Cada vez con mayor frecuencia se deja ver en redes sociales y medios de comunicación información sobre robos, asaltos, agresiones con diferentes tipos de armas, femicidios, abusos sexuales a niñas, niños y adolescentes; poniendo en evidencia la escalada en los niveles de inseguridad ciudadana en Nicaragua.

Contradictoriamente desde hace dos años el Ministerio de Gobernación, sin que haya una explicación para las y los nicaragüenses -lógica o ilógica- está poniendo en libertad a reos comunes que purgaban penas por diferentes delitos.

De tal manera que, ayer sábado por la tarde, dos noticias en los medios de comunicación me estremecieron; la primera dice que “800 reos comunes han sido liberados hoy, para totalizar 23,367 en los últimos dos años”. La otra noticia dice que, dos hermanitas de 10 y 12 años fueron brutalmente asesinadas en el municipio de Mulukukú y que la niña de 10 años presentaba señales de abuso sexual.

Hasta hace pocos años al hablar de abuso sexual con grupos de profesionales, docentes, madres y padres de familia les explicaba que los abusadores sexuales, en su estrategia de abuso, no necesitan utilizar la fuerza física para someter a niñas, niños y adolescentes; utilizan la confianza, el afecto, el juego, los regalos y siendo seductores logran atraparles, de tal forma que muchas veces ni siquiera reconocen la situación abusiva, pues el abusador les dice que todo es “por amor”. Ahora la situación es más grave, porque los abusadores sexuales sí están matando a las niñas. En Estelí, en Chinandega y ayer, a estas niñas, en el Caribe Norte.

Esta es una demostración palpable de lo que llamamos descomposición social, donde se están conjugando los factores de mayor vulnerabilidad, inseguridad y riesgo para niñas, niños y adolescentes. Y por eso, es muy necesario e importante valorar cómo está incidiendo la liberación de reos comunes, sin que haya ningún tipo de ley que defina algún parámetro que se esté aplicando para dejarlos en libertad, además que están siendo puestos en libertad con tanta frecuencia y en tan grandes cantidades cada vez.

Porque los que están saliendo sin el cumplimiento de su pena, están sintiendo cómo la impunidad está favoreciéndoles y quienes aún no han sido penalizados asumen que tienen mejores condiciones para continuar cometiendo el delito y aún más, también para matar a niñas, niños y adolescentes después del abuso sexual.

La lectura que los delincuentes están haciendo es que ya no hay problema, que no importa cómo se cometa el delito, porque tienen garantizado salir en libertad, aunque los condenen. De tal forma, que estamos ante la condición de desvalorización de la vida humana, porque no importa matar; cuando además de la impunidad de los delincuentes, se presenta un ambiente de mayor riesgo e inseguridad y por otro lado, las familias de quienes han vivido el abuso sexual lo sienten como una burla, que además les genera temor, angustia y la zozobra de pensar que en cualquier momento el delincuente puede llegar a hacer más daño.

ES HORA DE ACTUAR

La mamá de las niñas que fueron asesinadas en Mulukukú refiere cómo su hija de 12 años ya había sido abusada cuando era más niña, en dos momentos diferentes. Y también dice que, ella fue a la policía, para denunciar en las dos ocasiones anteriores, pero que no obtuvo ninguna respuesta. Hoy expresa desconfianza en la instancia policial, no cree que se haga justicia, a pesar que sus dos niñas están muertas.

Esto es solo una muestra del panorama social que implica la violación de los derechos de niñas, niños y adolescentes y, en todo caso, la privación de la vida. Hay quien me pregunta si hay una política definida por el gobierno para proteger a niñas, niños y adolescentes del abuso sexual.

Y siempre respondo que esa es la principal carencia que tenemos y desde organizaciones defensoras de derechos humanos hemos visibilizado el problema, hemos demandado, hemos hecho propuestas; pero no es posible hacer interlocución con las paredes, porque eso es lo que hemos encontrado en las instituciones con las que antes coordinábamos y buscábamos alternativas de respuesta para el abuso sexual.

Por eso, hechos como lo acontecido con las niñas en Mulukukú, o cualquier situación de abuso sexual, nos deben siempre mover a actuar como personas, como familia, organizaciones, medios de comunicación, empresas, universidades y demás sectores sociales; porque el abuso sexual no es un “asunto” privado, no es un algo que se debe “resolver en la familia en función del amor y la unidad familiar”.

Es un problema social y de violación de derechos humanos, que genera graves daños en quien lo vive, es un delito. Y con la crisis social, política y económica que vive el país se ha visto incrementado; aún más con la crisis generada por la pandemia de COVID-19, pues muchos abusadores están quedándose en casa o quedaron en el desempleo, mientras las mamás tienen que salir a trabajar dejando a sus hijas e hijos en casa -no los envían al colegio para protegerlos del COVID-19- y los abusadores tienen mejores oportunidades para continuar el abuso sexual.

Las instituciones del Estado no están dando respuesta, pues el abuso sexual es un problema multifactorial, que requiere respuestas interdisciplinarias e interinstitucionales, con la participación de todos los sectores sociales, para tener que esta respuesta sea efectiva.

Es hora entonces de asumir todas y todos, con responsabilidad social y humana esta problemática, desde la prevención del abuso sexual hasta para saber qué hacer ante su ocurrencia. Lo primero es que, no perdamos nuestra capacidad de asustarnos ante la perversidad del abuso sexual, mantener nuestra sensibilidad humana es fundamental. Lo contrario será comenzar a asumir que el abuso sexual es algo “normal” o que son las niñas, niños y adolescentes quienes provocan a los abusadores o que una muerte más no importa. Eso sería abominable.

La autora es miembro del Movimiento Contra el Abuso Sexual.

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