Ángela Buitrago, experta de la ONU: “La investigación al Ejército de Nicaragua se hará en la prórroga del mandato”
Si la comunidad internacional no actúa para detener a Ortega y Murillo, la situación en Nicaragua “se va a volver permanente y perpetua”, advierte.


- March 03, 2023
- 07:24 AM
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El Ejército de Nicaragua solo tuvo una referencia en el informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua presentado este jueves en Ginebra, Suiza. La participación de la institución castrense en la represión del 2018 “amerita una investigación adicional” y se hará en la prórroga del mandato, adelanta a DESPACHO 505 la colombiana Ángela María Buitrago, experta en derecho penal e integrante del Grupo.
El Grupo de Expertos concluyó que en Nicaragua se han cometido y se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad “verificados en todos sus elementos”. Si la comunidad internacional no actúa para detener los abusos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la situación en Nicaragua “se va a volver permanente y perpetua en detrimento, no solo de la población nicaragüense, sino de una crisis humanitaria en la región”, advierte.
Por eso, piden a la comunidad internacional iniciar acciones legales contra los responsables, ampliar las sanciones e incluir garantías de derechos humanos en los proyectos de inversión y cooperación.
Hablar con las víctimas de la represión “ha sido una experiencia dolorosa”, reconoce la experta. En esta entrevista hablamos sobre los efectos esperados tras la presentación del informe, las posibilidades de acceder a la justicia que tienen las víctimas, la identificación de los responsables y por qué las entidades financieras internacionales deberían condicionar los desembolsos a la dictadura.
¿Cómo resumiría los principales hallazgos después de un año de investigación?
Dentro del mandato se nos encomendó hacer una investigación sobre los hechos que sucedían en Nicaragua desde el 2018 hasta ahora. Eso significó encontrar de manera sistemática y generalizada una serie de crímenes que empezaron en etapas de planeación cuando deciden crear todo un estamento legal (reformas legales) para generar un control sobre la estructura y evitar la separación de poderes. Hay un conjunto de estructuras que han funcionado de manera coordinada para generar delitos de detenciones arbitrarias, cierre de espacios cívicos de gran calado, violaciones a los derechos de circulación y libertad de expresión... Son violaciones que no son aisladas, sino generadas de una manera concatenada contra el pueblo de Nicaragua.
Logramos verificar ejecuciones extrajudiciales donde hay población que fue ultimada sin existir ni siquiera en sus manos un arma.
Desde el punto de vista de las detenciones preventivas hay todo un sistema judicial que responde a un patrón de comportamiento que permite establecer una necesidad de detener a determinadas personas. No hubo órdenes de allanamientos y se generó una persecución contra determinados grupos de perfiles de personas opositoras al Gobierno. Esto lleva también a la demostración de delitos de tortura que fueron cometidos no solamente en las detenciones, sino que se prolongan mucho más allá a través de torturas psicológicas en los lugares de detención.
¿A qué conclusión llegaron sobre el destierro de los presos políticos y el despojo de la nacionalidad a otros 94 ciudadanos?
Hay un gran catálogo de crímenes de lesa humanidad que lleva incluso al último hecho que tiene que ver con la persecución al nivel de expulsión de territorio que, realmente para nosotros es una deportación forzada, la pérdida de la nacionalidad y una cantidad de derechos ciudadanos.
Frente al tema de la pérdida de derechos empezamos a ver cómo todos estos elementos permiten demostrar que no solamente se pierde el arraigo y la vinculación con el país, sino también con la familia, la personalidad jurídica y pierden el derecho a votar y ser elegidos.
Ustedes mencionan que no hay duda de que se comenten crímenes de lesa humanidad, que ahora estos están “verificados en todos sus elementos”. ¿A qué se refieren técnicamente hablando?
Cuando hablamos de los delitos de lesa humanidad hay un requisito dentro del derecho internacional consuetudinario que exige la necesidad de comprobar unos elementos normativos que acompañan los comportamientos. Esto quiere decir que los hechos aislados de manera casual, o eventual, no pueden considerarse delitos de lesa humanidad. Por el contrario, se debe demostrar elementos de sistematicidad o de generalidad que llegamos la conclusión que están probados. Hay un estándar razonable (para decir que en Nicaragua) se vienen dando de manera sistemática y como una forma generaliza de persecución contra los nicaragüenses.
