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    Reporte 505

    Dictadura afecta a los más vulnerables con su plan de exterminio de oenegés

    De consumarse el pedido de cancelación de la personalidad jurídica de otras 15 organizaciones, se elevaría a 45 las organizaciones y organismos internacionales ilegalizados en tan solo 30 días y a 55 desde el año 2018.

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    La inminente cancelación de la personería jurídica a 15 organizaciones no gubernamentales es considerada por diversos sectores como una acción acelerada de la dictadura de Daniel Ortega para cerrar todo tipo de espacios de participación y organización ciudadana en Nicaragua, cuyas consecuencias impactan en los sectores más vulnerables.

    De consumarse el pedido de cancelación de la personalidad jurídica de estas 15 organizaciones, se elevaría a 45 las organizaciones y organismos internacionales ilegalizados en tan solo 30 días y a 55 desde el año 2018.

    El pasado 28 de julio la Asamblea Nacional, dominada por el orteguismo, despojó de personería jurídica a 24 oenegés nacionales; y luego el 16 de agosto, el Ministerio de Gobernación canceló el registro y número a seis organismos internacionales.

    Violeta Delgado, del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), calificó como un «golpe letal», la iniciativa para ilegalizar a las 15 organizaciones ya que muchas de ellas trabajan en temas de prevención y redes de asistencia a pacientes de VIH, atención de mujeres, apoyo a alcaldías y promoción social.

    «Si, es un golpe fuertísimo a grupos vulnerables de la sociedad nicaragüense», valoró Delgado. Considera que con este tipo de acciones Ortega manda varios mensajes, siendo el principal amedrentar a otras organizaciones que trabajan en el país.

    EL MENSAJE DEL RÉGIMEN

    Delgado lo toma como un aviso para silenciar las denuncias de violaciones a los derechos humanos y eviten hablar de temas como democracia y participación ciudadana, los cuales desde hace años la dictadura las tiene «en un corrector subrayado y en rojo». Son como «veneno para el Gobierno», agrega.

    Por otro lado, Ortega busca decirle a los donantes que «no van haber organizaciones de la sociedad civil aquí que puedan ser receptoras de los fondos que ponen a disposición del país y, probablemente, obligarlos a que sea a través del Estado» que se canalicen, manifestó Delgado.

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    ORTEGA CONTRA LAS OENEGÉS

    Desde que Daniel Ortega volvió al poder en 2007 emprendió una persecución contra las organizaciones no gubernamentales y se convirtió en la única administración que ha desaparecido y confiscado oenegés. Comenzó en 2018 con el despojo y desmantelamiento de nueve organizaciones como represalia política y, luego, en 2020, ordenó el cierre de la Asociación de hermanamientos municipales de Camoapa.

    A estas se han sumado las 34 organizaciones nacionales y 6 internacionales a las que aniquiló valiéndose del control que ejerce en las instituciones del Estado.

    Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que es parte de las organizaciones a las que la dictadura canceló su personería jurídica en diciembre del 2018, alerta que la propuesta de cancelación de otras 15 organizaciones no gubernamentales es una «arremetida muy seria». Denuncia que la dictadura Ortega-Murillo busca hacer desaparecer el trabajo de acompañamiento que brindan estos organismos a los sectores vulnerables de la población, además de «generar más dependencia económica de las migajas que ellos están dando».

    Las afectaciones por el cierre de estas oenegés serán en el ámbito de la salud, educación, y sectores productivos del país, donde brindan asistencia, así como cientos de personas que pasarán al desempleo.

    «Él (Ortega) quiere cerrar cualquier organización para que no haya ninguna posibilidad de que entre ningún dinero que no sea a su pertenencia, a sus fondos, porque quiere seguir robando es una avaricia, es una desesperación por robar», manifestó la defensora de derechos humanos.

    ORGANIZACIONES AFECTADAS

    Las organizaciones a las cuales les cancelarán la personería jurídica están: El Instituto Nicaragüense de Investigación y Educación Popular (Iniep); la Asociación Soya de Nicaragua (SOYNICA), Acción Médica Cristiana, Asociación Colectivo de Mujeres de Matagalpa; Asociación Instituto Centroamericano de Integración Social (ICIS); Asociación Centro de Estudios para la Gobernabilidad y Democracia (Cegodem); Federación de Organismos No-Gubernamentales de Nicaragua (ONG Nicaragua); Fundación Diakonia Nicaragua; Fundación Entre Volcanes; Fundación Médicas Nicaragüenses Dra. Concepción Palacios (Fumednic); Fundación Mejía Godoy; Fundación Xochiquetzal; Asociación Instituto de Investigación y Gestión Social (Inges); Asociación de Mujeres de Jalapa contra la Violencia Oyanka – Jalapa (Oyanka) y la Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local).

