Al menos 17 personas fueron retenidas por la Policía Orteguista en el municipio de Mateare, departamento de Managua, esta semana por supuestamente difundir “noticias falsas” a través de WhatsApp. Todos fueron “advertidos” que estaban violando la Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza” y se les habría decomisado sus teléfonos.
Información extraoficial publicada por medios oficialistas señala que los investigados habrían ocupado la foto de un niño de 10 años, que fue asesinado el pasado 14 de febrero en la comunidad Olaskincito en Wamblán, Jinotega. Además, habrían difundido un audio donde una persona advierte de la presencia de una banda delincuencial que se dedica al secuestro de niños para robarles sus órganos.
Los investigados son habitantes de la comarca Los Brasiles, en la zona de la Laguna de Xiloá. Entre las personas llevada a la estación policial y posteriormente liberadas están los pastores evangélicos Juan Fletes y Rafael Cisneros, así como otros miembros de sus congregaciones.
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DIFUNDIR “FAKE NEWS” ES CATIGADO CON CÁRCEL
La Ley Mordaza, aprobada a finales de octubre de 2020, otorga al régimen la facultad de multar, procesar y encarcelar a cualquier persona que difunda lo que considere una “notifica falsa” o cualquier información que cause “zozobra” entre la población.
Con la Ley se puede condenar con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzca alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”.
El Artículo 30 establece que: “Quien, usando las tecnologías de la información y la comunicación, publique y difunda información falsa y/o tergiversada, que produzca alarma, temor, zozobra en la población, o a un grupo o sector de ella a una persona o a su familia, se impondrá la pena de dos a cuatro años de prisión y trescientos a quinientos días de multa”.
La ley contiene 25 definiciones, pero no define dos conceptos claves para su aplicación: información falsa (fake news) o información tergiversada. Es decir, es el sistema judicial quien tiene la discrecionalidad de decidir qué es o no una información falsa o si la información produce alarma, temor o zozobra en la población.
