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Reporte 505

El Consejo de Ancianos de la Muskitia denuncia que proyecto ambiental del régimen atenta contra los intereses de las comunidades indígenas

Los comunitarios plantean que el Estado de Nicaragua no cuenta con una política «efectiva» de participación ciudadana, además desautorizan las cartas de apoyo al proyecto BioClima enviadas por al menos ocho representantes de comunidades.

Masacre en la Reserva de Bosawás.

El Consejo de Ancianos de la Muskitia denunció los “avances sin consenso y contrario a los intereses de las comunidades” de BioClima, el proyecto ambiental del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo cuyo fin es reducir la deforestación en la reserva de biosfera de Bosawás y en Río San Juan.

El monto de este proyecto es de 116.6 millones y el préstamo fue suscrito entre el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Ministerio de Hacienda y ratificado por la Asamblea Nacional el 17 de noviembre del 2021.

“El Consejo de Ancianos de la Muskitia, hace pública (la) denuncia sobre los avances sin consenso y contrario a los intereses de las comunidades, de la gestión de recursos a nivel internacional para la mitigación y la adaptación al Cambio Climático”, expone el comunicado con fecha del 24 de febrero.

El documento señala que el proceso de saneamiento se desarrolla de forma “unilateral” y no toma en cuenta los planteamientos de las comunidades que años atrás han denunciado las invasiones de sus territorios.

De los 116.6 millones de dólares, 44.3 millones serán aportados por el BCIE vía préstamos; $37.95 millones a través del Fondo Verde del Clima y 34.4 millones vía donación entre el Fondo Verde del Clima y el Fondo Mundial para Medioambiente.

El proyecto persigue reducir la deforestación en la reserva de biosfera Bosawas, que constituye la mayor reserva forestal de Centroamérica y la tercera a nivel mundial; así como la reserva de Río San Juan, fronteriza con Costa Rica, que alberga una “gran diversidad” de especies de flora y fauna, con una extensión de 1.834.107 hectáreas, de acuerdo a la información oficial.

DENUNCIA FALTA DE CONSULTA

En junio del 2021, el Mecanismo Independiente de Reparación (IRM por sus siglas en inglés), que investiga quejas a proyectos ejecutados con Fondos Verdes, recibió una queja de manera confidencial, en la cual exponían que los comunitarios acogían con satisfacción los objetivos del proyecto, pero reclamaban que no se había consultado con las comunidades y que se corría el riesgo de que ocasionaría afectaciones al medioambiente y ataques por parte de los colonos, entre otros puntos.

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En junio del 2022, una delegación del IRM que visitó la zona constató la falta de consultas a las comunidades indígenas sobre los objetivos, los alcances y los riesgos del proyecto BioClima presentado al Fondo Verde del Clima (FVC).

En el pronunciamiento el Consejo de Ancianos dice que las cartas que enviaron los gobiernos territoriales de Li Lamni, Wangki Twi Tasba Raya, Twi Yahbra, Tuahka, Wuagki Maya, Tasba Pri, Mayangna Sauni As, así como la Nación Mayangna, a Yannick Glemarec, director del Fondo Verde del Clima, “no representan la voluntad de las comunidades y territorios que dicen representar”.

“La mayoría son autoridades impuestas por las estructuras políticas del Gobierno a las comunidades y territorios, incluso las autoridades mayangnas no gozan del completo respaldo de sus bases”, detalla el comunicado, que agrega que dichas cartas no fueron consultadas con las asambleas comunales de cada territorio.

“Las comunidades incluso no conocen bien el proyecto del BioClima, y tiene el temor que el financiamiento al saneamiento territorial sea sin garantías reales, los despojará de sus territorios y profundizara la colonización cultural de nuestros pueblos”, exponen.

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En octubre del 2022, el BCIE emitió una resolución autorizando el plazo para iniciar los desembolsos del préstamo “hasta por doce (12) meses adicionales, contado a partir del 18 de noviembre del 2022, es decir, hasta el 18 de noviembre del 2023”.

DEMANDAS QUE PLANTEA EL CONSEJO DE ANCIANOS

El Consejo de Ancianos denuncia que el Gobierno de Nicaragua carece de una política de participación ciudadana efectiva ya que ha impuesto en las comunidades y territorios “a persona afines al partido en el poder» y que «no gozan del respaldo legítimo y amplio de las comunidades y territorios”.

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Este organización ha denunciado las invasiones de tierra que, según dice, iniciaron en febrero del 2004, ocasionando la deforestación de bosques en los territorios indígenas y en la reserva de Bosawás, así como ataques armados contra los comunitarios por parte de los colonos. Estas agresiones ha dejado al menos 67 indígenas asesinados, el despojo de las tierras indígenas y familias desplazadas.

En ese sentido, señala que el Estado de Nicaragua no ha juzgado a los responsables de los ataques “e incluso ha permitido la creación de un entorno de amenaza y riesgo para defensores comunitarios” de la Madre Tierra y de los derechos de las comunidades indígenas. En el comunicado mencionan diferentes ataques perpetrados por colonos.

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“Estos eventos mencionados fueron denunciados pero las autoridades no atendieron debidamente a las comunidades, incluso la Policía Nacional en Bilwi decía que ‘no estaban autorizados para recepcionar denuncias por el conflicto de propiedad’”, añade el comunicado.

NO HAN DADO MUESTRAS DE BUENA VOLUNTAD

En el comunicado, el Consejo de Ancianos indica que el Estado de Nicaragua no ha ofrecido “muestras creíbles de buena voluntad para resolver” el problema de saneamiento de las tierras indígenas, por eso piden como “muestras de buena voluntad” que se realice la elección de sus autoridades, según sus costumbres y tradiciones, sin ningún tipo de injerencia política ni de otra índole.

Además, solicitan la judicialización de las personas que han permitido la invasión de sus tierras, de todos los colonos que han cometido delitos contra la seguridad física de los indígenas, y de los que han traficado sus tierras. “Reconocer que las invasiones han crecido debido a la impunidad ante los delitos contra la Madre Tierra y la propiedad colectiva los últimos 14 años”, demandan.

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