El Departamento de Estado de Estados Unidos añadió este miércoles a nueve funcionarios nicaragüenses a su lista mundial de «corruptos y antidemocráticos» por colaborar con el régimen de Daniel Ortega en su arremetida judicial contra los presos políticos en Nicaragua.
Los añadidos a la lista son Cairo Amador y Brenda Rocha, magistrados del Consejo Supremo Electoral; los diputados Gustavo Porras, Wilfredo Navarro, Edwin Castro y Wálmaro Gutiérrez; la jueza orteguista Karen Chavarría; y la diputada presidenta del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), María Haydée Osuna.
Estados Unidos reiteró su preocupación por la falta de justicia y transparencia con que se desarrollan los juicios contra los presos políticos de Nicaragua. Con la sanción se establece que todos los funcionarios no podrán viajar a Estados Unidos y se congelan sus bienes en ese país, una medida que ya se venía aplicando contra Gustavo Porras, Edwin Castro, Wálmaro Gutiérrez que ya estaban sancionados por violadores de derechos humanos.
“Seguimos comprometidos a apoyar al pueblo de Nicaragua mediante la lucha contra la corrupción y la promoción de la democracia, el estado de derecho y la rendición de cuentas, que son claves para un futuro más brillante”, señala un comunicado de prensa del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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Los designados son señalados de socavar los “procesos o instituciones democráticas de Nicaragua”, bajo la ley Actores Corruptos y Antidemocráticos de los Estados Unidos, bajo la Sección 353 de la Ley de Compromiso Mejorado Estados Unidos-Triángulo Norte. «La Ley generalmente hace que las personas incluidas en la lista no sean elegibles para visas y admisión a los Estados Unidos», dijo el Departamento de Estado.
También se les aplica la “Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (Renacer)”, la cual fue aprobada por una amplia mayoría de senadores y firmada por el presidente Joe Biden el 10 de noviembre de 2021.
LOS SANCIONADOS Y LAS RAZONES
- Cairo Melvin Amador, actual vicepresidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Ignacio Campbell Hooker, actual miembro del CSE y presidente interino del CSE desde 2018 hasta mayo de 2021, y Brenda Isabel Rocha Chacón, actual presidenta del CSE, por conspirar con el régimen Ortega-Murillo para socavar las instituciones políticas de Nicaragua y subvertir las elecciones nacionales de noviembre de 2021 al descalificar a los partidos y candidatos legítimos de la oposición por motivos espurios.
- Edwin Ramón Castro Rivera, miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde 1997 y jefe de la bancada del FSLN desde 2007, por asegurar que los leales a Ortega-Murillo ganaran todos los cargos de magistrado en el CSE y asegurar la aprobación de una legislación extremadamente amplia que el régimen Ortega-Murillo utilizó para excluir a candidatos y partidos de oposición y hostigar y encarcelar a opositores políticos.
- Karen Vanessa Chavarría Morales, actual jueza del noveno distrito de Managua, por abusar de su autoridad y subvertir procesos legales para actuar contra opositores políticos al régimen Ortega-Murillo e inhabilitar a candidatos opositores de las elecciones de noviembre de 2021.
- Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Carlos Wilfredo Navarro Moreira, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, y Gustavo Eduardo Porras Cortés, actual Presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua por darle al régimen Ortega-Murillo las herramientas para llevar a cabo su descarado asalto a la democracia al apilar al CSE con miembros del FSLN leales a Ortega.
- María Haydee Osuna Ruiz, actual miembro de la Asamblea Nacional de Nicaragua, por conspirar con el régimen Ortega-Murillo para subvertir las elecciones nacionales nicaragüenses de noviembre de 2021 al firmar una queja espuria que sirvió de pretexto para que el gobierno descalificara al último partido legítimo de oposición que quedaba y persiguiera a su líder al exilio.
Ese último partido al que hace referencia el Departamento de Estado es Ciudadanos por la Libertad (CxL), cuya personería jurídica fue cancelada por el Consejo Supremo Electoral (CSE), el 6 de agosto del 2021. Además, el árbitro electoral le anuló la cédula de identidad a Kitty Monterrey, presidenta y representante legal de esta agrupación política opositora.
La resolución la emitió el Poder Electoral, controlado por el régimen de Daniel Ortega, minutos después de que Osuna presentara dos denuncia contra CxL. Días después Monterrey se fue al exilio y ahora se encuentra en Costa Rica.
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Estados Unidos reiteró que continuará utilizando “todas las herramientas a nuestra disposición para promover la rendición de cuentas por la corrupción y otros ataques a la seguridad, la estabilidad y las aspiraciones democráticas de los pueblos de Centroamérica”.
Además manifestó su apoyo al pueblo de Nicaragua en su “esfuerzo por restaurar las instituciones democráticas, seleccionar a sus líderes en elecciones libres y justas, y crear el futuro que desean para ellos y sus familias”.
Chavarría titular del Noveno Distrito Penal de Audiencia de Managua, en junio del 2021, ordenó retención migratoria, el levantamiento del sigilo bancario y el congelamiento de las cuentas bancarias contra 13 exdirectivos de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
Además, condenó a Ana Margarita Vijil a diez años de prisión por el supuesto delito de «menoscabo a la integridad nacional».
