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    Reporte 505

    Dictadura contra universidades: a unas las asfixia y a otras las amenaza con cierre

    Gobernación pide informes financieros a universidades privadas y recortan fondos a subvencionadas. La UCA ha empezado a implementar un «Plan de Retiro Voluntario» entre sus trabajadores.

    UCA
    La Universidad Centroamericana es golpeada financieramente con recortes a su presupuesto estatal. Cortesía


    Las universidades privadas en Nicaragua están bajo la mira del régimen de Daniel Ortega y viven desde finales del año pasado y comienzos de este, bajo zozobra. El temor es que las ilegalicen y desaparezcan como ocurrió con la Universidad Hispanoamericana, Uhispam.

    La última embestida fue este miércoles contra tres asociaciones ligadas a instituciones de educación superior, denunciadas primero por el Ministerio de Gobernación por supuestos incumplimientos a leyes de regulación y borradas después con los votos de la aplanadora orteguista que controla la Asamblea Nacional.

    Dos rectores declinan hablar sobre el tema y una autoridad de un centro educativo pide tomar sus declaraciones bajo anonimato: “Hay persecución”, asegura. Un ex catedrático de la Universidad Centroamericana (UCA) lo tiene claro: “Hay una estrategia de muerte a la inteligencia”, señala, y pide también no ser identificado para evitar la represalia.

    DESPACHO 505 conoció que a mediados del mes de diciembre y de este mes de enero varias universidades privadas recibieron una notificación del Ministerio de Gobernación para que presenten estados financieros y de funcionamiento de los años 2019 y 2020.

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    Otras notificaciones piden informes de esos dos años y del último que finalizó.  Nada de mal tendría al tratarse de la entidad que regula las asociaciones sin fines de lucro que es bajo la figura que estas instituciones operan, pero los cierres en que han resultados esas intervenciones, preocupan. “Hay temor”, reitera uno de los consultados. El régimen les ha declarado la guerra.   

    La rebelión cívica de abril de 2018 tomó fuerza dentro de las universidades. Cortesía

    SOMETIMIENTO O MUERTE

    Este martes, 85 diputados en la Asamblea Nacional decidieron cancelar la personería jurídica a la Fundación Universidad de Mobile Latinoamérica Campus (FUMLAC), localizada en San Marcos, Carazo; a la Asociación pro Universidad Agropecuaria de la Quinta Región; y a la Asociación Pro Universidad de Jinotega. Con este «plumazo», suman 64 organismos no gubernamentales cerrados por la dictadura Ortega-Murillo desde diciembre de 2018.

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    El 13 de diciembre del año pasado, la Uhispam y el Consejo Superior de Universidades Privadas (Cosup) fueron condenados al cierre. Uno de los dueños de Uhispam es un empresario sandinista. El resultado: más de 250 profesionales perdieron sus empleos y decenas de estudiantes cayeron en una incertidumbre que se mantiene hasta hoy.

    Para el ex catedrático de la UCA, lo que ocurrió a Uhispam es un claro ejemplo de la política represora del régimen contra las universidades. “No se alineó y fue ejecutada”, dice. “La meta es el control total. Todo dentro del Estado y nada fuera del Estado. Esas maniobras de cierre quieren dejar claro que, si las autoridades de las universidades no se someten, desaparecen. Es una guerra”, explica.

    Y es que la dictadura ha abierto más de un frente para atacar a las universidades. Además de esta persecución y los cierres aplicados a las entidades privadas, ha ido contra las que reciben fondos públicos según la ley, especialmente contra la UCA y la Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse).  La primera, considerada nido de los estudiantes rebeldes de abril de 2018 y la segunda por sus nexos con la iglesia católica, una institución que no ha parado de denunciar los abusos y crímenes del Estado.

    Como respuesta a ambas instituciones, Daniel Ortega ha ordenado recortes con la intención de asfixiarlas. Ambas han visto reducido sus transferencias estatales en más del 95 por ciento en los últimos tres años.

    El asunto es tan dramático que la UCA ha llamado a sus trabajadores a renunciar a través de lo que ha denominado un Plan de Retiro Voluntario. “No hay fondos para asumir planilla y se quiere evitar el trauma que causa un despido, que al final viene siéndolo de forma indirecta”, dice una fuente de la institución a DESPACHO 505.

    «AUTONOMÍA HA MUERTO»

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    Hay una coincidencia entre los expertos en creer que la Autonomía Universitaria, establecida vía Ley de la República, agoniza. Las universidades públicas ya no toman decisiones sino cuentan con el visto bueno de operadores del régimen. En la Universidad de Ingeniería, en sus recintos, en los de la Universidad Autónoma de Nicaragua y en la Universidad Agraria operan “comisarios políticos” que han sustituido el mando de los rectores.

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    “Allá nadie toma decisiones sin que estos partidarios lo aprueben”, dice el ex catedrático. Para el ex ministro de Educación, Humberto Belli, la Autonomía Universitaria “no agoniza, ya ha muerto”. Hace unos días se conoció que el régimen prohibió que los rectores de universidades públicas salgan del país, así fuere para cumplir con alguna agenda educativa.

     “Ya no hay independencia, no hay autonomía, ya terminó. Otros deciden por los rectores, solo pueden impartir clases los que son del partido, no hay libertad de cátedra, no hay investigación, los proyectos son partidarios es lo único que hacen”, advierte Belli.  

    ¿Y si la dictadura controla a las universidades públicas, porque atacar a las privadas? “En el intento de establecer un pensamiento único (el de la dictadura), ven peligro en instituciones de enseñanza que ellos no controlan, entonces o buscás como someterlas o mejor las desapareces, es así de simple”, responden los especialistas.          

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