Daniel Ortega pronunció un virulento discurso contra Estados Unidos, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), y dejó ver su molestia por la ampliación de sanciones que afectan a sus más cercanos y a su capital.
El líder sandinista reapareció para participar del acto de conmemoración del 41 aniversario del Ministerio de Gobernación, en la Plaza de la Revolución, en Managua, y durante su intervención ahondó en un supuesto plan para crear una imagen negativa de Nicaragua, del que -según dijo- también hacen parte los presos políticos que denuncian torturas y que se han zurcido la boca como una forma de protesta para exigir su libertad.
Todo es invento, sostuvo Ortega.
«Cuando se dice que los están torturando, que se están muriendo, que tienen cosidos los labios, ya quisiera verlos con los labios cosidos, inventan tantas cosas, simplemente para crear una imagen negativa de Nicaragua ¿Ante quiénes? Ante los organismos internacionales manejados por los yanquis, como la OEA», desmeritó el sandinista tras asegurar que «las puertas del Sistema Penitenciario están abiertas» para que los visiten.
La realidad: Daniel Ortega es señalado como responsable de ordenar una masacre de civiles que en abril de 2018 salieron a las calles a protestar en demanda de derechos. Al menos 328 ciudadanos fueron asesinados, la mayoría a manos de la policía y fuerzas irregulares que actuaban de forma conjunta, según documentaron organismos de derechos humanos internacionales. Desde entonces, Nicaragua está sumida en una grave crisis marcada por graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas la encarcelación de opositores. Actualmente, al menos 114 ciudadanos se reconocen como prisioneros políticos.
Contrario a lo que dicho por Ortega, el acceso a las cárceles del país es limitado para los familiares de los encarcelados políticos, y totalmente restringido para organismos de derechos humanos que de forma reiterada piden acceso. Incluso, en mayo de 2019 un custodio del penal mató de un disparo al preso político Eddy Montes sin que hasta la fecha se haya abierto un proceso investigativo, alegando que el uso de la fuerza letal fue en defensa propia. En el contexto de la pandemia de Covid-19 el régimen de Ortega fue denunciado ante la ONU porque los presos políticos que presentan síntomas de la enfermedad fueron aislados junto a reos con tuberculosis y otras afectaciones crónicas.
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Daniel Ortega sostiene que tanto las protestas como la presión internacional para resolver la crisis por la vía democrática, son parte de un plan de Estados Unidos para que le impongan más sanciones. Y mencionó directamente a OEA como parte del supuesto engranaje para atacarlo. Molesto, porque este martes la crisis de Nicaragua volverá a ser objeto de debate en esa instancia y se espera que se eleve la presión sobre él y su régimen.
ATACA A LA UNIÓN EUROPEA
Ortega también cuestionó el papel de gobiernos europeos, acusándolos de prestarse a la «política intervencionista» de Estados Unidos.
«Algunos países de la Unión Europea también, que fácilmente se prestan a ser parte de la política intervencionista que ordena los yanquis. Los yanquis les ordenan y ellos corren a repetir. Si el yanqui aplica una sanción, entonces vienen ellos y aplican una sanción. Si el yanqui aplica otra sanción, entonces vienen ellos y aplican la otra sanción. ¿Y a ellos quienes los sancionan?», cuestionó.
¿Por qué sancionó Europa?: La Unión Europea impuso sanciones individuales a Francisco Díaz, director de la Policía Orteguista; Néstor Moncada Lau, asesor de Ortega en Seguridad Nacional; Sonia Castro, asesora en temas de Salud; Ramón Avellán, subdirector de la Policía Orteguista; Luis Pérez Olivas y Justo Pastor Urbina. Todos implicados en violaciones de derechos humanos. Las designaciones llegaron tras reiterados llamados a la restitución de derechos y cese de violaciones y represión en Nicaragua.
