La suerte está echada para el futuro electoral de Nicaragua. Hoy el plenario de la Asamblea Nacional aprobará los dos puntos que determinarán el desarrollo de las elecciones generales de noviembre próximo. En el orden del día, ya está el dictamen de la iniciativa de reformas a la Ley Electoral que introdujeron los sandinistas el 12 de abril pasado, así como la elección de los diez magistrados (7 propietarios y 3 suplentes) del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Diversos sectores de la oposición se han unido y manifestado su rechazo a la iniciativa de reforma a la Ley Electoral. La califican como una “contrarreforma”, ya que no contempla las condiciones para que se desarrollen unos comicios limpios, transparentes y observados.

La alerta sobre las faltas de garantías para los comicios han llegado también de la comunidad internacional, que desde 2018 insiste a Daniel Ortega en retomar el cauce democrático y buscar una salida pacífica a la profunda crisis en Nicaragua. Este lunes, horas antes de la cita legislativa para que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional presente al plenario los dos polémicos dictámenes, el gobierno de Estados Unidos, a través de su subsecretaria interina para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado Julie Chung, instó al régimen de Daniel Ortega y a sus diputados a aprovechar la oportunidad para “hacer el sistema electoral más creíble”.

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“El pueblo de Nicaragua sabe que su proceso electoral necesita reformas para poder elegir a sus líderes libre y limpiamente, con transparencia y credibilidad”, expresó Chung en su cuenta de Twitter.

INHIBICIONES Y CONTROL DE ORTEGA

El dictamen de la iniciativa de reforma inhibe a los aspirantes a cargos de elección popular que establecen la Ley de Agentes Extranjeros y la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz. Se mantiene que los partidos políticos deben solicitar permiso a la Policía Orteguista para realizar sus actos de campaña y se prohíbe que los partidos políticos reciban financiamiento o donaciones provenientes del extranjero o de nacionales en el exterior.

La lectura que hace del dictamen el jurista y exdiputado José Pallais es que la iniciativa de reforma a la Ley Electoral no sufrirá cambios sustantivos este martes, cuando se discuta en el plenario.

“¿Por qué? Aunque dicen que tomaron en consideración algunas propuestas de las consultas, ni siquiera reflejan en el dictamen cuáles fueron los principales aportes de las consultas”, comentó Pallais, ya que el proceso de consulta fue “protocolario e incompleto”, ya que no se consultó a la sociedad civil.

Añadió que la Ley que saldrá será una que le permita a Ortega mantener el control total y absoluto del proceso electoral, que mantiene el bipartidismo, que agrega las inhibiciones a los candidatos de la oposición y que limita la capacidad de financiamiento de la oposición entre otros aspectos.

“OPORTUNIDAD PÉRDIDA”

Para Pallais no hay garantías para las elecciones de noviembre, “es una oportunidad perdida”, para lograr afianzar la institucionalidad y la confianza en el CSE. “No veo ningún avance, más bien veo retrocesos significativos en relación a la Ley Electoral (actual)”, manifestó Pallais.

Hoy la oposición y la comunidad internacional ya tendrá un panorama claro de lo que será el proceso electoral de noviembre, por eso el exdiputado considera que los sectores que adversan a Ortega deben de entrar en un proceso de reflexión y análisis en el cual debe de coincidir con el plazo de la Organización de Estados Americanos (OEA) que es el 30 de mayo.

Pallais indicó que la oposición tiene dos caminos: no participar en una “nueva farsa” y otra participar para aprovechar los espacios para denunciar al régimen de Ortega. 

Por su parte el analista político Eliseo Núñez indicó que Ortega está dispuesto a que la comunidad internacional no acepte las elecciones de noviembre como legítimas y a aislarse.

“Todo eso tiene que ver con un cálculo de él (Ortega) que en enero del 2022 quiere tener a la comunidad internacional y a la oposición en Nicaragua negociando las elecciones del 2026”, expresó Núñez.

