El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el principal organismo financiero que oxigena a la dictadura de Daniel Ortega, estará vigilando el impacto que tendrá la reforma Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras y Usuarias (Ley 842). El presidente del BCIE, Dante Mossi, evitó dar una opinión sobre la modificación a la legislación que obligará a la banca nacional a mantener las cuentas de funcionarios e instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.  

Mossi fue consultado sobre el tema durante un encuentro virtual con periodistas de economía de Centroamérica y confío que el Derecho impere en este tema: “Como banca internacional no podemos opinar sobre asuntos internos de legislación, pero yo confío que si la banca nacional se siente afectada, usará los recursos legales a su disposición para tomar la cautela del caso”, contestó.

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El ejecutivo financiero centroamericano enfatizó que el BCIE es una una institución respetuosa, no solo de las leyes internas sino externas, pero dijo que “definitivamente vamos a estar vigilando esta situación”. Además, expresó que confía en que el Derecho tome la decisión ya que “sabemos que la banca tendrá sus recursos legales, sus diálogos con el Gobierno para poder llegar a un consenso”. 

El régimen de Daniel Ortega reformó la Ley 842 con el argumento de proteger los intereses de los nicaragüenses cuando en realidad, aseguran especialistas, está atentando contra el sistema financiero nacional. Tras la aprobación, con 74 votos de los legisladores orteguistas y aliados en la Asamblea Nacional, diversas cámaras del sector privado advirtieron que Ortega lleva al país al aislamiento financiero internacional.

La lectura que ha  hecho los analistas políticos es que la dictadura ha declarado la guerra a los bancos privados del país, pues con la reforma mandata que los proveedores de servicio no podrán negar “sin causa legal justificada la atención de solicitudes ni cancelar contratos o transacciones que legítimamente gestionada realicen las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o mixtas”, a la vez que obliga a las entidades a “atender o restituir la prestación de bienes y servicios negados (…) si así se resolviese”. La decisión obligará a mantener las cuentas abiertas de funcionarios e instituciones públicas sancionadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

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Según la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) la reforma pone en riesgo al país de pasar de la lista gris a la lista negra que impone el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), sin embargo desde el oficialismo dicen lo contrario. El diputado Wálmaro Gutiérrez dijo que no hay porqué pueda ocurrir eso: “Esta es una reforma positiva, una reforma necesaria”, dijo Gutiérrez. Mientras tanto, el titular del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) expresó que los ajustes a la Ley quitan privilegios a la banca.

RESPALDO DEL BCIE A LA REGIÓN 

El presidente del BCIE, Dante Mossi, dijo a periodistas que a pesar de las dificultades económicas y afectaciones a la salud pública que enfrentó la región centroamericana en 2020 por la pandemia de Covid-19 y los daños ocasionados por huracanes Eta e Iota, la institución demostró su sólido respaldo a sus países miembros.

“A través del apoyo efectivo y oportuno en beneficio de los centroamericanos, mediante la aprobación de 26 operaciones, de las cuales, 12 fueron programas y proyectos con un monto total de US$1,709 millones; nueve para financiamientos de líneas globales de crédito con una suma de US$649.2 millones; y cinco Operaciones de Política de Desarrollo por US$1,100.0 millones. Las aprobaciones suman un monto total de US$3,459 millones”, precisó. 

Este apoyo financiero a los países de la región beneficiará a más de cuatro millones de personas en programas sociales; cerca de 590 mil por medio del fondo de emergencia; más de 55 mil estudiantes y 1,429 docentes; así como unos 110 mil atletas. También hubo un desembolso de US$293 millones para 23 instituciones financieras de la región con el fin de apoyar a las mipyme en el sostenimiento de empleos y la reactivación económica. 

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“Se implementó el Programa de Crédito para Apoyar la Gestión de Liquidez de los Bancos Centrales de los Países Fundadores, fondos a los que accedieron Honduras y Nicaragua por un monto de US$200 millones cada uno. El BCIE se convirtió en el primer Multilateral de Desarrollo en emitir un COVID-19 Vaccine Bond y luego emitió un segundo bono en el mercado asiático, para captar un monto total de US$100 millones provenientes de los mercados de capital”, añadió el presidente del organismo financiero. 

En enero de 2021 el Banco aprobó un aumento de hasta de US$400 millones para la adquisición y aplicación de vacunas contra la Covid-19 a ocho países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) permitiendo a cada país contar con una asignación de US$100 millones.

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