En octubre pasado, el Consejo Europeo, una de las máximas instancias de la UE, introdujo el régimen de sanciones después de expresar “repetidamente su preocupación por el deterioro de la situación política y social en Nicaragua y condenado firmemente la represión de opositores políticos, manifestantes, medios de comunicación independientes y la sociedad civil desde abril de 2018”.
No obstante, para Ortega las sanciones no son más que agresiones e injerencia. Este lunes, cuestiono: «¿Y a ellos quién los sanciona por la violación a los derechos humanos en esos países?, Ellos se sienten con el derecho de juzgarnos a los países en vía de desarrollo y nos descalifican y descalifican, porque simplemente no aceptan que estos países busquen un poco de independencia autonomía, un poco de relaciones de respeto con los países desarrollados, ellos tienen unas política colonialista», apuntó.
FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
De igual forma, Daniel Ortega acusó a los Estados Unidos de financiar a opositores en Nicaragua a los que calificó como grupos terroristas «que se disfrazan de demócratas» y que según él, orquestaron un intento de golpe de Estado en abril del 2018.
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«Y ellos son los que andan promoviendo terroristas por todos lados, promoviendo terroristas en Nicaragua, financiando terroristas, que se disfrazan de políticos demócratas, pero son terroristas. Terroristas que asesinan a ciudadanos, a maestros. Asesinan compañeros de la policía, asesinan compañeros del Ejército, lo han hecho. Les hemos dado los datos ya en innumerables veces y esa es una conducta que no desaparece y ahí están los recursos fluyendo para esas actividades terroristas».
No obstante, los informes del GIEI y MESENI que tuvieron acceso al país durante los meses de represión dan cuenta de un alzamiento cívico, espontáneo, y no de una acción planificada y financiada.
A finales de 2019 el secretario general de la OEA, Luis Almagro, informó que la Comisión de Alto Nivel conformada para evaluar el caso de Nicaragua concluyó que, hay una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua. Y definitivamente es necesario ir a procesos subsiguientes que lleven a la declaración de esa alteración del orden constitucional.
Parte del férreo control y represión que ejerce Ortega contra la oposición en Nicaragua es la reciente aprobación de la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros para sancionar a organizaciones, periodistas y medios de comunicación bajo el argumento de que reciben fondos de gobiernos o partidos políticos para cometer actos para desestabilizar el país.
CALIFICA DE MENTIROSO A MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Daniel Ortega también acusó a los medios de comunicación de inventar noticias sobre las condiciones en la que se encuentran los presos políticos, y argumentó que estos medios de comunicación son pagados por «el imperio Yanqui».
“Todos los días hacen escándalos, inventan en medios de comunicación que son pagados por el imperio yanqui, y familias que se prestan y cuando en algunos casos se le ha dicho a la familia que vaya a ver que el hijo está bien, porque por otro lado está diciendo públicamente la familia que el hijo está muriendo, no va. Y se le dice que vaya acompañado de organismos sociales que la puedan acompañar para que vean, y no van. No va porque sabe que todo lo que están diciendo afuera es mentira y que, si llega al lugar acompañado de un organismo social, queda como mentiroso, ese es un eje que han tomado ellos”, señaló Ortega.
Finalmente, a referirse a las protestas en Costa Rica, el dictador dijo que si los tranques estuvieran en Nicaragua, «arderían los medios de comunicación tronando contra Nicaragua (régimen), y los organismos de derechos humanos de la ONU y de la OEA ni se diga».
Desde 2018 Ortega mantiene una política de agresión contra los medios de comunicación independientes. Entre las consecuencias más graves de las acciones contra el ejercicio informativo está el asesinato del periodista blufileño Álgel Gahona, el encarcelamiento de los periodistas Lucía Pineda Ubau y Miguel Mora, y la confiscación de las redacciones de 100%Noticias y Confidencial.
A esto se suma un sinnúmero de ataques, persecución, amenazas y agresiones que organizaciones como la Fundación Violeta Barrios de Chamorro documenta y califica como acciones que deterioran la libertad de expresión en el país.
