Daniel Ortega confesó a la revista Playboy, en septiembre de 1987, haber participado en el asesinato del sargento de la Guardia Nacional, Gonzalo Lacayo, crimen perpetrado en octubre de 1967, cuando él militaba en el entonces movimiento guerrillero Frente Sandinista (FSLN).
“En relación a un verdugo como Lacayo, cuando lo matamos, pues yo me sentí satisfecho. Sentí que estábamos haciendo algo justo: eliminar a un individuo dañino, un verdugo”, declaró Ortega, quien nunca pagó por ese crimen. En ese mismo año cayó preso, pero no por la muerte de Lacayo, sino por robar un banco.
Desde entonces, Ortega se ha burlado de la justicia, a pesar de que se le han atribuido numerosos crímenes o delitos.
Un abogado consultado por DESPACHO 505, bajo anonimato, explica que, con relación a Daniel Ortega y otros “criminales disfrazados de políticos”, en Nicaragua se necesita una investigación para que haya una justicia por lo menos histórica y transicional.
“De alguna manera Ortega siempre ha logrado zafarse de los procesos a través de la vía de la fuerza. En los ochenta fue la guerra, durante los noventa con las asonadas y todo lo demás, era parte de la amenaza, y ahora con este nivel represivo nunca visto, pero claramente cuando se mira hacia atrás, hay cosas que hay que investigar”, expresó el jurista.
En Nicaragua ya nadie habla de los fusilamientos en los años ochenta, cuando Ortega era el coordinador de una junta de gobierno y luego presidente, que llevaron casi al exterminio de la Guardia Nacional o de sus familiares, y otra cantidad de gente que fue muerta durante la guerra en condiciones que no son nada compatibles con los derechos humanos.
“Ortega lleva 43 años en el poder a costa de la fuerza y definitivamente tiene muchos pendientes con la justicia”, afirmó.
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Un excompañero de armas de Ortega, quien también habló bajo anonimato, explica que “el mayor crimen de Ortega es querer convertir a los nicaragüenses en zombis incapaces de pensar, en seres sin dignidad y sin conciencia de sus derechos, en perritos fieles que brincan a la voz del amo, para así hacer con ellos y del país lo que se le antoje”.
El exguerrillero asegura que a Ortega se le pueden atribuir los muchos crímenes desde “indoctrinación de niños, represión salvaje e indiscriminada, cierres de universidades y oenegés, creación de grupos de sicarios para someter a la población, con todas las consecuencias detalladas que serían largas de enlistar”.
Tres abogados, entre ellos dos analistas políticos, ayudaron a crear una lista de 10 crímenes por los cuales Daniel Ortega no ha respondido y debería de estar preso o al menos bajo una investigación. Aunque los delitos cometidos por el dictador son muchos más.
1. La Navidad Roja
En octubre de 2006, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), y habitantes del Caribe nicaragüense denunciaron a Ortega por genocidio y crímenes de lesa humanidad ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), adscrita a la Organización de Estados Americanos (OEA).
La CPDH ya había denunciado a Ortega ante el Ministerio Público nicaragüense por delitos cometidos en los años ochenta contra comunidades indígenas asentadas en el Caribe de Nicaragua.
La denuncia incluyó al ex jefe del Ejército Popular Sandinista (EPS), Humberto Ortega, general retirado hermano de Daniel, al ya fallecido ex ministro del Interior Tomás Borge, al ex jefe de la Seguridad del Estado Lenín Cerna, al ya fallecido exprocurador de los derechos humanos de Nicaragua, Omar Cabezas, y otros mandos de las fuerzas armadas sandinistas de los ochenta.
La denuncia fue sobre la “Navidad Roja”, una operación realizada por el Ejército sandinista para sacar a unos 8,500 indígenas de sus comunidades a las orillas del río Coco, frontera con Honduras, y alojarlos en cinco campamentos para evitar que sirvieran de apoyo logístico a la Contra, movimiento guerrillero campesino que luchó contra los sandinistas en esa época.
