Los fiscales generales de 20 estados de Estados Unidos, gobernados por los republicanos, presentaron una demanda contra el programa “parole humanitario” del gobierno de Joe Biden que concede 30.000 autorizaciones de viaje cada mes a migrantes de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Haití.
El Tribunal Federal del Distrito Sur de Texas fijó la audiencia para escuchar la demanda para el próximo 25 de abril. Hasta entonces, el programa seguiría en pleno funcionamiento si no se presenta una moción de emergencia.
La demanda busca que un juez federal bloquee el programa que permite a migrantes de estas cuatro nacionalidades residir y trabajar en Estados Unidos durante dos años si cuentan con un patrocinador para realizar el viaje.
La demanda está dirigida contra el Departamento de Seguridad Nacional y su titular, Alejandro Mayorkas; y contra las agencias encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular el flujo migratorio.
“Se esperaba una demanda, pero es irónico porque la queja es que la frontera está fuera de control, y este es un buen programa que podría resolver la crisis en la frontera de una manera más efectiva”, dijo a Telemundo el abogado Joseph A. Malouf.
Durante la audiencia, el juez tiene que, esencialmente, estudiar el caso, encontrar si hay o no razones humanitarias y determinar si es un programa para el beneficio público.
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“Razones humanitarias creo que las hay en este caso. Sabemos que esa es la razón principal. Y yo creo que también es de beneficio público, comparado con la entrada de personas de manera ilegal en la frontera”, explicó Malouf.
Ahora, los expertos legales recomiendan paciencia y estar alertas. Continuar, sin pausa, pero también sin prisa, las maneras de hacer las solicitudes a través de este programa.
La Embajada de Estados Unidos ha confirmado que los primeros nicaragüenses ya han viajado a través del parole humanitario y este jueves 26 de enero habrá un Facebook Live para aclarar dudas sobre el proceso.
EL IMPACTO DEL PROGRAMA
La llegada irregular a Estados Unidos de nicaragüenses, cubanos y haitianos descendió en enero un 97% respecto a diciembre, periodo en el que comenzó a implementarse una política que permite expulsar directamente a México a los nacionales de esos tres países.
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El Departamento de Seguridad Nacional publicó este miércoles esos datos preliminares de enero, que recogen solo el número de migrantes detenidos al cruzar la frontera y no aquellos que logran entrar a territorio estadounidense sin ser detectados por las autoridades.
Para calcular ese descenso del 97%, las fuentes compararon los datos de la semana del 11 de diciembre del año pasado, cuando cada día se registró una medida de 3.367 detenciones, con otros siete días de enero, en los que hubo 115 arrestos por jornada.