Hemos podido probar que los actos son planeados, hay una sistematicidad y recurrencia que llevan a la necesidad de calificarlos como delitos de lesa humanidad y no permitidos dentro del derecho internacional.
https://youtu.be/08TJN1j37DM¿A quiénes señalan como responsables directos de estos crímenes de lesa humanidad?
Encontramos elementos para afirmar que el presidente (Daniel Ortega) y la vicepresidenta (Rosario Murillo) han realizado hechos que han generado y desembocado en las graves violaciones de derechos humanos de los que no hay investigación alguna y hay una impunidad total.
Cuando vemos el tema de la amnistía (aprobada por el régimen en 2019) se trató de anticipar una no investigación donde la misma amnistía cobija los hechos cometidos desde el 2018 hasta ahora.
En estos últimos años se ha podido identificar plenamente a altos mandos de la Policía, el Poder Judicial, Ministerio Público... ¿Por qué estas personas no están mencionadas en este informe?
En la construcción del informe hablamos de estructuras. En Nicaragua se pueden establecer nombres, acciones y determinaciones, pero hemos optado por manejar las estructuras desde el punto de vista de responsabilidad del Estado. Nosotros tenemos muchos de los nombres de esas estructuras ya individualizados, pero que generarían también la obligación de seguir perfeccionando para determinar toda la cadena que participó en los hechos. Eso no quiere decir que no vayan a salir esos nombres más adelante.
Me llama la atención que delimitan responsabilidades por instituciones, pero no se menciona al Ejército, aunque hay organizaciones que han denunciado su participación en la represión. En este caso, ustedes piden una investigación adicional. ¿Por qué?
Nosotros estamos diciendo que esto significó la instrumentalización de estructuras. En el informe se ve la participación fuerte de una estructura como la Policía. Y sobre eso (sobre el Ejército) decimos que se necesita investigar y profundizar en otros hechos cómo actuaron las estructuras. Además, recordamos que hay obligaciones de carácter negativo, es decir, la constitución posible por omisiones de esta construcción de delitos.
En el caso del informe hemos tenido análisis de estas estructuras: Policía, Justicia, Asamblea Nacional, Gobernación y otras. Obviamente hay una actividad conjunta ordenada y coordinada desde la cabeza.

El Ejército tenía las facultades legales para desarmar a los grupos progobierno que operaron con la Policía, los “paramilitares”, pero no lo hizo. ¿Esa investigación adicional la harían ustedes como Grupo de Expertos si se les renueva el mandato o la recomendación es que la haga alguien más?
Lo que entendemos es que hay una posibilidad de extensión del mandato del Grupo que significaría profundizar en muchos de estos aspectos y que no incluimos en este primer informe. Es necesario llegar al estándar de razonabilidad que nos permitiría afirmar X o Y. La investigación se haría en la prórroga del mandato, pero eso no quiere decir que si los Estados asumen la obligación de investigar y juzgar estos hechos ellos mismos puedan establecer estas responsabilidades.
En el 2018 el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH determinó también que se cometieron crímenes de lesa humanidad y no pasó nada. Ahora, ustedes como expertos de la ONU, lo reafirman. ¿Por qué esta vez podría ser diferente? ¿Cuál es la ruta de la justicia que se pueden marcar las víctimas a partir de este informe?
El informe de este Grupo pretende probar que existieron esos crímenes, demostrar los elementos y recomendar acciones para el ejercicio de los países que deben proteger estos derechos que son bienes jurídicos internacionales.
El Grupo considera que hay dos vías que se pueden ejercer desde el punto de vista del derecho internacional: una vía la constituye la jurisdicción universal. Es decir, cualquier país donde se haya realizado un comportamiento de esta naturaleza, o fuera de ese país, puede ser objeto de investigación y juzgamiento con uno de los fueros fundamentales espaciales de la ley penal. Esto significa decir que, si no se hace una investigación dentro del territorio nacional en Nicaragua, se puede hacer una investigación dentro de los territorios de los Estados que firmaron el principio de protección.
