárceles no resuelven esta situación, se necesitan instituciones y funcionarios sensibilizados atendiendo la violencia antes, no hasta que se comenten los femicidios. No es la cárcel que transformará la cultura machista y patriarcal”, dice por su parte Nancy Mora, de la Red de Mujeres del Norte Ana Lucila.

Ella expone que la situación que viven las mujeres en la región Norte  del país es de alerta, y más alarmante es que el Estado se muestre indolente ante el incremento de los femicidios. “Me parece más alarmante la falta de respuesta del Estado”, señala.

La organización en la que trabaja documenta día a día que no hay respuesta inmediata a las denuncias de las mujeres, quienes a pesar de vivir lejos de  las estaciones policiales deciden hacer largos recorridos para terminar  con la violencia de género que sufren. Al llegar, dicen, los oficiales no las atienden y en el peor de los casos las mandan a mediar con sus agresores. 

“No queremos solo una institución que responda hasta que la mujer muere, necesitan respuestas urgentes. Hemos exigido a las instituciones que asuman su papel de funcionarios públicos. Que no les diga: “Vuelva mañana”. No esperen que las mujeres sean asesinadas”, expresó Mora. Tampoco que engaveten las denuncias.

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Según las defensoras, esta situación se daba mucho antes de la crisis sociopolítica que estalló en abril de 2018, sin embargo se ha agravado debido a que los espacios para que las mujeres acudan se han cerrado y no hay acceso a la justicia. Maryce Mejía, de la Red de Mujeres Contra la Violencia cuestiona que el régimen oriente a la Policía a perseguir a los opositores en vez de proteger la vida de las mujeres. 

“No hay respuesta del Estado a esta problemática, la vida de las niñas no es importante en Nicaragua. Vemos que si hay una actividad de la oposición, ahí está la Policía, pero deja indefensa a las mujeres. La violencia contra las mujeres no es prioridad para la Policia”, denuncia la defensora.

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