La despenalización del aborto en Nicaragua no haría parte de la Agenda-país si la oposición unida lograra derrotar a la dictadura de Daniel Ortega en unas elecciones libres y justas, en noviembre próximo.

“Soy provida”, declararon este viernes Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Miguel Mora, aspirantes a ser el candidato a la Presidencia por el bloque opositor, durante la primera emisión del programa NICARAGUA DEBATE, una iniciativa periodística promovida por 100% Noticias, DESPACHO 505, La Lupa y Nicaragua Actual, con el objetivo de abrir un espacio para el intercambio de ideas que acerquen a la ciudadanía a las figuras que asumen posiciones de liderazgo en este momento histórico para el país.

Al margen de las posiciones personales de no al aborto, los aspirantes coincidieron en que si bien es un tema importante y necesario, este no sería incluido en las líneas de trabajo de un Gobierno democrático, post Ortega. Consideran que la restauración de la democracia, la institucionalidad, la restauración del sistema de Justica y las garantías de justicia, memoria y no repetición para las víctimas de la dictadura, son los temas que se deben priorizar.

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“En términos personales me declaro una persona provida”, zanjó Juan Sebastián Chamorro, aspirante de la Alianza Ciudadana, para luego decir que el debate sobre el aborto “por lo complicado del tema, por lo contradictorio”, debería ser abordado “en una Nicaragua democrática, donde el Soberano (el pueblo) aborde el tema de una manera participativa”.

MORA: NO LO VA DECIDIR UN PRESIDENTE NI UN CIUDADANO

La respuesta de Miguel Mora, integrante de la Coalición Nacional, fue en la misma línea, personalmente está en contra del aborto porque se declara un “defensor de la familia” y califica el aborto como un tema “tabú”.

La decisión sobre despenalizar el aborto en Nicaragua -dijo- “la tiene que tomar el pueblo, mediante referéndum (…) no va decidirlo un presidente ni un ciudadano, hay que preguntarle al pueblo, es la esencia de la democracia”, argumentó. Y selló: “No creo que sea un tema prioritario porque estamos entrando en una restauración de la democracia”.

Maradiaga, quien mediante sorteo quedó de tercero para tomar la palabra, manifestó su posición de rechazo al aborto, y expresó que institucionalmente la Unidad Nacional Azul y Blanco a la que pertenece, y de la que forman parte feministas, no incluyó el aborto entre los veinte puntos que consideran urgentes a ser atendidos en el país.

“Ese no es un tema que se abordará para nada en la agenda de la Unidad Nacional en los próximos años”, puntualizó.

Chamorro, incluso dijo que en este momento las “discusiones ideológicas complejas como el aborto ayudarían solamente a distraer la opinión hacia un tema fundamental que representa la dictadura”.

UN PROBLEMA DE SALUD QUE LE CUESTA LA VIDA A LAS MUJERES

El aborto es una demanda latente en Nicaragua y diferentes partes del mundo. Las mujeres exigen la libertad de decidir asumir una maternidad y a no ser condenadas o forzadas a poner en riesgo sus vidas porque las leyes impiden la interrupción de un embarazo.

En Latinoamérica solo Cuba y Uruguay permiten la interrupción voluntaria del embarazo. Argentina avanzó en esta materia a finales de 2020, al lograr el “Sí” en la votación de una ley que legaliza el aborto hasta la semana 14 de gestación.

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Nicaragua en cambio es parte de los países con las leyes más radicales: en 2006 la Asamblea Nacional derogó el artículo 165 del Código Penal que reconocía el derecho al aborto terapéutico en Nicaragua. Actualmente no es permitido abortar bajo ninguna circunstancia y hacerlo el riesgo a una pena carcelaria de 2 a 6 años de prisión.

La consecuencia de esto, según un informe presentado en 2017 por Human Rights Watch pone en riesgo la salud y la vida de mujeres y niñas porque “la prohibición no ha detenido los abortos, sino que los ha hecho más inseguros”.

La organización entrevistó a mujeres, proveedores médicos, abogados y defensoras que han intervenido en abortos clandestinos en Nicaragua para documentar los riesgos y las graves consecuencias que tiene la penalización de la interrupción de un embarazo, muchas de ellas menores de edad víctimas de violencia sexual, provenientes de zonas alejadas y empobrecidas, que “tienen menor posibilidad de tomar decisiones acerca de su atención médica”.

“La violencia sexual es una amenaza grave para las mujeres y niñas de Nicaragua (…) No deberían ser doblemente victimizadas, al ser obligadas a llevar a término embarazos que pueden haber sido resultado de violaciones”, opina Sarah Taylor, defensora de Derechos de la Mujer de Human Rights Watch.

Las organizaciones de mujeres promueven políticas públicas para tener aborto legal, seguro y gratuito, puesto que las que deciden no ser madres, o las adolescentes que quedan embarazadas producto de violaciones, aunque la ley no lo permita, terminan abortando en clínicas clandestinas inseguras, como un derecho sobre sus cuerpos.

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