Un grupo de 15 organizaciones nicaragüenses denunciaron que en Nicaragua se cometen crímenes de lesa humanidad bajo un régimen de terrorismo de Estado y un Estado policial de excepción impuestos por Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Así quedó documentando en el «Informe de la Verdad Dictadura y Represión en Nicaragua: Lucha contra la Impunidad» en el que se recoge la gravedad de la crisis de derechos humanos que vive Nicaragua desde abril del 2018 y analiza los crímenes de lesa humanidad y la situación de impunidad.
Ante eso, las organizaciones que elaboraron el informe hicieron un llamado a la «cooperación de los Estados y los organismos internacionales» para la instalación de una misión internacional independiente que determine los hechos que se dieron en Nicaragua.
Jimena Reyes, representante de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) apoyó la llegada Nicaragua de una «misión de verificación de los hechos por parte de Naciones Unidas”. Además demandó la liberación inmediata de todos los presos políticos.
Según el documento, Ortega ha impuesto en Nicaragua un «Estado policial de excepción» que ha generado «hondas huellas de dolor e indignación en las víctimas, sus familiares y en el conjunto de la sociedad».
Por su parte Boanerges Fornos, miembro de la oenegé Acción Penal, señaló que Ortega maneja diferentes estructuras del Estado como la Policía, alcaldías, grupos paraestatales, para establecer en Nicaragua «una política de terror generalizado».
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El informe, que está dedicado a las víctimas de la represión, contextualiza la crisis que comenzó en abril del 2018 y es calificada como una de las más graves en los últimos años y «cuyas consecuencias sociales, económicas e institucionales permanecen y tienden a agravar».
«Los crímenes de lesa humanidad ejecutados por el régimen y las graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en estos tres años de crisis sociopolítica se produjeron con garantía de total impunidad», expone el documento. La mayoría de las muertes, agregó, no han sido judicializadas y se encuentra en un estado de total impunidad.
Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señaló que Nicaragua se enfrenta a una «pandemia de impunidad» en manos de un «régimen despiadado, sangriento que ha puesto al descubierto su intención de silenciar», castigar y someter al pueblo en un periodo «sombrío» de violaciones a los derechos humanos.
Indicó que fue en mayo del 2018 fue testigo presencial de la «violenta represión» contra las manifestaciones ciudadanas que protestaban de forma pacífica. «El ataque fue desmedido, un ataque violento, brutal con un armamento de guerra no solo por parte de los grupos parapoliciales sino también de la propia Policía anti-motín», recuerda Guevara-Rosas.
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ELECCIONES FUERON UNA «FARSA»
El informe señala la concentración del poder en manos del Daniel Ortega, la existencia de un Estado policial, el hostigamiento, amenazas y detenciones a las voces disidentes así como la criminalización de las protestas sociales, el enjuiciamiento de los opositores y entre otras violaciones de derechos humanos.
Además, apunta que todo este ambiente de represión así como la falta de una auténtica reforma a la Ley Electoral abonaron para que en Nicaragua no se dieran unas verdaderas libres y justas elecciones el pasado 7 de noviembre.
«En Nicaragua no hubo elecciones, todo fue una farsa», expuso Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) uno de los organismos que elaboraron el informe.
Tamara Taraciuk Broner, de Human Rights Watch, quien participó en la conferencia de prensa virtual recordó que desde finales del año pasado la Asamblea Nacional aprobó una serie de leyes que son utilizadas por Ortega para reprimir a los sectores de la sociedad civil y de la oposición.
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El documento recoge que 355 personas fueron asesinadas en el contexto de las protestas sociales de abril del 2018, más de dos mil ciudadanos resultaron heridos, cientos de despidos en el sector salud, educación entre otros y más de 120 mil personas fueron obligadas a salir del país. A eso se suma el exilio de unos 90 periodistas.
También menciona que desde julio del 2018 a mayo del 2020, más de 3,850 personas fueron detenidas de forma arbitraria por razones políticas: «Hoy continúan en las cárceles más de 160 presos políticos». «Estos hechos no han sido debidamente investigados y sancionados por el Estado, generando así un clima de impunidad», señala el informe», concluyó.
