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Reporte 505

La dictadura reclama a Estados Unidos el pago de 12 mil millones de dólares por financiar a la Contra en la década de los 80

La protesta por el incumplimiento del pago de Estados Unidos también fue enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo exigió este martes a Estados Unidos el pago a Nicaragua de una antigua deuda valorada en 12 mil millones de dólares que el 27 de junio de 1986 ordenó pagar la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por financiar el conflicto armado en la década de los 80 en Nicaragua.

Este mediodía la vocera del régimen recordó el fallo de la Corte contra Estados Unidos “por sus guerras contra nuestra Nicaragua” y que 37 años después “ese mandato de la Corte de indemnizar al pueblo nicaragüense no se ha cumplido, no ha sido saldada ”.

“Una obligación pendiente de establecerse, una obligación claramente definida y establecida en la sentencia firme de la máxima autoridad judicial del mundo, la Corte Internacional de Justicia”, reclamó la funcionaria.

La protesta por el incumplimiento del pago de Estados Unidos también fue enviada al secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, a quien el canciller Denis Moncada entregó este martes una carta donde expone la posición de Nicaragua y pide enviar a todos los Estados miembros de la organización.

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“Nicaragua nunca recibió algo a lo que no tuviera derecho (como el derecho a no ser agredida) a cambio de descontinuar el juicio ante la Corte. En vez de recibir la compensación tal como corresponde moral y legalmente, Nicaragua continúa siendo objeto de una nueva modalidad de agresiones”, se queja la dictadura.

No obstante, en septiembre de 1991, la entonces presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro decidió, luego de negociar un acuerdo con los Estados Unidos, retirar todas sus reclamos ante la Corte y perdonarle la deuda por daños y perjuicios duranta la guerra civil en la década de los 80.

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SIGUE ATAQUES CONTRA OPOSITORES

Esas agresiones a las que se refiere, son las sanciones individuales a funcionarios del régimen señalados de violaciones de derechos humanos, abusos de corrupción e instituciones que han facilitado la represión contra toda voz disidente en el país desde abril de 2018.

“Esas políticas de odio han continuado y continúan con lo que llaman sanciones, ¿por qué van a tener ellos el derecho de sancionar? Son agresiones, más crímenes y más agresiones contra un pueblo pequeño”, señaló Murillo, señalada por la ONU de ser responsable de crímenes de lesa humanidad.

La dictadura también envió a la ONU el Libro Blanco de todas las agresiones que elaboró en su momento el fallecido secretario para políticas nacionales, Paul Oquist, que detalla lo que para el orteguismo es “la destrucción, las agresiones, la saña, las acciones de odio ejecutadas en el 2018 por los mismos esclavos y sirvientes de los Estados Unidos”.

“Los mismos en otro tiempo porque los esclavos, los sirvientes, los siervos son los mismos, aunque sean otras personas, condición de inmoralidad que se traslada desgraciadamente, genéticamente casi de lacayos y serviles a lacayos y serviles”, vociferó Murillo.

En la carta al secretario de la ONU, Ortega le recordó que las sentencias de la Corte Internacional de Justicia son definitivas y de ineludible cumplimiento, y por lo tanto los Estados Unidos tienen la obligación legal de cumplir con las reparaciones mandadas por la sentencia del 27 de junio de 1986.

MONTO PUEDE SER MAYOR, SEGÚN ORTEGA

En la carta, la dictadura expone que Nicaragua no continuó con el procedimiento para determinar con la Corte el monto, “pero en ningún momento renunció al pago de la deuda, es decir al derecho a recibir su compensación”.  

Sostienen que los daños por los cuales Nicaragua pidió compensación no reflejan la totalidad de los daños reales “sino que estaban limitados a los actos sobre los cuales la Corte tenía jurisdicción para conocer”.  

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La cuantificación de los daños que hizo en los 80 y que se presentaron a la Corte contó con el apoyo y el aval de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) de Naciones Unidas.

«Este monto (12 mil millones de dólares) no refleja los daños posteriores a dicha fecha, cuyas consecuencias son verificables actualmente. Por ejemplo, hasta el día de hoy el sistema de seguridad social del país continúa pagando pensiones a los lisiados de guerra y familiares de los mismos, inclusive a aquellos que formaron parte de las fuerzas contrarrevolucionarias financiadas ilegalmente por los Estados Unidos, el cual nunca asumió el costo social de dichas ilegalidades», apunta el documento.

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