Treinta y seis organizaciones de nicaragüenses migrantes y exiliados en diversos países de Europa rechazaron la iniciativa de reforma a la Ley Electoral introducida por el Frente Sandinista en la Asamblea Nacional.  

Desde el exilio suscribieron el “Pronunciamiento Conjunto Exigiendo una Reforma Electoral para Elecciones Libres y Justas” presentado el pasado 21 de abril y firmado por las principales fuerzas políticas y civiles de Nicaragua, incluyendo la Coalición Nacional y Alianza Ciudadana.  

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“Desde Europa rechazamos tajantemente esta propuesta de reformas presentadas por el oficialismo, por alejarse de manera deliberada de las urgentes recomendaciones que en materia electoral se han hecho desde la OEA, la Unión Europea y diversos grupos especializados en materia electoral nacionales e internacionales, que, desde antes del 2018, han señalado graves vacíos y defectos en el sistema electoral nicaragüense”, indicaron las organizaciones.  

Los grupos opositores formados en España, Suiza, Alemania, Reino Unido, Irlanda, Holanda, Noruega, Dinamarca y Suecia se comprometieron a “seguir concertando esfuerzos que nos permitan arrancar a esta dictadura las reformas electorales y condiciones habilitantes para que las elecciones del próximo mes de noviembre puedan ser legitimas, participativas, observadas y libres, que permitan el surgimiento de un gobierno legítimo”. 

LA REFORMA  

Las organizaciones firmantes recuerdan que han demandado sistemáticamente al régimen de Daniel Ortega la aplicación de las reformas electorales necesarias para que se respete el voto ciudadano, en concordancia con el acuerdo sobre restitución de los derechos ciudadanos suscrito por el Gobierno de Nicaragua el 29 de marzo de 2019 y la inmediata liberación de todos los presos políticos. 

Para la oposición, el proceso iniciado en la Asamblea Nacional para la elección de magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE) y la tramitación de la iniciativa de ley de reforma a la Ley Electoral no contribuyen en forma alguna al logro de ese objetivo que demanda de un proceso electoral libre, justo y transparente “que garantice el voto popular”. 

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Tampoco supone la posibilidad de elegir a un nuevo Consejo Supremo Electoral, capaz de devolver la credibilidad y transparencia al sistema electoral. “Por tal razón, instamos a los diputados de la Asamblea Nacional que asuman con sentido de Nación su responsabilidad histórica de elegir magistrados electorales idóneos y probos que respeten la voluntad ciudadana y contribuyan dignamente a una salida cívica y pacífica a la crisis nacional”. 

Las organizaciones de oposición coinciden en los aspectos más lesivos de la reforma, entre las que mencionan el establecimiento de nuevas restricciones a las libertades políticas, mantiene intacta la conformación bipartidista de los órganos electorales, traslada al ámbito electoral el Estado Policial imperante, no establece la auditoría y depuración del padrón electoral, elimina la publicidad del padrón y el proceso de verificación ciudadana, mantiene la inconstitucional división entre padrón activo y pasivo, e impone nuevos obstáculos y restricciones a los partidos políticos. 

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