La Administración de Donald Trump empezó a aplicar ayer un esquema de presión en Nicaragua contra políticos que han sido colaboracionistas del régimen de Daniel Ortega. Los primeros en la lista han sido el expresidente Arnoldo Alemán (1997-2002) su esposa, la diputada María Fernanda y su hija, la contralora María Dolores Alemán, y otros dos hijos, todos miembros del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), a quienes se les restringe el ingreso a territorio norteamericano. 

El pasado de Alemán, acusado de actos de corrupción durante su Gobierno y propulsor de un pacto con Daniel Ortega que socavó la democracia, sigue pesando. Estados Unidos tomó la decisión de sancionarlo por su participación en actos significativos de corrupción. “Si bien esta designación se basa en actos ocurridos durante su paso por la presidencia, los actos corruptos de Alemán siguen afectando a Nicaragua hasta el día de hoy”, informó el Departamento de Estado.

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Mike Pompeo, jefe de la diplomacia norteamericana, firmó un comunicado en el que “ratifica la importancia de la rendición de cuentas y la transparencia en las instituciones democráticas de Nicaragua”. 

TERREMOTO EN EL PLC

Al respecto, el analista político Bosco Matamoros plantea que la medida es un mensaje contundente y que desde hace tiempo estaba ponderando Estados Unidos, y la aplica porque en Nicaragua no hay muestras de cambio en aquellas organizaciones políticas que son tildados de colaboracionista con el régimen de Daniel Ortega.

“Esto es un golpe, un terremoto al PLC, el Alemán y el PLC eran los mismo, el PLC directamente e indirectamente se contamina con Arnoldo Alemán”, valoró Matamoros. DESPACHO 505 llamó al presidente del PLC, Miguel Rosales, para consultarle sobre la medida, sin embargo no respondió las llamadas. Arnoldo Alemán es presidente honorario del PLC y se le acusa de imponer cargos directivos en ese partido.

El partido espera pronunciarse este martes, según fuentes cercanas que ven consecuencias a lo interno de la Coalición Nacional. De hecho, la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) pidió que sea revisada la participación del PLC considerando que la decisión de Estados Unidos reafirma que ese partido representa un “riesgo” para consolidar la unidad de la oposición en Nicaragua.

José Dávila, miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, consideró que Estados Unidos está ratificando su lucha contra la violación de derechos humanos y los regímenes autoritarios de América Latina. “Vemos bien que se siga trabajando por la limpieza de la política, por la democracia, por la libertad de expresión” dijo el político.

La Alianza Cívica luego reaccionó con un comunicado en el que expresó que la medida estadounidense está en línea con la “reciente decisión de buscar una alianza electoral más amplia que esté fundamentada en la construcción de un sistema político nuevo, alejado de la corrupción y las prácticas colaboracionistas, y que resulte en una nueva cultura política para nuestro país.

La organización opositora, que decidió salirse de la Coalición Nacional, urgió a la comunidad internacional  que siga presionando al régimen de Ortega y sus aliados, para que se pueda iniciar una discusión con la oposición que permita la restitución de derechos, incluyendo la libertad de los presos políticos, y para lograr unas reformas electorales que conduzcan a unas elecciones libres, con observación nacional e internacional independientes.

ADVERTENCIA 

Un analista cercano a la Alianza Cívica advirtió que Estados Unidos podría aplicar medidas contra empresarios y partidos que contribuyeron a destruir la democracia del país. “Los empresarios tuvieron una luna de miel por 11 años con Ortega, son responsables del descalabro y algunos quieren volver a ese modelo, así que también ellos saldrían afectados”, dice la fuente.

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En enero de 2020, Estados Unidos sancionó a siete políticos venezolanos que intentaron quitar el control de la Asamblea Nacional al presidente interino Juan Guaidó. Los castigados fueron Luis Parra, acusado de corrupción que se autoproclamó presidente de la Asamblea Nacional, y los diputados José Gregorio Noriega Figueroa, Franklyn Leonardo Duarte, José Dionisio Brito Rodriguez, Conrado Antonio Perez Linares, Adolfo Ramón Superlano y Negal Manuel Morales Llovera. 

Las sanciones se convirtieron en una nueva medida de presión sobre el régimen de Nicolás Maduro y, a criterio de especialistas, se echará a andar en Nicaragua. “Cualquiera entidad o individuo que ha sido parte de este proceso (de retroceso democrático y corrupción)  en los últimos años estaría preocupado”, considera el analista Matamoros.

El especialista cree que esta dinámica  de presión la seguirá el presidente electo Joe Biden.  

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