Con apenas una hora de diferencia, el orteguismo ha concretado dos movidas electorales que cierran la puerta a la demanda de garantías de transparencia en los comicios de noviembre próximo. Luego de repartir siete de los diez cargos de magistrados entre fichas del FSLN, la Asamblea Nacional aprobó la propuesta de reforma electoral a la Ley Electoral presentada por la bancada sandinista.

El texto fue rechazado de manera categórica por la oposición unida al tiempo que desde la comunidad internacional surgieran llamados directos para crear las condiciones que permitan a Nicaragua salir de la crisis que padece desde hace tres años mediante un proceso de elección libre, transparente y observado.

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Ni Ortega ni sus diputados escucharon las críticas ni recomendaciones, y con el respaldo de sus aliados han conseguido 85 votos favorables para dejar firme el texto. Esto tampoco ha sido sorpresa, previo a la votación entre la oposición tenían claro que Ortega no está dispuesto a deponer su plan de perpetuarse en el poder, sin importar las consecuencias que eso acarree.

El jurista José Pallais, por ejemplo, tenía la certeza de que el resultado de la sesión parlamentaria de este 4 mayo sería dejar el control total y absoluto del proceso electoral en poder del FSLN.

MANTIENE INHIBICIONES

Uno de los cambios más polémicos es la inhibición de aspirantes a cargos de elección popular, como una manera de apartar del camino a cualquier figura que surja como un oponente fuerte del dictador.  

De acuerdo con el artículo 81 de la reforma orteguista a la Ley Electoral “no pueden ser inscritos como candidatos o candidatas a los cargos de elección quienes no llenen las calidades, tuvieren impedimentos o les fuere prohibido” de conformidad con lo establecido en Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, ambas consideradas instrumentos para reprimir a los opositores.

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Además, el texto contempla la “cancelación de la personería jurídica de los partidos que incurran en actos contrarios y de alteración al orden público, que a su vez inciten a la injerencia extranjera perjudicando y contradiciendo la norma constitucional y normas específicas, en la paz y bienestar socioeconómico del país y sus ciudadanos”. 

Para Pallais no hay garantías para las elecciones de noviembre, “es una oportunidad perdida”, para lograr afianzar la institucionalidad y la confianza en el CSE. “No veo ningún avance, más bien veo retrocesos significativos en relación a la Ley Electoral (actual)”, manifestó.

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