Los hechos, indicó la denuncia, ocurrieron entre 1981 y 1982, durante operaciones militares que habrían dejado 64 personas muertas, 13 torturadas, 15 desaparecidas y miles de desplazados y apresados en campamentos bajo vigilancia militar del Ejército sandinista. Ortega era gobernante de Nicaragua durante ese tiempo, coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional (JGRN).
2. Denuncia de violación en contra de su hija
Lo más cerca que ha estado Ortega de ser enjuiciado fue cuando, en 1998, su hija adoptiva Zoilamérica Ortega Murillo lo denunció por el delito de violación sexual.
Zoilamérica, hija biológica de la esposa de Ortega, Rosario Murillo, con su primer esposo, Jorge Narváez Parajón, fue adoptada por Ortega a inicios de los años ochenta.
Ella acusó a Ortega de haberla sometido a abusos sexuales, violación y acoso sexual desde 1978, fecha en que Ortega se unió a Murillo en Costa Rica, hasta el dos de marzo de 1998, cuando Zoilamérica hizo la denuncia públicamente.
En ese mismo mes de mayo, la jueza sandinista Martha Quezada rechazó la acusación porque, según ella, el delito ya había prescrito, es decir, había ocurrido hacía mucho tiempo.
Zoilamérica continuó luchando por su caso, presentó nuevamente la acusación en agosto de ese mismo 1998, pero, en diciembre de 2001, la también sandinista Juana Méndez, entonces jueza Primero del Distrito del Crimen de Managua, sobreseyó definitivamente a Ortega de los delitos de abusos deshonestos, violación y acoso sexual.
Para ello,Juana Méndez se basó sobre la prescripción de la acción penal que argumentó la defensa de Ortega. Hoy, es magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como premio de parte de Ortega.
Aunque Zoilamérica presentó la acusación en agosto de 1998, fue hasta diciembre de 2001 cuando la jueza lo resolvió, cuando Ortega, que era diputado, renunció a su inmunidad para enfrentar la acusación, pero ya estaba seguro de que la acusación había prescrito.
3. Crímenes en los años ochenta
La guerra que asoló Nicaragua durante los años 80 dejó más de 150 mil víctimas, entre muertos, discapacitados, viudas y huérfanos. También hubo desaparecidos, cuyo número nunca se logró establecer con precisión, explica la revista Envío.
Durante esa década, en la que el gobernante fue Daniel Ortega, se cometieron también en contra de la población persecuciones, confiscaciones, torturas, censura y muchas barbaries.
El 13 de septiembre de 1983, Ortega emitió el decreto 1327, creando la Ley del Servicio Militar Obligatorio (SMO), suavizado como Servicio Militar Patriótico (SMP), mediante el cual obligaba a ir a la guerra a los varones entre las edades de 18 a 40 años. Miles de jóvenes murieron en las montañas del país en enfrentamientos con la Contra, porque los sandinistas desataron una cacería contra ellos para obligarlos a ir a la guerra.
El 14 de febrero de 1988, el gobierno sandinista de Daniel Ortega ejecutó la Operación Berta, mediante la cual descapitaliza a miles de nicaragüenses. Mediante un decreto de Ortega, el número 306, la Ley de Conversión Monetaria dejó sin valor los billetes de ese momento y los cambió por otros a un cambio de 1,000 córdobas viejos por uno nuevo.
El problema fue que agarró desprevenida a la gente y, además, solo cambiarían billetes de 500 córdobas “viejos” para arriba y se cambiaría un máximo de 10 millones de córdobas “viejos”, es decir, un máximo de diez mil córdobas “nuevos”. Así, entre personas que no lograron cambiar y personas a quienes no se le cambió todo el dinero que tenían ahorrado fuera de los bancos, muchos fueron quienes se sintieron “asaltados” por el Gobierno de Ortega.
Habría que agregar a estos desmanes las confiscaciones que realizaron los sandinistas al empezar la toma del poder en julio de 1979.
Los abogados consultados por DESPACHO 505 aclaran que Ortega es solo uno de los responsables de estos crímenes, porque los implicados son más.
