Daniel Ortega llevó al más alto escalafón de mando dentro de la institución policial a siete comisionados mayores. Más que un reconocimiento al mérito por el servicio cumplido, un premio a cuadros responsables de dirigir sangrientas operaciones contra la población civil desde abril de 2018.

La designación como nuevos comisionados generales de los comisionados mayores Fidel Domínguez, Suban Antonio Yuri Valle Olivares, Juan Alberto Valle Valle, Julio Sánchez y Pedro Rodríguez Argueta ya se había hecho pública, pero fue oficializada este miércoles, en el acto de conmemoración del 41 aniversario de fundación de la Policía. Los otros dos ascensos al grado de comisionado general fueron para Karlota Espinoza Aragón y Clifford Alberto Tijerino Pérez.

HISTORIAL REPRESOR

El ahora comisionado general Juan Alberto Valle Valle, jefe de la Dirección Brigada de Tránsito de Managua, es parte de los cinco altos mandos de la Policía sancionados por Estados Unidos. Es señalado de haber ejecutar restricciones sistemáticas de la libertad de movimiento y expresión de los nicaragüenses. Además, es identificado como el mando policial que en 2019 dirigió el acoso contra las personas refugiadas en el centro comercial Metrocentro.

Valle Valle ingresó a la lista – 22 a la fecha- de funcionarios y entidades nicaragüenses sancionados por Estados Unidos. Junto a él fue designada toda la institución policial y los comisionados Luis Alberto Pérez Olivas, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial y la cárcel El Chipote; y Justo Pastor Urbina, de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP). Más tarde el Tesoro sumó al director de la policía y consuegro de Ortega, comisionado general Francisco Díaz; y Ramón Avellán, segundo jefe del órgano, cargo también otorgado por Ortega tras su participación como líder de los escuadrones represores en la ciudad de Masaya.

En general, el Estados Unidos identifica a la Policía y sus altos cargos designados como responsables de ejecuciones extrajudiciales, secuestros, torturas y prohibición sistemática del derecho a la manifestación pacífica.

DOMÍNGUEZ, EL CHACAL DE LEÓN

Otro cuestionado mando policial es el jefe de la delegación de León, Fidel Domínguez, un veterano en las filas policiales que fue ascendido en ese cargo el 23 de agosto de 2018. a partir de entonces comenzó a convertirse en el máximo represor de los opositores. Ha dirigido la ocupación, destrucción y asedio contra Radio Darío, así como torturas, agresiones, persecución y agresiones contra opositores.

En noviembre de 2019 el jefe policial fue grabado dirigiendo el allanamiento ilegal de la vivienda de la familia Alonso y, lo que es peor, obligando a sus miembros a grabar videos en los que se comprometían a “no joder” a los militantes sandinistas. Él mismo dictándoles el “juramento”.

“Te me vas a comprometer a no volver a ofender, vos no sabes ni quién es mi madre, oíste. De la boca de mi madre jamás salió manjol como el que vos hablás. Podes agradecerle a ese viejecita que está ahí (la matriarca de los Alonso ya fallecida), porque te debería de romper las tapas y que te tragués todas las palabras. Me conocés y te conozco y en el terreno que vos querrás nos podemos ver. Te me comprometés a la paz, a no volver a estar jodiendo a la Policía en su labor constitucional, ni alterando el orden público”, dictó Domínguez a Diego Reyes Alonso.

ARGUETA ENTRE LA OPERACIÓN LIMPIEZA Y LAS AMENZAS A PERIODISTAS

Jefe policial en Carazo, el nuevo comisionado general Pedro José Rodríguez Argueta es señalado como el hombre detrás de la sangrienta Operación Limpieza en Carazo. Un ataque despiadado contra manifestantes opositores a Daniel Ortega que dejó una estela de muerte, llanto y rabia.

En un informe sobre las violaciones de derechos humanos cometidas en Nicaragua entre el 19 de junio y el 14 de julio de 2018, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), calificó el ataque a Carazo como una de las mayores masacres en la historia del departamento, que acabó con la vida de al menos 22 manifestantes en siete horas de ataque.

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Recientemente Argueta también fue señalado por las amenazas de muerte y la persecución contra los periodistas Gerall Chávez y Gema Serrano, esta última con orden de captura por los supuestos delitos de crimen organizado, terrorismo, abastecimiento ilegal de armas, “monitoreo de radio de vándalos” y daños a la propiedad pública.

DÍAZ RATIFICA: LA POLICÍA ES SANDINISTA

Durante el acto conmemorativo, presidido por Daniel Ortega y Rosario Murillo, en la Plaza de la Revolución, en Managua, Francisco Díaz reafirmó el carácter partidario de la Policía. Identificándola como Policía Sandinista.

En retribución, al igual que lo hizo con el Ejército de Nicaragua, Ortega entregó a la Policía la orden Augusto C. Sandino en máximo grado “Batalla de San Jacinto”.

“La Policía Nacional fue fundada a partir del triunfo de la Revolución Popular Sandinista, el 19 de julio del año 1979, como Policía sandinista en homenaje al legado de nuestro general de mujeres y hombres libres Augusto C. Sandino, motivo por que nos sentimos orgullosos”, manifestó Díaz en su intervención.

Gonzalo Carrión, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+ sostiene que al imponer un calificativo político partidario “sandinista” a una institución de las fuerzas armadas, Ortega y Murillo “formalizan su descaro” y es inconstitucional.

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“Ya perdimos esta institución, dejó de ser para el pueblo y sirven al poder político. Es formalizar los hechos. Están de rodillas, sometidos a la dictadura Ortega-Murillo. En el marco de la definición teórica, conceptual, constitucional, es una orden y las instituciones deben obediencia a la constitución, pero todo eso está invertido, manoseado”, dijo a Despacho 505

El artículo 97 señala que “la Policía Nacional es profesional, apolítica, apartidista, obediente y no deliberante. La Policía Nacional se regirá en estricto apego a la Constitución Política a la que guardará respeto y obediencia”. 

No obstante, desde 2018 Ortega reafirma y exalta la lealtad y fidelidad del cuerpo de seguridad nacional y las fuerzas armadas y sustenta en  estas la retención del poder y su resistencia a negociar una salida pacífica a la crisis sociopolítica que cada día deteriora la situación del país.

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