El Subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, calificó como una “ofensa contra la democracia de Nicaragua” la Ley de Agentes Extranjeros que pretende imponer el régimen de Daniel Ortega para limitar aún más el trabajo de las organizaciones nacionales e internacionales que operan en el país.  

A más de un año de haber liquidado las personerías jurídicas de casi una decena de oenegés, el Frente Sandinista ha introducido a la Asamblea Nacional una iniciativa de ley con la que pretende controlar los fondos que reciben las organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, empresas y ciudadanos. El régimen no sólo criminalizará a quienes reciben recursos del exterior, sino que podrá confiscar y congelar cuentas bancarias. 

“La Ley de Agentes Extranjeros de Ortega es una ofensa contra la democracia en Nicaragua”, calificó el funcionario estadounidense.  

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Estados Unidos considera que el régimen “en vez de proteger la soberanía, (con) esta ley busca criminalizar medios independientes y grupos pro democracia”.  

“Estamos con el pueblo nicaragüense que resiste este ataque contra la libertad”, reiteró Kozak.  

LOS ALCANCES DE LA LEY  

De acuerdo a la iniciativa de ley, tanto los funcionarios nacionales como extranjeros que trabajen para las organizaciones de la sociedad civil, deberán presentar mensualmente ante el Ministerio de Gobernación un informe documentado y verificable de los gastos, pagos, desembolsos, contrataciones, así como los ingresos percibidos de parte de donantes. 

Además, las asociaciones deberán declarar sobre el uso de las donaciones que reciban, las que serán registradas en un portal web que Gobernación habilitará y no podrán ser usadas para otro fin, señala la iniciativa de ley. 

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La ley también prohibiría que las personas consideradas “agentes extranjeros” reciban donaciones anónimas y obliga a revelar el nombre de los gobiernos extranjeros, partidos políticos extranjeros, empresas y otras personas físicas o jurídicas que financien, proporcionen fondos o faciliten medios económicos. 

Además, establece que el Ministerio de Gobernación se encargará de clasificar quienes son agentes extranjeros, y, una vez notificado, tendrá cinco días hábiles para registrarse. De lo contrario, perderá la personería jurídica. En el caso de las personas naturales serán multadas y procesadas penalmente con la ley de lavado de activos y por la comisión de delitos contra la seguridad del Estado. 

El régimen de Daniel Ortega impulsa la ley bajo el argumento de “injerencia de gobiernos u organizaciones extranjeras en asuntos internos” y alega que “pone en riesgo la seguridad del Estado”. 

EUROPA REACCIONA 

Estos viernes representantes de 21 países de la Unión Europea ante la Eurocámara llamaron recapacitar a Daniel Ortega sobre las graves repercusiones que tendrá la aprobación de la Ley de regulación de agentes extranjeros que se alista a poner en vigor en Nicaragua. 

“La represión de la oposición y el silenciamiento de sus voces no es el camino a seguir. El diálogo sí lo es”, le hacen ver en una carta dirigida al líder sandinista este viernes, al señalar que es una norma carente de sustento, estudio o análisis de riesgo y, por tanto, “violaría, entre otros derechos, los derechos constitucionales a la privacidad de la información, el derecho al trabajo y la libertad de asociación”. 

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“Hemos tomado nota de la grave preocupación expresada por organizaciones y ONG (Organizaciones No Gubernamentales) contra esta ley y esperamos que se escuche su voz”, subrayan los eurodiputados que lanzan un enfático llamado a rectificar. 

“Esperamos que recapaciten y le exhortamos a usted, señor presidente de la República, a que no aprueben la ley propuesta”, exhortaron. 

La iniciativa fue introducida esta semana a la Asamblea Nacional, pero el régimen aún no la ha sometido al plenario y su aprobación aún no se concreta.

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