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A juicio de Eliseo, Ortega trabajando sobre la “sucesión familiar”, ya que planea dejar a su esposa y actual vicepresidenta Rosario Murillo como “su heredera política”.

“Y no nos extrañemos que se dé la candidatura de Rosario en esta elección u Ortega renuncie inmediatamente después de la elección para dejar a Rosario como presidenta. Esa mezcla de cosas hace que él no ceda en nada y que no esté dispuesto a negociar nada, sino hasta después de las elecciones”, expuso Núñez.

ELECCIÓN DE MAGISTRADOS

La Asamblea Nacional también podría elegir a los 10 magistrados electorales de una lista de 44 candidatos que Comisión Especial dictaminó a propuesta de los diferentes partidos políticos y que reúnen los requisitos para aspirar al puesto.

Los sandinistas propusieron a Lumberto Campbell, Mayra Salinas, Brenda Isabel Rocha, Alma Nubia Baltodano Marcenaro, Devoney McDavis Álvarez, Leonardo Bilbano Rivera y Adriana Molina Fajardo. A la lista del oficialismo se suma Cairo Amador, aunque no fue nominado por los rojinegros, se le considera un aliado, ya que preside la actual Comisión de la Verdad, creada por el régimen de Ortega a raíz de la Rebelión de Abril.

Los únicos que repiten son el sancionado Campbell, que ocupa el cargo de vicepresidente de este poder del Estado, y Mayra Salinas.

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El experto en temas electorales José Antonio Peraza se mostró preocupado en el tema de la composición del nuevo CSE, ya que Ortega no cederá en nada.

Considera que al menos el FSLN se quedará con cuatro puestos, uno ambiguo que puede ser Cairo Amador, y dos de los partidos “zancudos”. “Sino le dan uno a la oposición post 18 de abril (2018) estamos mal, porque significa que vamos a tener lo mismo que hemos tenido desde el 2006, un CSE totalmente partidarizado que es lo que han señalado todos los organismos de observación electoral que se necesitan magistrados independientes y de prestigio profesional”, comentó José Antonio.

“Ellos (FSLN) van a tener al menos cinco (magistrados) para definir quién va a ser el presidente, el vicepresidente, para definir el presupuesto, para definir otorgar o quitar personería jurídica, para definir cómo se van a conformar los órganos electorales”, señaló Paraza.

FSLN TENDRÁ EL CONTROL

La exguerrillera Dora María Téllez, considera que Daniel Ortega con su aplanadora de 70 diputados impondrá magistrados “a su gusto. Unos que aparentan ser opositores y otros a su gusto”.  Ve difícil que este panorama cambie, por eso la confiabilidad del nuevo CSE va a ser “ínfima”.

“Un Consejo Supremo Electoral que esté completamente controlado por magistrados orteguistas pues obviamente no es nada confiable. Vamos a ver cuál es la voluntad política que tiene Ortega de poner sobre la mesa condiciones para que esas elecciones limpias se puedan producir en Nicaragua”, señaló la exguerrillera.

Téllez es de la opinión que Campbell luego de ser electo magistrado, podría ser designado por sus nuevos colegas como el presidente del CSE, ya que con las reformas a la Ley Electoral “dejan a los magistrados sin ninguna función. Tenemos que asumir que lo fundamental de las funciones van a estar en manos de los directores que es lo que hay que revisar quiénes son los directores que están quedando en el CSE”.

José Pallais, expone que el FSLN al parecer está dispuesto a ceder tres espacios (dos propietarios y un suplente) fuera de su “nominación”, lo cual implica que tendrán mayoría para “hacer y deshacer” en el proceso electoral.

“Si los tres que van a dejar fuera de su nominación fuera gente de carácter, independiente con compromiso democrático, pudieran desarrollar un rol meramente testimonial porque no tendrán capacidad ya que su voto no sirve para nada, pero por lo menos podrán ser testigos de lo que ocurre”, afirmó Pallais.

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