    Al menos tres organizaciones que están en la lista de Gobernación son defensoras de los derechos de las mujeres. Violeta Delgado indicó que aunque siempre habrá defensoras dispuestas a apoyar y acompañar a las mujeres, «evidentemente no habrá recursos para apoyarlas de mejor manera, no habrá albergues, centros de acogida, porque toda la infraestructura fue desmantelada».

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    OENEGÉ CON TRAYECTORIA

    El Ministerio de Gobernación acusa a las 15 organizaciones de cometer faltas a las leyes que regulan sus operaciones en el país, asegurando que «han venido obstaculizando el proceso de supervisión, control y vigilancia que para tal efecto realiza el Departamento de Registro y Control de Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro», indica el informe entregado a la Asamblea Nacional.

    Ana Quirós, directora del Centro de Información y Servicios de Asesoría en Salud (Cisas), cuya personería jurídica fue cancelada en noviembre del 2018, denuncia que en la mayoría de los casos el propio Ministerio de Gobernación han propiciado que las organizaciones cumplan con los requisitos. Asegura que se han «cerrado» a recibir los informes de rendición de cuentas para luego alegar supuestas faltas.

    «La voluntad ha sido entorpecer el funcionamiento de las organizaciones, violentar el derecho a organizarse», manifestó la directora de Cisas.

    Indicó que la mayoría de las oenegés, a las cuales les pretende cancelar la personería jurídica surgieron en los años 80 y 90, a las que nunca se les hizo señalamiento, ni les han aplicado multas por incumplir las leyes del país.

    «Lo que hay es una voluntad de persecución y una presunción de culpabilidad sobre las cosas que ellos deciden, ya que no han tenido una comunicación directa con las organizaciones a las que se han limitado sus derechos, sino que directamente envían la solicitud a Asamblea Nacional», explicó Quirós.

    Añade que las organizaciones están en total indefensión porque en el Parlamento el orteguismo tiene mayoría y los diputados actúan como «aprieta botones».

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    Subraya que con esta medida Ortega violenta el derecho a organización de la población y deja sin atención a grupos vulnerables de zonas alejadas del país.

    «JAMÁS NOS QUIETARÁN LA DIGNIDAD»

    Dentro de las oenegés que pretenden ilegalizar, muchas brindan acompañamiento a las víctimas de violencia machista, ya que la Policía no responde a las necesidades de las mujeres. «Son gente que va a dar aún más aislada», manifestó la feminista.

    Recordó que Ortega presume culpabilidad y castiga antes de realizar cualquier investigación, «primero elimínenlas y allí muere, averigüen si quieren, que es la misma situación (que pasa) con los presos políticos».

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    Amaru Ruiz, quien fue coordinador de Federación Red Nicaragüense por la Democracia y el Desarrollo Local (Red Local), en un mensaje en Twitter dijo que «pueden seguir cerrando (organizaciones), pero jamás nos quitarán la dignidad y seguiremos. ¡Aunque les dé su colerita!».

    El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, condenó la acción del régimen de Ortega la cual es una clara violación al derecho de organización que tiene la ciudadanía.

    CONFISCACIONES DE HECHO

    Juan Carlos Arce, miembro del Colectivo, declaró que además arbitraria, la medida pretende proceder por la vía de hecho a la «confiscación» de bienes de las organizaciones a las que les quita la personería jurídica.

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    «El gobierno no ha dado oportunidad a las organizaciones de liquidar sus bienes y lo que hacen es ocuparlos y lo que se da en la práctica es una confiscación de los bienes y activos de las organizaciones lo que constituye otra violación a una prohibición constitucional», manifestó Arce.

    En la iniciativa hay varias organizaciones que trabajan en la defensa de los derechos de las mujeres, y según Núñez, lo que pretende Ortega es invisibilizar el trabajo que realizan los movimientos de mujeres, «invisibilizar el trabajo de las mujeres mismas que a través de sus diferentes organizaciones han dado una lucha importante en la vida del país».

    Arce ejemplificó que el Colectivo de Mujeres de Matagalpa ha hecho una labor histórica importante en la zona en la promoción y defensa de los derechos de las mujeres y «estamos claros que el mayor perdedor de estas acciones absurdas, irracionales y arbitrarias es el pueblo de Nicaragua».

    Por su lado, la doctora Vilma Núñez criticó que la Asamblea Nacional está aprobando personería jurídica a una serie de organizaciones «paraestatales sobre todo de tendencia religiosa», mientras ataca de manera desmedida a otras que prestan un verdadero servicio a la sociedad.

    «Estas acciones están terminando de perfilar el carácter dictatorial que tiene a nivel internacional y cada día se le cerrarán más las puertas a dónde pueda estirar la mano para pedir dinero», enfatizó.

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