Anexa Alfred Cunningham lleva 83 días intentando volver a Nicaragua. Es miembro de un Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lo que le otorga inmunidad diplomática antes los estados. Es ciudadana nicaragüense y tiene derecho constitucional de entrar y salir cuando quiera, pero la dictadura de Daniel Ortega la ha desterrado sin ninguna justificación.  

Ahora se encuentra en Ginebra, Suiza, desde donde habla con DESPACHO 505 sobre el impacto que ha tenido a nivel personal, profesional y familiar el destierro impuesto por la dictadura.

La defensora de los derechos de los pueblos indígenas aclara que como parte de la misión del Mecanismo del que es parte no se contempla recepcionar denuncias, ni realizar una visita oficial a Nicaragua; tampoco sha hablado sobre la situación del país y el trabajo que realiza es meramente técnico.  

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“Esto es una agresión no solo a mi persona, sino al Mecanismo de Expertos para Pueblos Indígenas —que es un órgano subsidiario del Consejo de Derechos Humanos de la ONU— y a los estados miembros”, asegura. Quiere volver a Nicaragua, pero exige condiciones.  

¿Cómo es que se dio esa negativa del régimen para impedirle el ingreso a Nicaragua? 

Yo había viajado a Ginebra, Suiza, a una misión en el marco del mandato que me ha otorgado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A finales de junio de este año, las sesiones eran por una semana más otras actividades y salí de mi país por 10 días. Al terminar las sesiones tomé mi vuelo a Nicaragua en la ruta Ámsterdam-México-Nicaragua. El primer trayecto lo tomé el 9 de julio. Ya estando en Ámsterdam cuando iba a tomar el vuelo a México, la aerolínea me comunicó que el Gobierno de Nicaragua no autorizaba mi entrada al país.  

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La Oficina del Consejo de Derechos Humanos se comunicó con la aerolínea y le refirieron lo mismo. Posteriormente, hubo otras comunicaciones por la vía diplomática porque, en mi carácter de experta, tengo inmunidades y deben de ser respetadas. Esta semana el presidente del Consejo de Derechos Humanos hizo un llamado público al Gobierno de Nicaragua y condenó esta situación que no tiene precedentes en la historia del Consejo de Derechos Humanos.  

Ante todas esas solicitudes de información y de acceso al país, ¿cuál ha sido la respuesta de la dictadura hasta ahora? 

No ha habido ninguna respuesta. De hecho, la política de Estado a los grupos de derechos humanos ha sido el silencio. Esto es una agresión no solo a mi persona, sino al Mecanismo de Expertos para Pueblos Indígenas, que es un órgano subsidiario del Consejo.  

¿Cuánto tiempo lleva fuera de Nicaragua? 

Ya cumplí los tres meses de estar desterrada. Salí el 28 de junio de Nicaragua, debí regresar el 9 de julio. Yo salí sin ningún tipo de incidente. Nunca me esperé que al regresar Nicaragua incumpliera sus compromisos internacionales sabiendo que tengo inmunidades y tendrían que haber respetado el mandato que me otorgó el Consejo de Derechos Humanos.  

Dentro de ese mandato del Grupo de Expertos del que usted es parte, ¿tenían previsto ir a Nicaragua como grupo? 

El Grupo tiene como función brindar asistencia técnica especializada sobre la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Actuamos más con relación a elaborar estudios que interpreten el alcance y contenido de la Declaración. No somos un Mecanismo en el que se pueda hacer denuncia, sino que somos un órgano colegiado dedicado a asesorar y brindar asistencia a los Estados, organismos de derechos humanos y la empresa privada.  

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Durante las sesiones nunca se abordó un tema específico que tenga que ver con Nicaragua, no lo hacemos. Son estudios más generalizados para desarrollar estándares de derechos humanos.  

¿Cuál es su situación legal en Suiza y qué piensa hacer si el Gobierno sigue firme en no permitirle el ingreso al país? 

Yo tenía toda la ilusión de regresar a mi país, a mi tierra, para estar con mi familia en mi comunidad. Hay emociones encontradas y espero que el Gobierno de Ortega recapacite porque lo que está haciendo es muy grave porque lo que está haciendo no solo es en mi contra, sino al Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esperamos que abran los canales de comunicación y se busque una salida porque tiene que darse.  

Yo no renuncio a volver a mi país, pero también tiene que haber condiciones. Tras este tipo de decisiones no hay ningún elemento que me diga que habrá garantías mínimas que me permitan poder estar sin represalias.  

En Suiza tengo un visado por un periodo determinado y yo no renuncio de volver a mi tierra.  

¿Qué cree que busca el Gobierno al desterrarla? 

Creo que lo que se busca en el fondo es el aislamiento para que no haya escrutinio internacional y que ellos puedan seguir desarrollando todas sus acciones de manera impune.    

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Este destierro que le han impuesto, ¿cómo le está afectando, cuál es el impacto a nivel laboral y personal? 

Al principio pensé que era algo que se iba resolver. Se tomaron acciones diplomáticas, incluso se le mandó al Gobierno los alcances del mandato que yo tenía. Los efectos son terribles, las dimensiones son diferentes incluso a las del asilo; porque cuando una persona decide asilarse hay una voluntad, aunque sea forzada, pero la hay. De repente, yo me quedo en el limbo. Tenía una estadía de 90 días, no tenía dónde ir porque tengo mi vida desarrollada en Nicaragua. No tenía dónde quedarme, dónde ir y no tenía adónde volver. 

Es todo un proceso en el que uno empieza a lidiar con el día a día, con lo que está pasando y por eso siento la necesidad de hablar porque si eso hacen con alguien que tiene un mandato, inmunidad, ciertos privilegios, ¿qué no harán con el defensor de a pie? Ya son tres meses y tener que rehacer tu vida es muy complejo. Con el destierro sentí que me arrancaron de mi comunidad, es un duelo.