Hasta ayer, 67 mujeres habían sido víctimas de la violencia machista. Y en la última década, el país ha contado en promedio la pérdida de 50 mujeres por año, a manos de hombres, sin que el Estado de Nicaragua asuma su rol de erradicar las violencias que se ceban con ellas. 

El sentimiento que causan estas cifras es de impotencia. Impotencia porque las mujeres están indefensas y no tienen un sistema de justicia que las ampare, porque las organizaciones que las asesoraban y las empoderaban fueron cerradas por el régimen, porque no es posible salir a las calles a demandar políticas que atiendan el problema desde la raíz. 

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Los porqués podrían ser más. La impotencia de no saber qué hacer no provoca más que replantearnos la idea de que se debe salir pronto de la dictadura de Daniel Ortega, el principal violentador de Nicaragua, para atender un problema histórico que se profundiza ante la impunidad. 

A día de hoy, como lo contamos en el reportaje que abre nuestro sitio web, no hay un marco jurídico eficiente que proteja a las mujeres. Ortega desmanteló la Ley 779, según él para atender mejor el problema, y reformó la Constitución para imponer la cadena perpetua a quienes mataban a mujeres. Nada ha tenido efectos positivos.

Sin embargo, Ortega impulsó otras medidas que no hacían más que garantizar la impunidad a violadores, asesinos y abusadores. Todos los años, libera a presos sin que cumplan sus condenas y estos salen a asesinar, abusar y violar de nuevo. Es decir, libera sin políticas de reinserción social. 

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Y desde el Ejecutivo se impulsan medidas que no atienden las violencias de forma integral. Rosario Murillo impulsa la distribución de cartillas supuestamente para sensibilizar, pero realmente son documentos cargados de propaganda. En las estaciones policiales tampoco hay personal sensibilizado con las mujeres, es por eso que las obligan a mediar con el agresor, que en el peor de los casos las terminan matando. 

Aunque las feministas y organizaciones de mujeres continúan denunciando al régimen por la represión a los opositores y la falta de políticas que defiendan a las mujeres, poco se puede hacer. Nicaragua necesita leyes efectivas, jueces y fiscales capacitados, y una sociedad civil que fiscalice y eduque. Y a una sociedad que que se involucre en la defensa de mujeres y niñas. Mientras eso no ocurra, seguiremos sintiendo impotencia. Por eso urge salir de la dictadura.