Daniel Ortega se ha propuesto aniquilar de raíz a la oposición y a las organizaciones de la sociedad civil. Más allá de mostrar voluntad política por resolver la crisis que vive el país desde abril de 2018, la peor en tiempos de paz, la dictadura se atornilla e impulsa iniciativas de ley para hacerse de más poder del que le confirió la Constitución cuando regresó a la Presidencia de la República en enero de 2007.

A la demanda de democratización, justicia y libertad, la respuesta ha sido la represión. La dictadura continúa montando una estructura legal que le permita gobernar a sus anchas más allá de 2021 cuando se celebrarán elecciones generales. El régimen, dicen los expertos, está recurriendo a su fortaleza que es incrementar su capacidad represiva y controladora.

“Ortega quiere tener mayor capacidad represiva y quiere seguir usando al Poder Judicial para reprimir, por eso es que se está dotando de la legislación apropiada. No está pensando en ofrecer elecciones libres y transparentes”, valora el analista José Pallais, miembro de la Coalición Nacional. La lucha por comicios observados, libres y transparentes es contrarreloj y hay dirigentes políticos quienes creen que se realizarán bajo las condiciones y reglas de Ortega.

En las últimas dos semanas llegaron a la Asamblea Nacional dos iniciativas de ley que le dan un tiro de gracia a lo que quedaba de las libertades públicas. La dictadura pretende mandar de por vida a la cárcel a los opositores que cometan “crímenes de odio”, es decir a quien lo adversen, y criminalizar a todo lo que a sus ojos huela a un “agente extranjero”, una categoría en la que entran empresas, medios de comunicación y oenegés que reciban fondos del extranjero.

Primero fue la orientación de Ortega a la Corte Suprema de Justicia para que, junto con el Parlamento, establezcan la pena de cadena perpetua en el país, lo que implica modificar el artículo 37 de la Constitución. Esta iniciativa entraría en vigor hasta el año entrante debido a que se requieren dos magistraturas para cambiar la Carta Magna.

El anuncio lo hizo Rosario Murillo, el 14 de septiembre, a raíz de dos femicidios contra menores de edad en Mulukukú, Caribe Norte, que fueron abusadas y asesinadas cruelmente. “El Presidente de la República mandó a reformar las leyes pertinentes para proceder a remitir a la Asamblea Nacional, proponiendo penalizar a cadena perpetua a quienes cometan estos delitos que tipificamos como crímenes de odio crueles y aberrantes”, expresó Rosario Murillo.

El término “crímenes de odio” alarmó a la oposición, ya que es la acusación que ha hecho Ortega contra ciudadanos y organizaciones sociales que se involucraron en las protestas cívicas de la Rebelión de Abril. Pero Ortega se encargó de desnudar sus propias pretensiones en el acto del 199 aniversario de la Independencia de Nicaragua en el que se dirigió a los opositores: “No hay indulto, no hay amnistía que valga”. 

El segundo zarpazo llegó el 21 de septiembre con el anteproyecto Ley de regulación de agentes extranjeros que presentó la bancada sandinista en el Parlamento con la que se controlará los fondos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. El régimen no sólo criminaliza a quienes reciben recursos del exterior sino que podrá confiscar y congelar cuentas bancarias.

Además, impide que las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento extranjero participen en la vida política en Nicaragua, porque será considerado “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos”, alegando que se pone en riesgo la seguridad del Estado, evocando la política de censura impuesta en 1980 por la Dirección General de Seguridad del Estado.

Por si fuera poco, la ley inhibirá a todas las personas consideradas como agentes extranjeros, a empleos públicos o candidaturas de cualquier naturaleza. “Estos mecanismos le permitirá incidir en la conducción de las elecciones, inhibir a una serie de candidatos que saben que puede generar simpatía entre la población”, reaccionó el político Pallais. 

Esa ley que en cuestión de días aprobarán los diputados es una copia de una aprobada en 2012 por Vladimir Putin. Los analistas advierten que Ortega está segregando a los ciudadanos nicaragüenses entre los malos, los agentes extranjeros, y los buenos, los que apoyan a su régimen, e importar el modelo de acallamiento aplicado por Fidel Castro en Cuba.

La diputada del Partido Liberal Constitucionalista Azucena Castillo dice que su partido se opondrá a ambas iniciativas y al igual que los analistas políticos cree que Ortega está disfrazando de legalidad las violaciones a los derechos de los nicaragüenses sin el menor reparo. Las leyes establecerán un marco jurídico con el que Ortega podrá controlar todos los aspectos de la vida del país. 

“Ortega no va a arriesgar perder el poder. La dictadura está desbocada y está intentando instaurar su modelo de control totalitario. Es de gran alarma lo que está ocurriendo en Nicaragua, porque cada día se aleja más de una solución a la crisis”, analiza por su parte José Dávila, miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

La ofensiva de Ortega contra la oposición se da al mismo tiempo que pide en los foros internacionales quitar las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. Trump ha amenazado de mayor presión al régimen y es altamente probable que de ganar Joe Biden la presidencia estadounidense continuará con la misma política exterior hacia Nicaragua, pero existe el riesgo que Ortega, a pesar de todo, logre mantenerse en el poder como lo han hecho los regímenes de Cuba y Venezuela.

Al igual que en esos dos países, en Nicaragua el dictador controla a la Policía, el Ejército, todos los poderes del Estado, y sigue reformando la Constitución a su medida. Sin oposición, ni organizaciones de la sociedad, ni voces disidentes, el camino le queda limpio para darle mayor vida a su proyecto dinástico.