Previo a la aprobación de la Ley Especial de Ciberdelitos, o Ley Mordaza, los diputados del Frente Sandinistas hablaron de “noticias falsas”, “crímenes de odio”, y “discursos violentos”. El oficialista Carlos Emilio López fue más directo: “Ya no se va permitir que desde un programa de comunicación se llame al odio”. Así el régimen de Daniel Ortega convierte a Nicaragua en un territorio más hostil para la prensa independiente y cercena las pocas libertades que aún tenían los ciudadanos.

Tras la aprobación de la Ley, el Centro Nicaraguense de Derechos Humanos (Cenidh) la rechazó porque viola la Constitución y numerosos tratados y convenios internacionales de derechos humanos. “El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo viene a cercenar la libertad de expresión y prensa en Nicaragua”, denunció el organismo que lidera Vilma Núñez.

El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, consideró que la Ley Mordaza coarta la libertad de expresión desde las redes sociales y los medios de comunicación. “Repudia esta Ley porque su esencia es aumentar la represión y opresión contra los derechos humanos de la población, que quiere vivir en libertad justicia y democracia. La rechazamos porque criminaliza la verdad”, dijo Wendy Quintero, defensora de derechos humanos. 

La Ley fue aprobada con 70 votos de diputados del Frente Sandinista, mientras que 16 diputados votaron en contra. Al darle luz verde al proyecto, Daniel Ortega reta por segunda vez a Estados Unidos y Europa que llamaron a detener la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley Especial de Ciberdelitos y la reforma de la Constitución para imponer la pena de cadena perpetua. Este tridente de leyes pretende silenciar las voces críticas.

La Ley Mordaza deja abierta la posibilidad de castigar con multas y cárcel toda crítica al régimen de Daniel Ortega y criminaliza el ejercicio periodístico en Nicaragua. Esta ley prevé condenar con hasta seis años de prisión a cualquier persona que a través de medios informáticos difunda información clasificada como no autorizada, falsa o tergiversada “que produzcan alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella”. 

“Esta ley apunta a controlar y censurar la información en Internet, el único espacio de libre comunicación que los dictadores no pueden dominar”, advierte el Foro de Periodismo Independiente. Ahora, toda persona que en Nicaragua tenga cuenta en redes sociales vería coartado su derecho constitucional a recibir y difundir información, amenaza que se cierne incluso sobre los nicaragüenses residentes en el exterior dejando abierta la posibilidad de su extradición.  

La Ley Mordaza fue aprobada tras un proceso de “autoconsulta” del régimen. El proyecto fue consultado con la Corte Suprema de Justicia, que será el órgano aplicador de la Ley, así como con los Ministerio Público y de Gobernación, Ejército de Nicaragua, Policía Nacional, Telcor, y representantes de medios de comunicación oficiales y afines al orteguismo.

Periodistas y medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, empresa privada y ciudadanía en general no fueron consultados. “Nos oponemos porque fueron consultados los actores, se debió consultar con los prestadores de servicio tecnológicos, a la empresas privada,  a través de sus respectivas cámaras, esto transgrede la formación de la Ley”, dijo la diputada María Fernanda Flores.

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