La Administración de Joe Biden ha lanzado una campaña a favor de la liberación de los presos políticos del mundo, entre los que destacan los que son rehenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. «Sin justa causa», es el nombre de la iniciativa que busca visibilizar a quienes están sujetos a torturas, condiciones inhumanas, desaparición forzada y otras formas de abuso.
La campaña también busca hacer conciencia a nivel internacional sobre la difícil situación que enfrentan los reos de conciencia y sus familias. “No podemos permitir que eso continúe”, dijo el Departamento de Estado de Estados Unidos en una hoja informativa donde compartió historias de presos políticos de Siria, China, Venezuela, Cuba, Egipto, Bielorrusia, Rusia, Corea del Norte, Azerbaiyán, Irán, Vietnam y Nicaragua.
En el caso de Nicaragua, compartieron la historia del aspirante a la presidencia Juan Sebastián Chamorro y de Violeta Granera, ambos capturados en junio del 2021 y recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), conocida como El Chipote.
“El régimen sigue negando a los nicaragüenses el derecho a la libertad de expresión y a participar en el Gobierno de su país a través de elecciones. Ortega tiene miedo a una elección justa y de cualquier crítica a su Gobierno”, expone la publicación.
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La campaña señala que las familias de los presos políticos anhelan reunirse con sus familiares, y por eso “Estados Unidos ha lanzado la campaña de presos políticos #SinJustaCausa, sobre la base de nuestros compromisos en la primera Cumbre por la Democracia”.
ABOGAR POR SU LIBERACIÓN EN TODOS LOS NIVELES
Desde Washington hasta las embajadas y consulados en todo el mundo, Estados Unidos va a abogar por la liberación de todos los presos políticos por la vía diplomática y a través de eventos bilaterales ante organizaciones internacionales y en reuniones con gobiernos y oenegés.
“Estos individuos destacan los crecientes esfuerzos autoritarios para silenciar la disidencia y suprimir las libertades fundamentales”, expone el Departamento de Estado.
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La administración Biden dice que algunos gobiernos abusan de sus sistemas legales para manifestantes pacíficos o críticos del Gobierno con cargos artificiales como “terrorismo”, “extremismo”, “delitos cibernéticos”, “noticias falsas” o “vandalismo”, tal como ha ocurrido en Nicaragua.
“Muchos son condenados por tribunales que carecen de independencia, en juicios cerrados a observadores externos, mientras que otros son detenidos sin que se les concedan otras protecciones legales aplicables”, considera la Administración Biden.
En Nicaragua, según cifras del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas se contabilizan al menos 235 presos políticos con datos reportados al 30 de noviembre del 2022.
