La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua canceló este miércoles la personería jurídica de la Asociación de la Compañía de Jesús. La que acusa de «incumplir» las leyes del país e invoca la confiscación de sus bienes en el país.
La ilegalización de la organización sella la estocada de la dictadura contra esta orden religiosa que regentaba la Universidad Centroamericana.
La ministra de Gobernación, María Amelia Coronel, acusa a la Compañía de Jesús de no presentar los estados financieros del 2020, 2021 y 2022 y de tener su junta directiva vencida desde el 27 de marzo del 2020. Este es el mismo argumento que utilizó la institución estatal para ilegalizar a la confiscada UCA, pero no se trata de un método nuevo, pues el mismo que ha empleado para exterminar más de 3.000 organizaciones no gubernamentales desde 2018.
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En la resolución, Coronel ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) que traspase a nombre del Estado de Nicaragua todos los bienes muebles e inmuebles de la Compañía de Jesús, que desde 1995 contaba el aval gubernamental para operar en el país.
La ministas, ademaás, acusa a los religiosos de obstaculizar el control y vigilancia al no promover “políticas de transparencia en la administración y manejo de la asociación”. Por ello, se lee en el documento oficializado en La Gaceta, «el ente regulador desconoce las actividades que realiza, así como la ejecución de sus proyectos».
La semana pasada la Justicia orteguista ordenó traspasar todos los bienes muebles e inmuebles, así como las cuentas bancarias de la UCA al Estado de Nicaragua, tras acusarla de ser un «centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales». La UCA confirmó el miércoles el oficio y rechazó los «señalamientos infundados» de las autoridades.
