Los despidos masivos en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), han paralizado centenares de actos procesales en los diferentes juzgados del país, lo que ha provocado inconformidad en los usuarios, abogados y familiares de presos que están siendo procesados por diferentes delitos.
«Con esta crisis que atraviesa el Poder Judicial, producto de la gigantesca ola de despidos, los que estamos pagando los platos rotos somos los usuarios y familiares de presos, ya que tenemos que perder tiempo y dinero para ir a los juzgados, únicamente a escuchar que los procesos se encuentran suspendidos», explicó la hermana de un hombre que se encuentra detenido el Distrito III de Managua.
Fuentes judiciales revelaron que los actos procesales se han paralizado debido a que en muchos juzgados del país y Tribunales de Apelación han quedado acéfalos desde el 24 de octubre que inició con la purga de la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos.
«En algunos complejos judiciales como en el de Siuna, donde se ventilan las causas del Triángulo Minero, los procesos se han paralizado por completo desde el 6 de noviembre», explicó.
En este complejo la jueza de Distrito Penal de Audiencias, Yelba Lina Macario, dejó de realizar las audiencias desde el 6 de noviembre, retrasando los procesos judiciales de las personas detenidas que continúan a la espera de ser presentados ante un juez competente.
«Las audiencias también están siendo canceladas desde esa misma fecha en los juzgados de Distrito Penal de Juicio y en el Especializado en Violencia de Siuna » explicó la fuente, tras agregar que los procesos están siendo suspendidos bajo el argumento de fuerza mayor y cancelación automática.
JUICIOS ESTANCADOS EN SIETE DEPARTAMENTOS Y LA RACN
En los juzgados de Managua, Matagalpa, Rivas, Juigalpa, Boaco, Nueva Segovia, Región Autónoma del Caribe Norte (Bilwi), y Granada, los procesos penales también se han estancado bajo el mismo argumento.
Abogados consultados por Despacho 505, afirman que con ese argumento el Poder Judicial ha congelado el cómputo de los plazos establecidos en los actos procesales para no caer en ilegalidad, violación de derechos constitucionales y detención ilegal.
«El objetivo de paralizar los procesos por fuerza mayor, es evitar el vencimiento máximo del proceso, porque no corre el cómputo, pero esta claro que están siendo suspendidos por culpa del sistema judicial, ya que muchos juzgados se encuentran acéfalos y por ende están cayendo en ilegalidad», afirmó uno de los abogados consultado.
La crisis que atraviesa el Poder Judicial inició el 21 de octubre, cuando la sancionada vicepresidenta Rosario Murillo ordenó a la Policía Orteguista intervenir la CSJ y destituir de sus cargos a magistrados, jueces, secretarías, notificadores, conductores, personal de la dirección informática y funcionarios de otras áreas.
