Estados Unidos advirtió este miércoles que los inversionistas extranjeros “deben de ser extremadamente cautelosos” a la hora de invertir en Nicaragua bajo el régimen “autoritario” de Daniel Ortega. Además, llama a tomar en cuenta una serie de leyes represivas, y el contexto electoral que vive el país, entre otros aspectos.

En el informe sobre el clima de inversión en Nicaragua, divulgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, expone que han pasado más de tres años desde que estalló la crisis sociopolítica en Nicaragua que ha dejado más 300 manifestantes muertos, 2,000 manifestantes heridos y más de 100,000 nicaragüenses desplazados y solicitando asilo fuera de Nicaragua.

“El régimen de Ortega continúa suspendiendo los derechos civiles garantizados constitucionalmente, deteniendo a los presos políticos y haciendo caso omiso del Estado de Derecho, creando un clima de inversión impredecible plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria”, reza el informe.

El Departamento de Estado señala que Ortega busca inversión extranjera directa para proyectar normalidad y apoyo internacional, en momento en que este sector se ha detenido luego de la represión de las protestas pacíficas en abril del 2018.

“Como las fuentes tradicionales de inversión extranjera directa huyeron de la crisis política en curso, el Gobierno ha buscado cada vez más inversiones extranjeras de otros países como Irán y China. Los incentivos a la inversión se dirigen a empresas centradas en la exportación que requieren grandes cantidades de mano de obra no calificada o poco calificada”, indica el documento.

El Gobierno de Estados Unidos señala que existen leyes y prácticas locales que desincentivan la inversión. Por otro lado, los inversores extranjeros tienen que saber que “las conexiones locales con el Gobierno son vitales para el éxito”.

“Los inversores han expresado su preocupación de que las autoridades reguladoras actúen de forma arbitraria y, a menudo, favorezcan a un competidor sobre otro. Los inversores extranjeros informan retrasos importantes en la obtención de permisos de residencia, lo que requiere viajes frecuentes fuera del país para renovar visas”, documenta el informe.

También indica que la estatal ProNicaragua, no tiene clientes debido a la crisis sociopolítica que vive el país, y además expone que se volvió más politizada luego de que Ortega instalará a su hijo Laureano Ortega en la instancia. Laureano, fue sancionado por el Gobierno de los Estados Unidos.

El informe del Departamento de Estado indica que la falta de restauración de la libertades civiles y la garantía de elecciones libres y justas “podría provocar nuevos disturbios y conducir a un mayor aislamiento del régimen de Ortega”.

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LEYES ARBITRARIAS

El análisis señala que que en el 2020, la Asamblea Nacional con mayoría sandinista, aprobó una serie de leyes represivas “que alarman a los inversionistas”. Estas leyes son la de Agentes Extranjeros, Ley de Ciberdelitos, la reforma a la Ley de los Consumidores, esta última podría evitar que “instituciones financieras tomen decisiones independientes sobre si prestar servicios a los clientes financieros, incluidas las entidades sancionadas”.

“Las autoridades fiscales han incautado propiedades siguiendo facturas fiscales supuestamente arbitrarias y han encarcelado a personas sin el debido proceso hasta que se negociaron y pagaron los impuestos. Además, las multas arbitrarias y las inspecciones aduaneras perjudican a las empresas extranjeras que importan productos”, da a conocer.

Estados Unidos llaman a tener cuidado con la Ley de Agentes Extranjeros, también conocida comúnmente como la “Ley de Putin”, que impone onerosas cargas de presentación de informes y registros a todas las organizaciones que reciben fondos o instrucciones del exterior.

“Si bien la ley supuestamente exime a las entidades puramente comerciales, a algunas empresas se les ha exigido que se registren o pongan fin a sus esfuerzos de responsabilidad social para evitar el escrutinio. El proceso para registrarse como agente extranjero está politizado abiertamente, y el gobierno se niega rotundamente a registrar algunas entidades por sus supuestas inclinaciones políticas”, precisa.

El informe señala que Ortega mantiene el control directo sobre varios sectores de la economía “para enriquecer su círculo íntimo”, y que además controla controla el Sistema Judicial y por lo tanto no esperan “fallos justos y objetivos”.

