El abogado Juan Francisco Solorzano Foppa, exdefensor del periodista José Rubén Zamora Marroquín, aceptó este viernes los cargos que el Ministerio Público (MP, Fiscalía) señaló en su contra porque a su criterio no tendrá un «juicio justo».
«No he cometido ningún delito pero acepto cargos para seguir luchando contra este sistema corrupto», declaró Solorzano Foppa, previo a una audiencia en su contra en una sala de apelaciones del Organismo Judicial guatemalteco.
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El abogado está preso desde el 20 de abril pasado, cuando la Fiscalía le acusó de una supuesta «obstaculización a la acción penal» dentro del proceso que se desarrolla contra Zamora Marroquín.
De acuerdo con la Fiscalía, Foppa junto a Juan Carlos Marroquín Godoy y el abogado Justino Brito Torres supuestamente «conspiraron» para justificar un contrato «irregular» de 25.000 dólares (unos 23.000 euros) vinculado al periodista.
Zamora Marroquín fue capturado en su casa el 29 de julio de 2022, solo cinco días después de lanzar fuertes críticas por corrupción contra el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, y su círculo íntimo.
El periodista, fundador del medio de investigación El Periódico y galardonado por el Rey de España por su labor, enfrenta un supuesto caso de lavado de dinero y un tribunal dará a conocer su veredicto el próximo 14 de junio.
«Este sistema de justicia está podrido», opinó Foppa y señaló a la Fiscalía y a algunos jueces de preparar casos para criminalizar a abogados y periodistas.
Durante el proceso penal en su contra, Zamora Marroquín ha tenido que cambiar de abogado en siete ocasiones y cuatro de ellos han sido acusados por obstrucción a la justicia por la Fiscalía.
El periodista ha denunciado en reiteradas ocasiones violaciones a su derecho a la defensa y asegura ser un «preso político».
La Fiscalía de Guatemala pidió al tribunal a cargo del debate oral y público que Zamora Marroquín reciba 40 años de prisión por los delitos de lavado de dinero, chantaje y tráfico de influencias.
Desde 2018, más de 30 abogados, fiscales, jueces y periodistas que denunciaron la corrupción en el país centroamericano salieron al exilio señalando una persecución política en su contra.
