La dictadura de Daniel Ortega a través de sus redes de Inteligencia de la Policía y la estructura del Frente Sandinista a nivel nacional “vigila las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal”, escucha homilías de sacerdotes y vigila las casas de opositores en Nicaragua, advierte un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Durante el 2022, Estados Unidos recibió informes fidedignos de que “el gobierno vigilaba las comunicaciones privadas en línea sin la debida autorización legal” y advierte que la censura del Internet ya se está poniendo en práctica.
“En algunos casos restringía o interrumpía el acceso a Internet o censuraba contenidos en línea”, señala el informe sobre Prácticas en Derechos Humanos Nicaragua 2022 publicado esta semana.
Estas prácticas también se llevan a cabo contra opositores para limitar el derecho a la reunión y de asociación. La Iglesia católica también es objeto de espionaje de parte del régimen.
Además de monitorear los teléfonos y los correos electrónicos de los opositores, la Policía y los grupos paramilitares acosaron y vigilaron a sacerdotes y laicos católicos; incluso impidiendo que algunos curas salieran de las parroquias durante días seguidos y vigilaron sus homilías en busca de supuestos mensajes de disidencia o retórica antigubernamental.
“La policía rodeaba, vigilaba y amenazaba habitualmente las reuniones de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, así como las iglesias católicas. La policía entró en espacios de reunión privados para interrumpir reuniones de partidos de la oposición y organizaciones de la sociedad civil”, indica el informe.
LA CENSURA A LA PRENSA INDEPENDIENTE
En el caso del periodismo, el régimen anuló totalmente las libertades de expresión y de prensa y el derecho a la información. «Las restricciones a la libertad de prensa, la ausencia de un Poder Judicial independiente y un sistema político no democrático se combinaron para inhibir la libertad de expresión», destacan.
El régimen le dio continuidad a la violencia, el acoso y las amenazas de muerte contra los periodistas.
Durante el 2022, las detenciones de periodistas o empresarios de medios de comunicación no cesaron, incluida la del gerente general del diario La Prensa, Juan Lorenzo Hollman, recientemente desterrado por la dictadura.
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El régimen canceló el registro de al menos 26 medios de comunicación durante el año, incluidas ocho estaciones de radio y dos estaciones de televisión de propiedad y administración de la Iglesia católica.
Los medios tuvieron que afianzarse en el exterior, la mayoría de ellos en Costa Rica.
Las autoridades del régimen ordenaron a todos los proveedores de televisión por cable que no transmitieran dos estaciones de televisión dirigidas por la Iglesia Católica.
En julio, el resto del personal de La Prensa huyó del país debido al hostigamiento, tras ser capturados dos conductores del diario, cuyas instalaciones fueron confiscadas.
