En los diferentes registros públicos de Nicaragua ya están siendo inscritas las propiedades que fueron confiscadas a las personas desnacionalizadas recientemente por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así lo informó a DESPACHO 505 uno de los afectados, quien confirmó que, a través de una fuente del Poder Judicial, conoció que su propiedad ya fue inscrita en el registro público de un departamento del país, sin que le hayan dado la oportunidad de recurrir de amparo en contra de la medida judicial.
La fuente judicial añadió que todas las propiedades confiscadas ya están siendo inscritas a nombre del Estado de Nicaragua.
No todos los 222 presos políticos desterrados el pasado 9 de febrero fueron confiscados, pero sí fueron los 94 de la lista de nacionalizados que publicó el régimen posteriormente.
En el caso de los presos políticos desterrados, el régimen no les dio tiempo de recurrir de casación en contra de la sentencia que les confirma condena, los desnacionaliza y además les confisca.
Y, en el caso de los 94 desnacionalizados, el régimen no esperó a que presenten recursos de amparo en contra de la decisión judicial que los desnacionaliza y les confisca.
A pesar de que ya se están realizando las inscripciones de las propiedades confiscadas, las autoridades del régimen no han hecho presencia en ellas, sino solamente en las viviendas de Azahálea Solís y Sofía Montenegro.
INQUILINOS NO TRATAN CON EL RÉGIMEN
Otros afectados comentaron que algunos inquilinos, de las propiedades que el régimen les confiscó, fueron citados a la Procuraduría General de la República (PGR) a través de una nota de prensa, pero prefirieron salir de las mismas antes que hacer trato con las autoridades del régimen.
SIN NOTIFICACIÓN
Un abogado comentó a DESPACHO 505 que la nota de prensa, en la que se cita a los inquilinos de las propiedades confiscadas, no es una notificación formal y por tanto a cada afectado le debería de llegar una notificación.
Como se desconoce qué dice exactamente la resolución del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM) que ordena las confiscaciones, el abogado no puede hablar del fondo del asunto, pero advirtió que las resoluciones surten efecto hasta que son debidamente notificadas.
En estas confiscaciones, el régimen está cometiendo abusos de poder, añadió el letrado, porque a muchos de los confiscados ni siquiera se les realizó un juicio.
El jurista considera que las notificaciones no han sido realizadas correctamente, porque las mismas deben de llevar un proceso y en este caso no existen.
«En mi opinión, estas son tácticas políticas (del régimen) para congraciarse con las bases», finalizó.