4. La Piñata
Daniel Ortega pagó por el conjunto de casas en El Carmen, donde vive, menos de 42 mil dólares, un precio irrisorio. La inscripción de las siete propiedades la hizo 24 horas antes de entregar el poder a Violeta Barrios de Chamorro. De todas, la más conocida es la de Jaime Morales Carazo y su esposa Amparo Vásquez, porque durante 26 años reclamaron esta propiedad sin éxito.
La adquisición de esos bienes Ortega la hizo a través de “la Piñata”, a como se conoció el proceso de apropiación de los sandinistas de propiedades confiscadas mediante tres leyes, 85, 86 y 88, entre la fecha que perdieron el poder, 25 de febrero de 1990, y la fecha que lo entregaron a Violeta Barrios de Chamorro, 25 de abril de ese mismo 1990.
La justificación de los principales dirigentes del Frente Sandinista para aplicar estas leyes fue que, como no esperaron perder el poder en las elecciones de 1990 y no habían legalizado las propiedades que habían confiscado y repartido en los años ochenta, entonces tuvieron que legalizarlas en solamente dos meses. Eso provocó un caos y un desorden institucional que la gran mayoría de sus dirigentes y militantes aprovecharon para adquirir fortunas.
Como se confiscaron miles de propiedades a personas que consideraron somocistas, y como las mismas fueron repartidas entre sandinistas, se calcula que el daño económico al pueblo fue de 2,200 millones de dólares, los que aún están siendo pagados por la ciudadanía.
5. Asesinatos selectivos
Alrededor de Daniel Ortega han muerto una serie de personajes cuyos fallecimientos han levantado suspicacias. Uno de los más emblemáticos, Carlos Guadamuz, director de Radio Ya, amigo muy íntimo de Ortega desde cuando ambos estuvieron presos en las cárceles del somocismo.
Guadamuz fue asesinado en febrero de 2004, cuando, tras criticar a Ortega, publicaba su programa Dardos al centro desde el canal 23 de televisión, por un exmiembro de la Seguridad del Estado sandinista Wiliam Hurtado, quien solo estuvo preso un poco más de tres años.
Además, murió Herty Lewites, excandidato presidencial del MRS quien le restaba votos a Ortega en las elecciones de 2006, las mismas que le permitieron regresar al poder.
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Murió también, supuestamente por suicidio, el alcalde de Managua, Alexis Argüello, gloria del deporte nicaragüense, cuando supuestamente iba a denunciar que el orteguismo no lo dejaba ejercer el gobierno municipal.
“A Ortega se le atribuyen asesinatos selectivos o ejecuciones extrajudiciales a opositores y disidentes, por ejemplo, el de Carlos Guadamuz, y asesinatos de campesinos”, indicó una de las fuentes a DESPACHO 505.
Otra de las fuentes mencionó al líder empresarial Arges Sequeira, al boxeador Alexis Argüello, al exalcalde Herty Lewites y al hermano de una joven que habría tenido un hijo a Ortega, el cual murió encarcelado.
6. Delitos contra la Constitución Política de Nicaragua
A Ortega también se le achacan delitos contra la Constitución, especialmente el haber burlado descaradamente la prohibición de reelegirse, pero también la anulación de derechos y libertades como la libertad de prensa, de expresión, de asociación, libertad de cátedra, libertad religiosa, entre otras libertades.
En 2011, a pesar de que la Constitución se lo prohibía, Ortega se inscribió como candidato presidencial con el apoyo de los magistrados tanto judiciales como electorales y se reeligió contraviniendo a la Carta Magna.
También, mantiene una persecución desde que regresó al poder en 2007, que se agravó en 2018, contra periodistas, medios de comunicación, partidos políticos, oenegés, universidades, la iglesia católica y sus sacerdotes, entre otros actores de la sociedad civil.
7. Ley del canal interoceánico
El 13 de junio de 2013, la Asamblea Nacional, por órdenes de Daniel Ortega, aprobó sin consultar a los pueblos indígenas y afrodescendientes, la concesión de un canal interoceánico en Nicaragua a la Empresa Hong Kong Nicaragua Development (HKND).
