El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), solicitó nuevamente al régimen de Daniel Ortega una revisión a la reforma a la Ley de Concertación Tributaria, el cese del hostigamiento a la empresa privada y la devolución de las propiedades que continúa en manos de los toma tierras desde el 2018, cuando se dio la insurrección de abril.

Michael Healy, presidente de la cúpula empresarial, indicó que hasta el momento no han tenido comunicación con la administración de Ortega para discutir el tema de las reformas a la Ley de Concertación Tributaria, la cual fue aprobada en el 2012 y que a lo largo de los años ha sufrido reformas, la última y más dura fue en febrero del 2019.

La cúpula empresarial considera que es necesario un arreglo sociopolítico para solucionar los problemas económicos que enfrenta el país.

“Nosotros estamos listos, tenemos todas las propuestas que creemos nosotros son necesarias para comenzar a reactivar esta economía, pero mientras no haya voluntad del gobierno nosotros no nos vamos a sentar y no nos han mandado a invitar a ninguna reunión”, señaló el empresario, quien desconfía del régimen, ya que no ha cumplido con los acuerdos que firmó con la oposición en marzo del 2019.

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La voluntad a la que se refiere Healy es que el gobierno de Ortega se siente con la oposición, la sociedad civil para poner en marcha unas reformas electorales que garanticen en el país, en noviembre próximo, un proceso electoral libre y transparente. Además, indicó que este proceso debe contar con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea.

Bayardo Arce, asesor presidencial en temas económicos del régimen de Ortega, en diciembre del año pasado dijo que en enero de este año, se iban a sentar con los sectores empresariales “verdemente interesados en la reactivación, en la creación de empleo para revisar políticas económicas y seguir empujando al país”.

Healy considera que Nicaragua necesita un acuerdo de nación inclusivo donde participen empresarios, políticos y sociedad civil para discutir temas políticos, económicos y sociales.

“La pelota está en la cancha del gobierno, el gobierno tiene que hacer ese llamado y yo oí al presidente (Ortega) decirlo en su momento que para el 2022, creo que sí tenés que crear condiciones electorales tiene que ser ya”, reafirmó el empresario.

CESE DE CONFISCACIONES

Además, llamó al régimen a parar con las confiscaciones de hecho, como las que se ejecutaron el año pasado con las instalaciones de Confidencial y 100% Noticias y de varias oenegés, propiedades que pasaron a manos del Ministerio de Salud (Minsa).

Además, demandó la devolución de unas cinco mil manzanas de tierras, propiedad de unos 29 productores, las cuales siguen en manos de los toma tierras desde el 2018, para que los inversionistas extranjeros vengan a invertir al país.

“Las tomas de tierras y las confiscaciones unilaterales mandan un mensaje negativo a ese sector que es tan importante para el desarrollo y crecimiento del país”, explicó.

Para el 2021, esperan un crecimiento en la economía de un 1.5 a 1 por ciento, el cual dependerá del comportamiento del proceso electoral, de la temporada lluviosa y sí el gobierno flexibiliza o sí agudiza las medidas en temas económicos.

“Mientras el gobierno no enseñe esa voluntad se hará más difícil lo que es la recuperación económica y del empleo”, comentó.

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Agregó que la inversión extranjera directa en el 2020, fue de unos 470 y 500 millones de dólares y para este año se espera una cifra similar.

LIBERACIÓN DE PRESOS

El sector privado demanda la liberación de los más de 100 presos políticos y el cumplimiento a los acuerdos suscritos en marzo del 2019, de los cuales fueron testigos representantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el nuncio apostólico. En dicho acuerdos se estableció el respeto al derecho a la protesta, cese detenciones ilegales, restablecimiento de la libertad de prensa, libertad de expresión, garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, entre otros puntos.

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Asimismo, recalcó que Nicaragua necesita una reforma a la Ley electoral, la cual debe contar con la aprobación de los actores sociales y políticos nacionales y avalada por la OEA y la Unión Europea, para que los ciudadanos tengan la seguridad que su voto será contado y que el resultado de los comicios será aceptado por todos los participantes en la contienda electoral.

CADENA PERPETUA

Sobre la cadena perpetua, el presidente del Cosep, dijo que la reforma al artículo 37 de la Constitución es un retroceso en temas de derechos humanos. Llamó al gobierno a reconsiderar la implementación de esta reforma.

Otro de los planteamientos de la cúpula empresarial es la derogación de las “leyes de naturaleza represiva y violatoria de los derechos humanos”, como la de Agentes Extranjeros, la de Ciberdelitos, y la Ley de Inhibiciones.  

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