El Departamento de Estado de Estados Unidos aumentó este miércoles la presión contra las estructuras represoras del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la inclusión de 23 jueces y fiscales nicaragüenses en la denominada Lista Engel, la cual es reservada para funcionarios corruptos y antidemocráticos.
Los individuos han sido incluidos en la lista de 60 funcionarios de Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua señalados cometer acciones que socavan procesos o instituciones democráticas.
El ingreso a la deshonrosa lista tiene como principal sanción la denegación de entrada a los Estados Unidos así como la restricción de visados para viajar a este país.
La oficialización del listado se conoce un día después de que Daniel Ortega, desde Managua, descartara cualquier posibilidad de diálogo con Estados Unidos, pese a que hace apenas unos meses habría enviado a su propio hijo, Laureano Ortega, a establecer un canal de comunicación mediante el cual perseguía el levantamiento de sanciones.
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El secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que con la publicación de la lista de quienes socavan la democracia o cometen actos de corrupción en Centroamérica, «apoyamos a quienes construyen un futuro mejor».
«Los pueblos de Centroamérica merecen la oportunidad de crear una región más democrática, próspera y segura», subrayó el alto cargo quien ha advertido que el Departamento seguirá examinando a las personas que figuran en el informe y considerará todas las herramientas disponibles para frenar sus actividades corruptas y antidemocráticas.
Blinken apuntó que los señalados en la lista con su “significativa corrupción” buscan obstruir las investigaciones sobre corrupción “y socavar los procesos e instituciones democráticas”, lo cual, según el funcionario estadounidense contribuyen a la “migración irregular y desestabilizando las sociedades”.
La lista Engel fue publicada en cumplimiento a la Ley de Compromiso Mejorado de los Estados Unidos – Triángulo Norte, la cual fue aprobada en diciembre del 2020 y debe su nombre al apellido Eliot Engel, de uno de los congresistas que impulsó la legislación.
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A inicios de noviembre de 2021, el presidente Joe Biden firmó la Ley de Refuerzo de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), agregando a Nicaragua a los países dentro del alcance de la lista.
“El Departamento también sigue examinando activamente información y denuncias adicionales fidedignas relativas a la corrupción o las actividades antidemocráticas y utilizando todas las autoridades aplicables, según proceda, para garantizar que a los funcionarios corruptos o antidemocráticos se les niegue refugio seguro en los Estados Unidos”, señala una hoja informativa del Departamento de Estado de Estados Unidos.
LOS SANCIONADOS
Yubelca del Carmen Pérez Alvarado, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Erick Ramón Laguna Averruz, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en los juicios falsos de activistas de la oposición Alexis Peralta y el campesino sin filiación política Santos Camilo Bellorin.
Perla de los Ángeles Baca, fiscal jefe del departamento de Chinandega, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer su discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Rosa Velia Baca Cardoza, una jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista opositor Donald Alvarenga.
Carlos Rafael Espinoza Castilla, un fiscal, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discreción procesal para presentar cargos falsos a fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Irma Oralya Laguna Cruz, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio falso de la activista de la oposición Evelyn Pinto.
Luis Alberto Mena Gámez, fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando ejerció la discrecionalidad procesal para llevar el caso del régimen contra el preso político Douglas Cerros y persiguió cargos espurios, condenas y sentencias severas contra ciudadanos particulares que critican al gobierno. .
Luden Martín Quiroz García, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos del líder de la oposición Ana Margarita Vijil, el periodista Miguel Mendoza, el excanciller Mauricio Díaz, la excandidata presidencial Cristiana Chamorro, el opositor Pedro Joaquín Chamorro, los empleados de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) Pedro Vásquez, Walter Gómez y Marcos Fletes; y ex asambleísta María Fernanda Flores.
Melvin Leopoldo Vargas García, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder a favor de la democracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado de la activista opositora Samantha Jiron.
Ángel Jancarlos Fernández González, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de privados los líderes del sector Luis Rivas, Michael Healy y Álvaro Vargas; la exlíder sandinista Dora María Téllez; los líderes opositores José Antonio Peraza y Víctor Hugo Tinoco.
Nancy Del Carmen Aguirre Gudiel, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocracia por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado del activista opositor Irving Larios.
Jorge Luis Arias Jarquín, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
William Irving Howard López, un juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio falso de la activista de la oposición Nidia Barbosa.
Martha Ileana Morales Mendoza, fiscal y directora de Planificación de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al ejercer la discrecionalidad procesal para presentar cargos falsos con el fin de encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
María Francis Pérez Mojica, fiscal en Nueva Segovia, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando dirigió el caso del régimen contra el activista prodemocrático y preso político Donald Alvarenga y presentó cargos falsos, condenas y sentencias severas contra los opositores prodemocracia del régimen.
Verónica Fiallos Moncada, jueza, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a un líder prodemocrático por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en el juicio simulado de Douglas Cerros, un ciudadano sin afiliación política.
El juez Félix Ernesto Salmerón Moreno socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a los líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios falsos de los ex candidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz y Medardo Mairena; los líderes cívicos Pedro Mena, José Pallais, Violeta Granera, Tamara Dávila, José Quintanilla Hernández, Roger Reyes; y el líder empresarial José Adán Aguerri.
Rolando Salvador Sanarrusia Munguía, juez, socavó los procesos o las instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocracia por cargos vagos y falsos de “socavar la integridad nacional” en el juicio simulado de activista opositor Yoel Sandino.
Marling de Jesús Castro Rodríguez, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos espurios para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Nadia Camila Tardencilla Rodríguez, jueza, socavó los procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados de los líderes estudiantiles Lesther Alemán y Max Jerez, el ex candidato presidencial Miguel Mora, el analista político Edgar Parrales, el director del periódico La Prensa Juan Lorenzo Holmann y el experto electoral Harry Chávez.
Andrea del Carmen Salas, fiscal de la sede del Ministerio Público en Managua, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar cargos espurios para encarcelar a los opositores al régimen en el período previo a las elecciones nacionales.
Ulisa Yahoska Tapia Silva, jueza, socavó procesos o instituciones democráticas cuando condenó y sentenció a líderes prodemocráticos por cargos vagos y falsos de «socavar la integridad nacional» en los juicios simulados de los activistas de oposición Yaser Vado y Yader Parajon, el ex canciller Francisco Aguirre Sacasa, el líder de la oposición Suyen Barahona, el líder cívico Freddy Navas, la abogada de derechos humanos María Oviedo, el excandidato presidencial Noel Vidaurre, y el comentarista político Jaime Arellano.
Auxiliadora del Carmen Sequeira Suazo, fiscal de Estelí, socavó los procesos o las instituciones democráticas al presentar el caso del régimen contra el activista prodemocrático y preso político Alexis Peralta y al presentar cargos espurios, condenas y duras sentencias contra opositores al régimen.
