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    Reporte 505

    Dictadura acusa a opositor, a su esposa, a su hija y a su yerno por delitos contra el Estado

    Operadores de la justicia orteguista tramitaron causa tras 17 días de secuestro ilegal. Hoy cumplen 20 días incomunicados, según denuncia de Javier Álvarez, desde el exilio.

    Tras 17 días de secuestro ilegal, el opositor Javier Álvarez Zamora, su esposa Jeannine Horvilleur Cuadra, su hija Ana Carolina Álvarez Horvilleur y su yerno Félix Roiz Sotomayor, fueron acusados por la dictadura de Daniel Ortega de “cometer delitos contra el Estado”.

    Este lunes, las dos mujeres de nacionalidad nicaragüense-francesa y Roiz Sotomayor, cumplen 20 días desaparecidos y solo se sabe de ellos ahora que la Fiscalía del régimen los acusó. Álvarez Zamora logró resguardar su seguridad, saliendo al exilio.    

    Madre e hija y el esposo de esta última, fueron detenidos el 13 de septiembre pasado en horas de la noche, cuando policías del régimen llegaron a su casa en busca del opositor y al no encontrarlo, se los llevaron a ellos. Se conoció algunas horas después, que fueron trasladadas a El Chipote, la cárcel política de la dictadura.

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    La acusación fue radicada según el asunto 021717-ORM4-2022-PN. De acuerdo al escrito promovido por la fiscal Heydi Estela Ramírez Olivas, el Estado de Nicaragua se declara como víctima de acciones de la familia aunque no se detalla en qué términos.

    MISMO PATRÓN DE FALTAS JURÍDICAS

    El secuestro y procesos contra los familiares de Álvarez Zamora cumple el mismo patrón que ha impulsado la dictadura contra los que el régimen cree opositores y que ha ordenado detener en los últimos días; los más recientes cuatro sacerdotes, dos seminaristas y un camarógrafo de la Diócesis de Matagalpa y cuyo único delito aparente fue acompañar al obispo Rolando Álvarez cuando la policía lo encerró en la sede de la Curia Arzobispal de su ciudad.

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    Ana Carolina Álvarez Horvilleur y su esposo Félix Roiz. Cortesía/La Mesa Redonda

    A esa lista, hay que agregar cuatro directos de las estructuras municipales de la Unión Democrática Renovadora (Unamos), que según las organizaciones de derechos humanos han llegado a calcular en al menos 205 al finalizar agosto. “Son causas que nacen sin sustento legal, por lo que, todo lo que sigue será ilegal también”, advierte la abogada independiente Alexandra Salazar, al analizar las causas que impulsa el régimen.

    Otro penalista que piden hablar bajo anonimato, recordó que las detenciones se hicieron sin orden de captura, ni allanamiento y que las acusaciones, los operadores del régimen siempre las realiza fuera de los tiempos que la ley establecen, “cayendo automáticamente en la ilegalidad”.

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    CONTRA LA FAMILIA

    La acusación contra el opositor y sus parientes fue introducida a las 2:27 minutos de la tarde del 30 de septiembre. Según el registro digital, al único al que se tiene acceso hasta ahora, el documento tiene 11 páginas y se tramita en el Juzgado Sexto Distrito Penal de Audiencia de Managua a cargo del juez Rolando Salvador Sanarrusia Munguía.

    Álvarez Zamora, denunció que a sus familiares los secuestraron porque no lo pudieron apresar a él. Las organizaciones de derechos humanos calificaron de barbarie la acción de la dictadura y exigen su inmediata liberación.           

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