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    Estados Unidos sanciona al Ministerio Público de Nicaragua y a otros nueve funcionarios de la dictadura

    Estados Unidos emite sanciones contra el Ministerio Público de Nicaragua, el presidente ejecutivo de Enatrel, Salvador Mansell; el contralor Luis Ángel Montenegro Espinoza, tres alcaldes y otros colaboradores de la dictadura

    Ministerio Público
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    La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó este lunes al Ministerio Público de Nicaragua así como a otros nueve funcionarios de la dictadura Ortega-Murillo por ser responsables o cómplices de la represión y las «falsas elecciones» en Nicaragua.

    La medida está estrictamente dirigida a «quienes están reprimiendo a los nicaragüenses por ejercer sus derechos humanos y libertades fundamentales», subraya el Tesoro..

    «El régimen de Ortega está utilizando las leyes e instituciones para detener a los miembros de la oposición política y privar a los nicaragüenses del derecho al voto», dijo la directora de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, Andrea M. Gacki.

    Destacó que con esta acción «Estados Unidos está enviando un mensaje inequívoco al presidente Ortega, al vicepresidente Murillo y a su círculo íntimo de que estamos con el pueblo nicaragüense en sus llamamientos a la reforma y al retorno a la democracia».

    LEA: Reino Unido sanciona a Rosario Murillo y otros siete funcionarios de la dictadura

    LOS OTROS NUEVE SANCIONADOS

    Junto a la Fiscalía nicaragüense, la OFAC también sumó como sancionados a nueve funcionarios de la dictadura, entre ellos el presidente ejecutivo de Enatrel y ministro de energía y Mina, Salvador Mansell; el excontralor Luis Ángel Montenegro Espinoza, superintendente de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), así como a José Antonio Castañeda Méndez, presidente del Consejo de Dirección del Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

    En la lista fueron también incluidos los alcaldes del FSLN Leónidas Centeno (Jinotega), Francisco Valenzuela (Estelí) y Sandrah Zeledón (Matagalpa).

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    También fueron incluidos como sancionados los ciudadanos Rodolfo Francisco Gutiérrez López (gerente de la Distribuidora Eléctrica Disnorte y Dissur), José Adrián Montenegro Chavarría (viceministro de Hacienda y Crédito Público), y Mohamed Mohamed Farrara Lashtar, este último el pasado mes de junio fue designado como el embajador de Nicaragua en Jordania en calidad de concurrente con sede en la ciudad de Kuwait, Estado de Kuwait.

    En el caso del Ministerio Público, el Tesoro lo designa por ser «responsable o cómplice» de acciones o políticas que atentan contra los procesos o instituciones y que socavan la democracia en el país, bajo la controvertida Ley 1055. «El Ministerio Público ha arrestado e investigado injustamente a candidatos presidenciales y les ha impedido postularse para cargos públicos, socavando así la democracia en Nicaragua. La Ley 1055 prohíbe desempeñar cargos públicos a cualquier persona que se considere “traidora”, como las que defienden la “injerencia extranjera” en Nicaragua u otras acciones que se considere que socavan la soberanía nicaragüense», dice la nota oficial.

    Como resultado de las sanciones de hoy, todos los bienes y los intereses en bienes de estas personas que se encuentran en los Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses están bloqueados y deben ser reportados a la OFAC. La normativa de la OFAC prohíbe, en general, todas las operaciones realizadas por personas estadounidenses o dentro (o en tránsito) de Estados Unidos que impliquen bienes o intereses en bienes de personas bloqueadas o designadas.

    PRIMERA ACCIÓN TRAS LA RENACER Y RESOLUCIÓN DE LA OEA

    Esta es la primera medida que toma la administración de Joe Biden luego de que firmará la Ley de Reforzamiento para la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Ley Renacer, por sus siglas en inglés). Este cuerpo jurídico establece una serie de medidas de presión al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre ella la revisión del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (Cafta-DR).

    «Tal y como declaró el presidente Biden, el presidente Daniel Ortega y el vicepresidente Murillo orquestaron una pantomima de elecciones que no fueron ni libres ni justas, y desde luego no democráticas. El injusto encarcelamiento de casi 40 figuras de la oposición desde mayo, incluidos siete posibles candidatos presidenciales, y el bloqueo de la participación de los partidos políticos amañaron el resultado mucho antes del día de las elecciones», expresó el Tesoro.

    Ley Renacer fue puesta en vigor el pasado viernes mientras en Nicaragua el CSE asignara la «victoria electoral» a Ortega y Murillo, por medio de un proceso que fue fueron calificado de «ilegítimo» y antidemocrático» por el gobierno estadounidense y gran parte de la comunidad internacional.

    La decisión la toma Estados Unidos, dos días después de que la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), aprobará la resolución sobre la «Situación en Nicaragua», que declara ilegítimas las elecciones del pasado 7 de noviembre en Nicaragua porque no fueron libres, justas, ni transparentes y no tienen legitimidad democrática.

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