Hace tres años el orteguismo comenzó a grabar con sangre la historia de Nicaragua. En Tipitapa, a 27 kilómetros de Managua, y tras 24 horas de protestas contra las reformas al Seguro Social, Richard Pavón fue asesinado. Fue la primera víctima de la Rebelión de Abril, tenía 17 años, cursaba el último año de secundaria y ese día dejó sus actividades por defender a los ancianos. Ese 19 de abril cerró con tres muertos en violentos enfrentamientos entre policías y paramilitares armados contra jóvenes que se defendían con piedras, palos y morteros.

La familia de Richard Pavón ha denunciado como responsables del asesinato a funcionarios municipales, sin embargo, el crimen nunca fue investigado, por el contrario, al reclamo de justicia que hacen la Policía responde con asedio e intimidación, y es algo que ha sido documentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

En los siguientes cinco meses de 2018, las familias de 328 víctimas compartían en dolor que tocó a los Pavón el 19 de abril y que a tres años se ha transformado en un enérgico reclamo de justicia y libertad, y que este año alcanza a quienes aspiran derrocar a Daniel Ortega por la vía electoral.

En el tercer aniversario de las protestas de abril en Nicaragua, la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos demanda a la administración de Daniel Ortega restituir los derechos y libertades negados a los ciudadanos.

AOCNUDH PIDE VOLVER A NICARAGUA

“En Nicaragua, tres años después del inicio de las protestas, continúan la impunidad y la crisis de derechos humanos. La implementación de las recomendaciones hechas por Michelle Bachelet al Gobierno es insuficiente y el derecho de reunión pacífica sigue sin garantizarse”, expresó el organismo este lunes y reiteró la su solicitud de volver al país “con el fin de asistir a las autoridades y a la sociedad civil en la implementación de esas recomendaciones y así lograr cambios que mejoren la situación de derechos humanos”.

En tanto, la Asociación Madres de Abril (AMA), que aglutina a familias de las víctimas, se ha manifestado contra el olvido y la impunidad, y ha llamado a los aspirantes presidenciales reenfocar sus agendas e intereses para que la justicia sea una prioridad.

Lisseth Dávila, la mamá de Álvaro Conrado (15 años), asesinado el 20 de abril del 2018 de un disparo en el cuello cuando llevaba agua a los estudiantes que protestaban en las cercanías de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), plantea a la oposición no dejar de hablar de la liberación de los presos políticos y la lucha por justicia y democracia iniciada en abril. 

“Escuchando a personas que están a favor del aterrizaje suave o cosas similares, uno se pone a pensar que el tema de justicia no es prioridad para ellos”, dijo a DESPACHO 505 Dávila, quien es vicepresidenta de AMA. 

Desde España, Fátima Vivas, madre del oficial Antonio López Vivas, asesinado en julio de 2018 “por negarse a reprimir las manifestaciones contra el régimen”, se suma al clamor de justicia. Hace 33 meses perdió a su hijo y fue obligada al exilio. Recorrió tres países huyendo de la dictadura y siente frustración de que haya transcurrido tanto tiempo sin que los responsables de tantos crímenes permanezcan sin justicia. A ocho mil kilómetros de distancia abraza la esperanza de una Nueva Nicaragua, “sin amnistía” que cobije a los Ortega-Murillo, dice.

“La dictadura Ortega y Murillo debe de ser condenada, porque ni con mil años encerrados en una cárcel nos alivia nuestro dolor. No hay nada que cubre nuestro Nada que llene ese vacío que nos dejaron nuestros hijos”, expresa.

El 18 de abril de 2018 estalló una manifestación sin precedentes en la última década. Había indignación entre los jóvenes debido a la negligencia de Ortega ante la quema de la Reserva Indio Maíz y, ese día, cuando ordenó reformas a la seguridad social que afectaban a los adultos mayores, se tomaron las calles. Debido a la represión a la demanda inicial se sumó la exigencia de renuncia de Ortega.

A la fecha, Ortega mantiene un estado policial en Nicaragua así como la narrativa de que todo se trató de “intento de golpe de Estado”. Sin embargo, organismos internaciones y nacionales de derechos humanos y gran parte de la comunidad internacional coinciden en que en Nicaragua hubo una brutal represión policial y parapolicial que dejó al menos 328 muertos, además de miles de exiliados y cientos de presos políticos, actualmente las organizaciones independientes denuncian la existencia de 125 opositores encarcelados.

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