El Gobierno de Estados Unidos planea rediseñar el programa Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los nicaragüenses y poder ampliar la cantidad de beneficiarios, informó el medio estadounidense Político.
No está claro cuándo el Departamento de Seguridad Nacional pondría en marcha la política, y los planes estaban sujetos a cambios antes de la aprobación final, dijeron tres fuentes conocedoras de los planes.
Ampliar el TPS representaría una vía rápida para la legalización de centenares de miles de nicaragüenses que han cruzado la frontera de Estados Unidos de manera irregular, principalmente desde el 2021, y que se encuentran a la espera de una resolución de sus solicitudes de asilo.
Entre 2021 y lo que va del 2023, la Patrulla Fronteriza reporta la detención de 309.912 nicaragüenses.
Por esa masiva llegada de nicaragüenses que llegan huyendo de la crisis económica, política y social derivada por la represión del régimen de Daniel Ortega, en enero de este año el presidente Joe Biden anunció la puesta en marcha del programa “parole humanitario” que permite a los migrantes viajar de manera legal y vía aérea si cuentan con un patrocinador.
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EL TPS PARA LOS NICARAGUENSES
El TPS y el “parole” son dos programas diferentes. Con el TPS se buscaría otorgar permiso de residencia y trabajo a los nicaragüenses que entraron a Estados Unidos de manera irregular y se encuentran en esa situación.
Los nicaragüenses recibieron el TPS por primera vez en 1999, después de que el huracán Mitch causara estragos en Centroamérica. La designación de Estatus de Protección Temporal, creada por el Congreso en 1990, ayuda a los residentes de países golpeados por desastres naturales, conflictos armados u otras “condiciones extraordinarias y temporales”.
En 2021 había 4.250 beneficiarios del TPS procedentes de Nicaragua, según informó el Servicio de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos en un informe al Congreso.
En noviembre del año pasado, el Departamento de Seguridad Nacional amplió por 18 meses más la validez de los documentos para los beneficiarios bajo las designaciones del TPS para Nicaragua, El Salvador, Haití, Sudán, Honduras y Nepal que vencían el 31 de diciembre.
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En una carta dirigida el mes pasado al secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, legisladores federales demócratas señalaron la represión política del régimen de Daniel Ortega contra manifestantes, clérigos y estudiantes.
“La naturaleza cada vez más totalitaria del régimen Ortega-Murillo y la brutal represión política que los nicaragüenses enfrentan en su vida diaria exacerban la urgente necesidad de que la Administración Biden rediseñe y extienda el TPS a Nicaragua”, solicitaron.
Esta demanda también ha sido presentada en semanas anteriores por unas 200 organizaciones de la sociedad civil.