El 7 de julio de 2014, HKND y el gobierno de Nicaragua anunciaron la ruta del Canal y la planificación de la construcción de varios subproyectos, ubicados en el istmo de Rivas, en las costas del Océano Pacífico, y sobre el Gran Lago de Nicaragua o Cocibolca, los que perjudican a las comunidades indígenas Salinas de Nahualapa, Nancimí, Veracruz del Zapotal, Urbaite de las Pilas y San Jorge, plasmó en un documento la abogada María Luisa Acosta.
También la construcción de un puerto de aguas profundas en tierras de la comunidad Kriol de Monkey Point, y Rama, de Punta de Águila o Bangkukuk Tai, donde habitan los últimos hablantes del idioma Rama.
El proyecto canalero de Ortega afectó tanto que dio origen a las protestas y el surgimiento del Movimiento Campesino, quienes se juntaron en la defensa de sus tierras y del medio ambiente.
Aunque no se ha construido el mencionado canal, la ley no se ha derogado, por lo tanto el daño persiste hasta hoy.
8. Corrupción
Se desconoce cuánta fortuna tiene Daniel Ortega, porque en 2007, cuando regresó al poder, mintió en la declaración de probidad, no dijo todo lo que tenía porque muchos de sus bienes están a nombre de testaferros.
Anteriormente, en una de sus declaraciones de probidad, en el 2002, cuando asumió como diputado tras perder las elecciones ante Enrique Bolaños, Ortega dijo que tenía un patrimonio que sumaba 217,943 dólares.
Ortega, quien admitió en 1990 que había nacido pobre, no tenía ninguna pertenencia de gran valor cuando llegó al poder la primera vez, en julio de 1979.
En la actualidad, está considerado como uno de los hombres más ricos de Nicaragua, especialmente luego de que recibió y manejó discrecionalmente cinco mil millones de dólares provenientes de la cooperación venezolana que le otorgó el fallecido Hugo Chávez.
Él y sus hijos hoy manejan empresas de todo tipo, además de que muchos miembros de su familia cobran altos sueldos en el Estado, en un nepotismo nunca visto, tal vez solo comparado con el de la familia Somoza.
La riqueza de la familia Ortega Murillo no ha sido cuantificada públicamente. Sin embargo, el economista Enrique Sáenz, según citó el medio Infobae, considera que es “de 2.500 millones de dólares como mínimo”, porque ese fue el monto que la empresa Caruna, ligada a los Ortega, había encomendado al banco Bancorp, para su administración mediante un conjunto de contratos de fideicomiso.
9. Crímenes de lesa humanidad en 2018
Las protestas cívicas de abril de 2018 fueron reprimidas por Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo con paramilitares y armas de guerra, dejando un saldo superior a los 320 nicaragüenses asesinados.
La represión desatada por los Ortega Murillo fue calificada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) como crímenes de lesa humanidad contra la población nicaragüense.
Según el GIEI, los crímenes cometidos por Ortega en 2018 no prescriben ni tampoco pueden ser amnistiados. Es decir, no hay forma de que pueda evitar ser enjuiciado por ellos.
10. Detenciones ilegales
A Ortega se le considera responsable de detenciones ilegales en contra de opositores, periodistas, empresarios, jóvenes, defensores de derechos humanos, sacerdotes, feministas, líderes políticos, entre otros.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, actualmente hay 235 personas encarceladas en las mazmorras del régimen Ortega Murillo, 26 mujeres y 209 hombres, incluyendo a 10 presos políticos capturados previo a 2018.
Sin embargo, en 2018 fueron más de mil personas las que estuvieron presas en manos de los Ortega Murillo.
A Ortega se le señalan malos tratos contra los prisioneros políticos, especialmente contra los que se encuentran en las celdas de El Nuevo Chipote. Los mantiene aislados, no les da buena comida ni permiten que sus familiares les lleven, no los saca al sol, no permite visitas con la frecuencia debida, no les permite lectura, no les da atención médica. A Ortega se le ha denunciado por torturarlos.
Además, los juicios contra ellos no son justos, sino con pruebas inventadas y testigos falsos.
