Los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad el pasado 15 de febrero, denunciaron ante las instancias de Naciones Unidas el despojo de bienes, la eliminación de sus inscripciones en el Registro Civil de las Personas y el robo de las pensiones de jubilación cometidas por el régimen de Daniel Ortega.
En una misiva enviada al secretario general de las Naciones Unidas, a la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señalan que estas “atrocidades” de la dictadura “pretenden aniquilarnos civil, política y económicamente”.
“Pedimos a los gobiernos de los países que integran el Consejo de Derechos Humanos, sostener la exigencia frente al Gobierno de Nicaragua del retorno a la democracia y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses, para que todos los expatriados regresemos a rehacer nuestras vidas en Nicaragua”, expresan los firmantes.
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Los desterrados exigen que se les restituyan todos los derechos civiles y políticos conculcados y transitar en paz a un Estado de Derecho, con separación de poderes y verdadera e integral democracia, donde brille la justicia para las víctimas de estos crímenes.
RESPALDAN MANDATO DEL GRUPO DE EXPERTOS
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU decidirá la próxima semana si renueva o no el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, que tiene como mandato investigar la represión ejercida por el régimen desde abril de 2018.
En su primer informe, concluyeron que en el país la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y piden a la comunidad internacional iniciar acciones legales para sancionar a los responsables.
En ese sentido, el grupo de 94 nicaragüenses desterrados apoya el mandato para el Grupo de Expertos sea renovado por dos años más, lo que es «indispensable para continuar reuniendo evidencias y documentar las graves violaciones de derechos humanos que la dictadura de los Ortega Murillo sigue cometiendo”.
Entre los firmantes de la misiva se encuentran Gioconda Belli, Mónica Baltodano, Francisca Ramírez, Carlos Fernando Chamorro, Eliseo Núñez, Elvira Cuadra, entre otros opositores.
La dictadura ha quitado la nacionalidad a 317 nicaragüenses desde el pasado mes de febrero, incluyendo a los 222 presos políticos desterrados y enviados a Estados Unidos.
