La Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega derogó este miércoles y de manera exprés el decreto legislativo 518, aprobado el 15 de julio de 1960, que autorizaba la personería jurídica de la Universidad Centroamericana (UCA).
La diputada orteguista y primera secretaria de la Asamblea Nacional, Loria Raquel Dixon Brautigam, introdujo la iniciativa de ley que promovía la anulación de decreto, argumentando que se trataba de “un ordenamiento jurídico en la Asamblea Nacional”.
La propuesta de Dixon Brautigam fue respaldada por los 91 diputados sin ningún tipo de debate ni reclamo por la derogación.
“El decreto legislativo número 518 fue aprobado y publicado en el año 1960. Siendo que el mismo cumplió su objeto y que dicha materia está regulada por leyes y reglamentos recientemente aprobados, por consiguiente, esta norma carece de interés jurídico”, detalla la nueva ley.
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La decisión la tomaron los diputados afines al régimen días después de que el Ministerio de Gobernación cancelara la personería jurídica de la UCA y ordenará la confiscación de sus bienes tanto muebles como inmuebles y horas después de que la misma institución ilegalizara a la Asociación Compañía de Jesús, rectora de la UCA bajo el argumento de incumplimiento de las leyes por tener la junta directiva vencida y no reportar los estados financieros entre 2020 y 2022.
DEROGAN OTRO ACUERDO EJECUTIVO DE 1961
La nueva Ley aprobada este miércoles también canceló el acuerdo ejecutivo número 503, publicado en La Gaceta, Diario Oficial el 15 de agosto de 1961, referido a los estatutos de la UCA. Dichos estatutos fueron aprobados por el rector de esa época León Pallais y los directores Julio Cardenal, Antioco Sacasa, el doctor Gustavo Adolfo Argüello, Federico Lang y los sacerdotes Álvaro Oyangueren, Juan Miguel Artabe, Ignacio Pinedo, Roque Iriarte y el José Vicente Aranguren.
La abogada e investigadora Martha Molina considera que la ilegalización y cancelación de la Compañía de Jesús de parte de Ortega pretende aniquilar por completo a la Iglesia católica de Nicaragua.
“Paralelamente (pretende) nacionalizar la educación porque a un Estado criminal como el de Nicaragua no le conviene formar ni egresar a seres pensantes, con capacidad de análisis y crítica que es propio de la educación de calidad que se imparten en estos recintos universitarios y colegios”, detalla Molina, autora del documento: Nicaragua ¿Una Iglesia perseguida?
Molina considera que el régimen necesita adoctrinar y cosificar desde muy temprana edad a los estudiantes para así poder mantener su proyecto de dictadura dinástica.
“Ahora hay que alertar a todos los colegios católicos privados que tomen sus precauciones si es que están a tiempo todavía para que tengan una estrategia frente a la confiscación que se les avecina”, advierte Molina.
ATAQUES CONTRA LA IGLESIA HAN AUMENTADO
En una investigación realizada por Molina se documenta un total de 529 hostilidades registradas en el periodo de abril 2018 a marzo 2023, pero aclara que ahora esa cifra es mayor debido a los últimos acontecimientos.
También reseña que el régimen de Ortega prohibió en el periodo de la Semana Santa pasada un 3,176 (tres mil ciento setenta y seis) expresiones de la religiosidad nicaragüense, ya que en el país existen 397 parroquias y cada una de ellas efectúa ocho procesiones en tiempo cuaresmal.
Ortega en los últimos años ha impuesto varios tipos de represiones a la Iglesia católica de Nicaragua como agresiones a templos, cierres arbitrarios de organismos sin fines de lucro las que incluye universidades, medios de comunicación entre otros. También los adeptos al régimen han realizado pintas y mensajes de odio, ha ejercido represiones a religiosos que se traducen en exilio o negativa de ingreso al país.
Además, ha expulsado religiosas a quienes, de diferentes congregaciones, ha encarcelado y desterrado a sacerdotes y ha condenado a 26 años de cárcel a monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Diócesis de Matagalpa y administrador de la Diócesis de Estelí.
