El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) pidió al régimen de Daniel Ortega solucionar juntos los problemas de Nicaragua, principalmente la crisis sociopolítica, de derechos humanos y económica que vive el país desde el estallido de abril de 2018.

El presidente del Cosep, Michael Healy, dijo en teleconferencia de prensa que el régimen de Ortega se comprometió con la oposición, incluido los empresarios, en 2018 y 2019, a respetar la Constitución y unos acuerdos suscritos en una mesa de diálogo, y que su falta de cumplimiento causa efectos negativos en la economía nicaragüense.

“Instamos al Gobierno de Nicaragua nuevamente a que, por favor, ya tome un alto y comencemos a solucionar los problemas de los nicaragüenses”, instó el líder empresarial este miércoles.

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Entre los problemas mencionados por Healy están los más de 600,000 empleos perdidos, entre formales e informales, en los últimos dos años y medio; así como las 3,494 hectáreas de tierras “intervenidas por parapoliciales y gentes afines al Gobierno”.

Un reciente informe de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) indica que el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita, el indicador entre el nivel de ingresos del país y su población, ha retrocedido a niveles de 2013.

Las proyecciones del centro de pensamiento apuntan a que en 2020 el PIB per cápita será de US$1,819, con una disminución de 5.2% en comparación al de 2019, y acercándose a niveles de 2013 cuando fue de US$1,790. “En tres años de recesión económica los niveles del PIB per cápita e incidencia de la pobreza al finalizar 2020 implicaría un retroceso social para el país de alrededor de siete años”, señala Funides.

Según el Banco Central de Nicaragua, el Producto Interno Bruto (PIB) cayó un 3,9 % en 2019 y 4 % en 2018, como producto de la crisis sociopolítica, y en 2020 el retroceso podría ser hasta de 4,5 %, por efectos de la pandemia de COVID-19.

NO HAY VOLUNTAD POLÍTICA

La patronal, que mantuvo una alianza de consenso con el Gobierno de Ortega hasta que estalló la crisis en abril de 2018, responsabilizó al Ejecutivo por la crisis económica y la crisis en general.

“Eso es por falta de voluntad del Gobierno de no querer buscar un acuerdo de nación para poder solucionar los temas políticos y económicos, que se agravan más con la crisis de la pandemia”, sostuvo Healy.

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“Busquemos una solución para que Nicaragua pueda volver a recuperar esos empleos, pero al mismo tiempo para (garantizar) las elecciones libres y transparentes (en noviembre de 2021), que están pidiendo los nicaragüenses”, indicó.

El 30 de julio de 2019, el Ejecutivo de Ortega dio por finalizada de manera unilateral una mesa de negociación con la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia en la que se buscaba encontrar una salida la crisis.

La oposición y organismos defensores de los derechos humanos, nacionales e internacionales señalan a Ortega de utilizar las fuerzas de seguridad y a “paramilitares” para violar los derechos de las personas y de no promover aún unas reformas al sistema electoral.

Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684. El régimen reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.

Con información de EFE.

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