El Gobierno de España pidió este miércoles la “liberación inmediata” de los precandidatos presidenciales y actores políticos que han sido “detenidos, encarcelados o retenidos” -que hasta la noche de este martes sumaban seis- y el cese de la persecución política que el orteguismo ha desatado de cara a las elecciones generales del 7 de noviembre .

En los últimos seis días el Poder Judicial de Nicaragua ha girado órdenes de captura contra los aspirantes presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga y Juan Sebastián Chamorro, así como contra el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) José Adán Aguerri, y la dirigente de la Unidad Nacional Azul y Blanco Violeta Granera. Por la investigación contra Cristiana Chamorro también están bajo arresto los extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro Walter Gómez y Macos Fletes

En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores, el Ejecutivo español reclamó también que termine “la persecución de actores políticos y sociales y de los medios de comunicación independientes” en el país.

“España reitera su profunda preocupación por los últimos acontecimientos en Nicaragua que han llevado a la detención de numerosos precandidatos electorales y actores políticos de la oposición”, cita el parte oficial.

El gobierno que dirige el socialista Pedro Sánchez recuerda en su pronunciamiento que el Estado de Nicaragua tiene “el compromiso internacional de respetar los Derechos Humanos” y es “responsable de preservar y garantizar los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, sean o no simpatizantes políticos, de conformidad con el Derecho Internacional y su propia Constitución”.

Este pronunciamiento de España se suma a decenas de expresiones de rechazo sobre la crisis política que se vive en Nicaragua con la anulación de los principales aspirantes a la Presidencia de Nicaragua, encabezada por Cristiana Chamorro, la favorita para ganar los comicios en los que Ortega busca su cuarto periodo presidencial.

Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el 2 de enero y totalmente incomunicada. La Fiscalía la acusa como sospechosa del delito de lavado de dinero a través de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh).

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