“Los inversores se quejan regularmente de que las autoridades reguladoras son arbitrarias, negligentes o lentas en aplicar las leyes existentes, a veces en un aparente esfuerzo por favorecer a un competidor sobre otro. El poder ejecutivo conserva la máxima autoridad normativa y reguladora. En la práctica, la agencia gubernamental pertinente está facultada para imponer multas directamente. En algunos casos, la Fiscalía también puede iniciar acciones de ejecución. Estas acciones son ampliamente percibidas como controladas por el Poder Ejecutivo y no son objetivas ni transparentes”, da a conocer el informe.

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APLICACIÓN DE LEYES NO ES TRANSPARENTE NI OBJETIVA

Nicaragua, añade, la implementación y la aplicación de las leyes no es “objetiva ni transparente” y ve al sistema legal débil y engorroso. “Se cree que los miembros del Poder Judicial, incluidos los de alto nivel, son corruptos y están sujetos a una presión política significativa, especialmente del Poder Ejecutivo. El proceso judicial no es competente, justo ni confiable. Las regulaciones y las acciones de ejecución están técnicamente sujetas a revisión judicial, pero los procedimientos de apelación no son transparentes ni objetivos”, da a conocer.

En el tema de los derechos de propiedad y su cumplimiento se indicó que son notoriamente “poco confiable”, muestra de eso es que que durante el alzamiento popular en abril del 2018, muchas propiedades fueron tomadas ilegalmente por miembros del partido sandinista  “con el apoyo implícito y explícito de funcionarios del gobierno municipal y nacional”.

En ese sentido, también recuerda que bajó el primer gobierno de Ortega en la década de los 80, se expropiaron unas 28,000 propiedades en Nicaragua tanto de nicaragüenses como de inversionistas extranjeros, lo que resultó en una gran cantidad de reclamos y demandas de devolución de propiedades.

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REFORMA TRIBUTARIA

En el informe se indica que Nicaragua no tiene un tratado bilateral de Impuesto sobre la Renta (IR) con los Estados Unidos o cualquier otro país, y más bien las autoridades fiscales nacionales aumentaron las auditorías de los inversores extranjeros en el 2017, pero durante la crisis política, estás se “volvieron más agresivas y amenazantes, incluidos los informes de siete entidades gubernamentales diferentes que realizan auditorías el mismo día, un mayor alcance de las auditorías (por ejemplo, solicitar siete años de documentos en su lugar de la práctica habitual de dos años), y aumento de las multas”.

El Departamento de Estado menciona que las empresas que sumaron a los paros de labores que llamaron la oposición fueron sometidas a auditorías luego de su participación. El resultado de las auditorías era los dueños de las empresas “adeudaban impuestos adicionales”.  

“Las nuevas facturas de impuestos suelen ir acompañadas de multas equivalentes a la cantidad de impuestos supuestamente adeudados. Estas multas parecen carecer de base jurídica. El gobierno ha confiscado propiedades privadas y ha encarcelado a personas por no pagar estas facturas de impuestos y multas, a menudo mientras los procedimientos legales aún están en curso”, indica.

El gobierno norteamericano señala que las reformas tributarias aprobadas en febrero del 2019, continúan perjudicando a los importadores y empresas estadounidense, ya que triplicaron la tasa impositiva mínima alternativa del 1 al 3 por ciento para las empresas que ganan más de cinco millones de dólares en ingresos brutos anuales, y duplicaron (al 2 por ciento) el impuesto para las empresas con ingresos entre 1.9 y cinco millones de dólares en ingresos brutos.

Con la reforma también incremento el Impuesto Selectivo de Consumo para muchos productos, lo que Estados Unidos, considera pone en desventaja a los importadores porque la Dirección General de Aduanas cobra el impuesto sobre las mercancías importadas “sobre la base de valoraciones erróneas que pueden triplicar el valor declarado de las mercancías”.

El régimen de Ortega prometió revisar dichas reformas, pero todavía no se han dado los cambios en dicha norma.

A pesar de este panorama, el informe señala que la economía nicaragüense todavía tiene un “potencial significativo de crecimiento si se pueden superar los desafíos institucionales y del Estado de Derecho y se puede restaurar la confianza de los inversores”.

El documento enfatiza que Estados Unidos es el socio comercial más grande de Nicaragua y es la fuente de aproximadamente una cuarta parte de las importaciones y el destino de aproximadamente dos tercios de las exportaciones.

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