La otra opción es que los países que son garantes del respeto a la humanidad tienen también la posibilidad de ejercer acciones en su territorio por el fuero universal o por el derecho de sus connacionales que tenían doble nacionalidad, además de la nicaragüense, y fueron objeto de estos actos.
Entre las recomendaciones del informe ustedes piden a la comunidad internacional adoptar nuevas sanciones contra instituciones e individuos. Además, plantean la opción de condicionar la concesión de préstamos y cooperación al respeto a los derechos humanos. Lo primero ya lo hemos visto, pero lo segundo no. ¿Qué efectos tendrían si esto se adopta, lo ven viable?
Estamos emitiendo recomendaciones que pueden activarse a través de la posibilidad de restringir ciertos elementos en torno a la exigencia de cumplimiento al respeto de la dignidad humana. Las sanciones están consideradas en el sistema internacional. Estas sanciones llevan a la construcción de que hay una forma de exigir reciprocidad en las obligaciones que garantizan la existencia de la humanidad y desde ese punto de vista la existencia de la protección de los derechos fundamentales para evitar el crimen de lesa humanidad.
Estas sanciones, parte de ellas, han sido aplicadas por otros estados o respecto a otros estados. No es algo novedoso el tema. Frente a Nicaragua no se ha tomado de manera amplia.
En el tema de las entidades financieras no hay duda de que su trabajo es prestar dinero, pero cuando se habla de delitos como corrupción, lavado de activos, extinciones de dominio por relación con una serie de tipos penales, también tienen que tomar medida de acuerdo a estos elementos para evitar que se realicen estos hechos delictivos. Yo diría que si en términos de corrupción los bancos tienen la obligación de verificación de sus clientes y el dinero que mueven, también tienen la posibilidad de generar un análisis de corrupción a nivel macro para evitar que se alimente un caudal de esta naturaleza frente a estos países.
¿Cómo valoran la falta de cooperación del Gobierno con el Grupo? Ustedes enviaron unas 12 cartas a Managua y no hubo respuesta.
Nicaragua hace parte del sistema y son claras las posibilidades que hay en torno al derecho internacional y la obligatoriedad de aportar información a esta clase de organismos. En esta situación se ha puesto una negativa que no puede ser tolerada por los países que conforman el sistema internacional. Desde ese punto de vista también es necesario generar llamados de atención y consecuencias a un hecho de tratar de ignorar un régimen que le es aplicado.
Para finalizar, ¿a nivel personal qué tal su experiencia en este año hablando con las víctimas? Desde su experiencia, ¿con qué otras crisis se pueden comparar lo que está viviendo el pueblo de Nicaragua?
Históricamente hay muchos ejemplos para comparar lo que ha sucedido en Nicaragua. Pero, frente al particular de la persecución se han utilizado formas, procedimientos y sanciones infamantes. El destierro es una forma que desde hace mucho tiempo no se veía y se aplica ahora frente a la población nicaragüense.
Sobre la experiencia en términos de derechos humanos ha sido dolorosa. Cada uno de estos hechos, no solamente en particular de las familias de las personas asesinadas, torturadas, es una demostración dramática de una realidad no superada y si los estados no actúan, la situación se va a volver permanente y perpetua en detrimento, no solo de la población nicaragüense, sino de una crisis humanitaria en la región. Esto lleva a realizar un reconocimiento a la dignidad y el esfuerzo de las víctimas en su incesante lucha por buscar justicia. Por esa razón, queremos acompañar en esta lucha en particular y en esa falta de investigación a través de un informe que bajo la razonabilidad probatoria permite demostrar estos hechos.
SOBRE LA EXPERTA
Ángela María Buitrago es una abogada colombiana y exfiscal. También es profesora de derecho penal en la Universidad Externado de Colombia. Tiene amplia experiencia en derecho penal y derechos humanos a nivel profesional.Formó parte del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México. También ha presentado numerosos peritajes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, incluso desde una perspectiva de género. Es Magíster en Derecho Penal y Doctora en Derecho y Sociología de la Universidad Externado de Colombia. Es miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y del Colegio de Abogados Penalistas de Santa Fe de Bogotá y Cundinamarca.