La dictadura de Daniel Ortega ha emprendido otro feroz ataque contra los medios de comunicación independientes. Ayer la Dirección General de Ingresos (DGI) embargó a Canal 12 de televisión por una presunta deuda fiscal de C$21 millones y los bienes de su propietario Mariano Valle, mientras se mantiene la misma amenaza contra Canal 10, al que se le exige un reparo fiscal de C$110 millones. Así, los únicos dos medios televisivos con línea editorial crítica están a punto de pasar a manos del orteguismo.

Esta práctica, calificada como terrorismo fiscal, está siendo usada contra varias empresas nicaragüenses. La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) criticó con vehemencia el embargo al medio de comunicación y lo consideró como una actividad delictiva ejecutada por todo el Gobierno con Daniel Ortega a la cabeza. “Todas las instituciones del Estado están cometiendo delitos, ya no actúan instrumentalizadas, sino que prácticamente son partícipe consciente de los hechos delictivos, no están cumpliendo ninguna norma, cometen delitos”, denunció Núñez.

Las organizaciones de periodistas y defensoras de la libertad de prensa condenaron el embargo a Canal 12 y el reparo fiscal contra Canal 10. Guillermo Medrano, coordinador de Derechos Humanos en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro,  expresó  su rechazo a la confiscación arbitraria. “Nos solidarizamos por este nuevo ataque feroz  por parte del Gobierno de Nicaragua en contra de la prensa independiente”, señaló.  

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Medrano también  rechazó el acoso policial perpetrado contra los periodistas de Bluefields, Kalúa Salazar e Ileana Lacayo, al igual que los periodistas de Radio Corporación, Julio Jarquín y Carlos Lacayo,  quienes fueron asediados en sus respectivos domicilios. “Basta ya de acoso y persecución a periodistas y medios de comunicación independiente, exigimos al Gobierno respeto al libre ejercicio de la labor periodística en Nicaragua”, subrayó.

Por su parte Gonzalo Carrión, director del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, expresó que “el terrorismo fiscal” es una muestra más de la persecución generalizada en la que está inmerso el país, y de la que los medios de comunicación y periodistas no están excentos, pues el régimen los persigue, los mata o los criminaliza. “El régimen quiere imponer un pensamiento único, está en una guerra que no existe y sus enemigos son los ciudadanos y medios de comunicación”, valoró.

El Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco) manifestó en un comunicado que con el embargo a estos dos medios de comunicación el régimen quiere callar al periodismo independiente. “Condenamos los ataques a la libertad de prensa y exigimos que se respete el derecho a informar”, dijo.

Tras conocerse el embargo, los periodistas independientes organizaron una cadena de medios digitales para demandar respeto a la libertad de prensa en el país, que desde 2018 está bajo amenaza constante. El régimen ha usado a la Policía y a la DGI y a la Dirección General de Aduana (DGA) para poner la bota en el cuello a las empresas de comunicación. Hasta hoy mantiene confiscados Confidencial, Esta Semana, Radio Darío, y 100% NOticias, a esta última la DGI le exigen un reparo fiscal de C$7,890,538.86, mientras que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), C$75,952.14.

PARTIDOS POLÍTICOS Y EMPRESARIOS EXIGEN LIBERTAD

El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) y el Instituto Nicaragüense de Desarrollo (INDE) rechazaron esa acción confiscatoria y judicial contra la libertad de prensa. El Cosep acusó al Poder Judicial de estar subordinado a la dictadura y de ser cómplice del cierre de un medio de comunicación más, “cercenando la libertad de prensa y el derecho que tienen los nicaragüenses de estar informados”. 

La principal gremial del país denunció el embargo como una nueva forma de presión, represalias y persecución a los medios de comunicación independientes y al sector privado, propia de gobiernos totalitarios. El presidente de Cosep, Michael Healy; el presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), Álvaro Vargas; el expresidente del Cosep, José Adán Aguerri; y el director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia expresaron su solidaridad con los dueños del medio, a través de sus cuentas de Twitter.

Canal 12 explicó que el día 11 de septiembre se presentó a sus instalaciones Luden Martí Quirós García, Juez Tercero de Ejecución y Embargo de Managua, para realizar un embargo sobre los bienes de la empresa Nicavisión S.A., por 21 millones de córdobas a solicitud de la DGI y representada por la procuradora auxiliar de finanzas, Marlene Isabel Ramírez Laguna. El cobro es por un reparo “arbitrario e ilegal” sobre sus declaraciones de impuestos sobre la renta de los años 2011/2012 y 2012-2013. 

El Movimiento Renovador Sandinista (MRS) emitió un comunicado condenando enérgicamente el embargo. “Este es un acto más contra los medios de comunicación independientes en Nicaragua.   La dictadura, con amenazas, robos de equipos, confiscación, allanamiento ilegal y encarcelamiento de periodistas ha hecho todo por acallar la voz del periodismo y los medios de comunicación que no le son afines”, dijo el MRS.

Mientras tanto, Tamara Dávila de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) denunció que la dictadura ha incrementado en los últimos días su política de asedio y amenazas a distintas organizaciones y líderes del país, y que se extendió ahora a medios de comunicación. Para ella, estos hechos son muestra de la debilidad del régimen y el terror que le tiene a los ciudadanos.

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